La salida de presos de cárceles bonaerenses en el marco de la pandemia enciende las luces de alarma en los jefes comunales. Uno de los primeros en mostrar su descontento fue Jaime Méndez, el intendente de San Miguel, quien en un hilo de Twitter disparó munición gruesa a los jueces que excarcelaron o dieron arrestos domiciliarios a personas en conflicto con la ley penal.
“Robo agravado, abuso sexual, estafa, extorsión, privación ilegítima de la libertad, venta de drogas... son sólo algunas de las causas por las que estaban detenidos más de 20 presos que volvieron estos días a San Miguel”. Así, el alcalde de ese distrito del caliente conurbano bonaerense abrió la saga de publicaciones.
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En otro posteo Méndez aclaró que toda persona “merece condiciones dignas” en la cárcel; entre ellas, estar protegida de los efectos del coronavirus. “Pero que los presos vuelvan a sus casas y barrios, los mismos ambientes donde cometieron los delitos que motivaron su detención, claramente no es la solución”, indicó.
En uno de los tuits más candentes consideró que “los jueces que toman esas decisiones y aquellos que impulsan este tipo de políticas, como mínimo, le están faltando el respeto a la inmensa mayoría de vecinos honestos que quieren y merecen vivir en paz. Sobre todo a las víctimas de esos mismos delitos y a sus familias”.
BOMBERO. El jefe de los fiscales bonaerenses, Julio Marcelo Conte Grand, aseveró que “el principio general” en la provincia “no es liberar” a los presos sino ocuparse “solamente de los grupos de riesgo” dentro de las cárceles en el contexto de pandemia de coronavirus. Conte Grand sostuvo que instruyó a los fiscales para que “controlen el proceso”.
“Ese es el sistema en el que nosotros creemos: encarar solamente el universo de riesgo, porque una pandemia interna no sólo va a tener efectos dentro del sistema carcelario sino también afuera”, concluyó el procurador vidalista.