Con un duro documento, la Red de Jueces Penales de la provincia de Buenos Aires le marcó la cancha al gobernador Axel Kicillof y al Poder Legislativo en relación a la situación de tensión permanente que se vive en las cárceles y calabozos policiales por la situación de hacinamiento en medio de la pandemia. “Si el poder político entiende útil disminuir rápidamente la población carcelaria, tiene en sus manos la posibilidad de dictar leyes o decretar conmutaciones”, expresaron los jueces penales bonaerenses en el escrito al que accedió Letra P.
Bajo el título “La Pandemia no admite mezquindades”, los magistrados expresaron que desde hace más de 20 años denuncian “el estado de insalubridad de cárceles superpobladas y con mala alimentación (…). Pese a ello, las legislaturas nacional y provincial han aumentado penas y ampliado las prisiones preventivas, sin el correspondiente aumento de los lugares de detención por parte del Poder Ejecutivo”.
Para los magistrados, esta “irresponsabilidad” determinó “una extrema superpoblación carcelaria, haciendo que el sistema penitenciario lejos de resocializar, deteriore; y que los internos, en vez de adquirir conocimientos útiles para su reinserción social (salvo algunas esforzadas experiencias), aprenden a sobrevivir en marcos de violencia (factor sustancial de la reincidencia)”.
En otro de los pasajes del documento, los jueces sentenciaron que “los reiterados reclamos de la Suprema Corte fueron ignorados por el Ejecutivo provincial. Ante ello, el Tribunal de Casación Penal provincial realizó un informe donde se verifica el calamitoso estado de las cárceles bonaerenses y la urgencia de adoptar medidas conducentes”. Ese documento fue publicado el 10 de octubre de 2019.
La aparición del Covid-19 “no hizo más que desnudar décadas de imprevisión y medidas aisladas, sin una guía política criminal racional”. Frente a la pandemia “nuevamente el Poder Judicial intenta enfrentar el problema, con los escasos medios legales que dispone. El Tribunal de Casación Penal bonaerense hizo lugar a un Habeas Corpus colectivo, otorgando prisión domiciliaria solo en favor de quienes hayan cometido delitos ‘leves’ y se encuentren en grave ‘riesgo’ por la precariedad de su salud” e instaron “a que los jueces revisen en cada caso, la situación de otros individuos que pudieran continuar su prisión fuera de las cárceles”.
Según informaron en el documento, desde el 17 de marzo, pese a todas las restricciones impuestas por la cuarentena, los jueces penales bonaerenses tramitaron “miles de causas”, trasladando “fuera de las penitenciarías”, pero se está “lejos” de resolverse el problema de hacinamiento ya que “existen 24.000 cupos para más de 41.000 detenidos. Los tiempos necesarios para revisar las particularidades de decenas de miles de causas imposibilita solucionar por esta vía el riesgo de contagio”.
Los jueces dejaron en claro que “la solución a una crisis social nunca es jurídica” ya que “administrar coyunturas excepcionales es resorte de los poderes políticos; el judicial solo resuelve conflictos particulares”.
“Si el poder político entiende útil disminuir rápidamente la población carcelaria, tiene en sus manos la posibilidad de dictar leyes o decretar conmutaciones. Si advierte inconveniente tal vía, es su responsabilidad adoptar medidas sanitarias en las unidades y derivar a centros preparados a los internos contagiados. La crisis no se resuelve derivando culpas a otros poderes”.
Los jueces recordaron que se ocupan de la emergencia en el marco de sus competencias y aclararon que “no” sancionan, modifican o derogan leyes. “Tampoco” diseñan “la política criminal, no administramos la cárcel, ni proveemos seguridad; carecemos de recursos y fueros para disponer las acciones ejecutivas necesarias y urgentes. Solo podemos aplicar la ley”.
