Desde mediados de febrero y hasta la actualidad, el mundo entero se encuentra atrapado en las redes de un agente imperceptible, capaz de cobrarse vidas, economías e incluso hasta nuestros derechos humanos.
Más allá de los modelos económicos que cada país tenga, existe en ellos una norma que rige la vida de sus habitantes.
Demócratas, Socialistas, Comunistas, todos cuentan con una constitución que adhiere siempre a la defensa de los derechos del hombre. La mayoría de los países han firmado tratados internacionales respecto del tema y frente a ésta pandemia pareciera que los intereses han cambiado y lo que se firmó con la mano están borrando con el codo.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) ha hecho llamamientos a distintos países, que, en virtud de la situación sanitaria, toman medidas extremas que terminan alienando los derechos de las personas.
Podemos citar por ejemplo, la norma constitutiva de España, en la que se expresa sobre el “estado de alarma” como una excepción al normal desenvolvimiento y cumplimiento de la misma (epidemias, pandemias, atentados contra el normal desenvolvimiento de los poderes), no suspende la declaración de derechos fundamentales, aunque si los restringe.
De lo expresado anteriormente surgen algunas medidas que el gobierno español ha tomado y que advierte un atentado contra los derechos constitucionales personales y económicos (practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias; intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, con excepción de domicilios privados, dando cuenta de ello a los ministerios interesados; limitar o racionar el uso de servicios o el consumo de artículos de primera necesidad).
El Reino Unido en medio de esta emergencia sanitaria, ha endurecido las medidas de prevención para la población vulnerable confinándola a tres meses de encierro.
Rusia por su parte, también ha tomado medidas tales como el castigo con penas de prisión de hasta cinco años si las personas que han llegado de otros países o están bajo seguimiento como posibles contagiados no respetan la cuarentena. No hay base legal (por ahora) para esta medida y tampoco se ha explicado cómo las autoridades rusas averiguarían qué persona en concreto no respeta la cuarentena, excepto a través de testimonios sobre contactos o la existencia de un diagnóstico claro. Todo sugiere que el régimen está vigilando a los ciudadanos (con instrumentos de nuevas tecnologías desarrollados por China), o induciendo a la población a delatar a sus vecinos.
En América también se fueron tomando algunas medidas que generaron mas temor que el mismo virus. Estados Unidos, fue el país que tomó las medidas sanitarias más tardías. No obstante, en la gran población inmigrante surge otro temor por pedir ayuda. Según el testimonio de Sebastián un joven que fue traído de México por sus padres…"Siendo indocumentado es difícil tener acceso a asistencia médica. Siempre tienes presente el hecho de que tu nombre aparezca en el sistema legal al acudir a un centro médico, y eso conlleva el riesgo de la deportación"…
Muy por el contrario, Nicaragua, no ha tomado medidas sanitarias de prevención, instando a la población a continuar con las actividades normales. Esta postura de descuido de la salud de la población es también anticonstitucional porque no se está primando la sanidad por sobre los intereses del estado. Esto le valió al gobierno un llamado a la reflexión de la CIDH instándolo a su cambio de conducta que se contradicen con las indicaciones de los organismos internacionales.
En Perú, según un reporte publicado por el diario El Mundo con fecha 4 de abril, dice que en medio de la grave crisis por la pandemia del coronavirus se metió el viejo virus de la mano dura y del autoritarismo. Hace unos días, con el país militarizado para controlar la cuarentena general y las garantías suspendidas por el estado de emergencia, se promulgó una ley de gatillo fácil. La norma tiene carácter permanente, no se limita al actual estado de emergencia y, exime de responsabilidad a los miembros de las fuerzas de seguridad que utilicen sus armas contra la población “en cumplimiento de sus funciones". Los uniformados no podrán ser detenidos si matan o hieren a alguien, y no se exige que haya proporcionalidad en su respuesta. Es decir, quedan en libertad de disparar contra una persona desarmada. El querer tener el control de la población, frente a una situación extrema ha llevado a los dirigentes del Estado a tomar las armas contra sus propios habitantes.
Brasil ha dividido sus posturas y esto lleva a una preocupación en toda la población. Por un lado el presidente Jair Bolsonaro ha instado a la población a continuar con las actividades normales como lo hizo Nicaragua, sin tener en cuenta las recomendaciones de los organismos especializados en el tema que se han impartido, minimizando la pandemia que acorrala a todo el mundo como “ una simple gripe” en contraposición con el Congreso de ese país, protestando contra las medidas de la cuarentena y distanciamiento social, pidiendo el cierre del Congreso como institución democrática y pedir una intervención militar.
Argentina ha formado un comité de especialistas de todas las áreas, sanitarias, económicas y sociales y en un esfuerzo mancomunado con el resto de las provincias viene haciéndole frente a este flagelo sanitario que nos toca vivir, tomando medidas que no han atentado contra los derechos individuales ni institucionales, respetando la Carta Magna que rige el destino de nuestro país.
El temor está generalizado, pero la confianza ha de estar puesta en quienes tienen la función de tomar medidas decisivas para, por sobre todo proteger a los habitantes y paulatinamente, juntos salir adelante.
Por eso… “quédate en casa”.