La situación de hacinamiento en las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) sumada a la pandemia generó una bomba de tiempo. Luego de las protestas registradas esta semana en varios penales, los Defensores Oficiales bonaerenses, en contradicción con la orden del Procurador General Julio Marcelo Conte Grand, presentaron una nota al gobernador Axel Kicillof para que conmute la pena a un sector determinado de la población carcelaria, según se establece en el documento judicial al que accedió Letra P. Por otra parte, senadores de Juntos por el Cambio presentaron un pedido de informes en el que plantean que “es imperioso garantizar los derechos de los detenidos”.
La situación intramuros de las cárceles bonaerenses es dramática. En ese marco, Kicillof deberá analizar si hace lugar o no a la solicitud para conmutar penas a “detenidos con sentencia firme (cuya condena) concluya este año” y a “quienes cumplieron más de la mitad de una pena de cinco años”, según se lee en el escrito oficial.
El Tribunal de Casación bonaerense ordenó a los jueces que ejecuten en forma “inmediata” la medida de arresto domiciliario para los presos en cárceles bonaerenses que integren grupos de riesgo ante el coronavirus y para quienes hayan cometido delitos leves. Advirtió que la decisión de la excarcelación debe ser comunicada a la víctima del delito que cometió el detenido. La resolución fue dispuesta por el titular de Casación, Ricardo Borinsky, debido a que defensores oficiales denunciaron que los jueces de primera instancia no cumplen con el fallo del 8 de abril que ordenó esa medida para los detenidos mayores de 65 años y con enfermedades preexistentes.
Según el inciso 4 del artículo 144 de la Constitución de la provincia de Buenos Aires, el Gobernador “podrá conmutar las penas impuestas por delitos sujetos a la jurisdicción provincial, previo informe motivado de la Suprema Corte de Justicia, sobre la oportunidad y conveniencia de la conmutación y con arreglo a la ley reglamentaria que determinará los casos y la forma en que pueda solicitarse, debiendo ponerse en conocimiento de la Asamblea Legislativa, las razones que hayan motivado en cada caso la conmutación de la pena”. Cabe aclarar que esta facultad no es extensiva a detenidos por delitos contra la administración pública ni en los que el Senado provincial sea el juzgador.
El pedido de los defensores está fundado “en la crisis humanitaria” por el “hacinamiento en cárceles y comisarías” de Buenos Aires, según se lee en la primera foja del documento.
Esta iniciativa choca de frente contra la postura del procurador Conte Grand, quien hace dos semanas ordenó a los fiscales que apelaran todas las morigeraciones y excarcelaciones que dictaran los jueces, tal como entonces informó Letra P.
INFORME. Senadores provinciales de Juntos por el Cambio presentaron un proyecto para que el Ejecutivo bonaerense informe sobre conflictos sucedidos en las cárceles de Melchor Romero, San Martín, Ituzaingó, Florencio Varela y la Unidad N° 33 de mujeres ubicada en Los Hornos.
Los legisladores Gabino Tapia, Walter Lanaro y Felicitas Beccar Varela requirieron mediante una propuesta a los ministerios de Justicia y al de Seguridad una serie de respuestas al tiempo que se mostraron preocupados en “garantizar los derechos de los detenidos, así como del personal penitenciario que se encuentran trabajando en dichas unidades”.
Parte de esas respuestas están en la reciente e histórica sentencia de Casación que dispuso la prisión domiciliaria de los grupos vulnerables frente al Covid-19, conforme lo establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Conte Grand es la cabeza del Ministerio Público Fiscal (MPF). Llegó a ese cargo de la mano de la ex gobernadora María Eugenia Vidal y tributa al mismo espacio político del que forman parte los senadores antes mencionados.
El MPF nuclea a las dos partes del proceso penal. Fiscales y Defensores Oficiales tienen a un mismo superior jerárquico, el Procurador General. Conte Grand. La pelea por la división de los ministerios de la acusación y la defensa fue zanjada por la Suprema Corte en mayo pasado, en medio de la tensión con el Ejecutivo por una ampliación presupuestaria para la justicia. El máximo cuerpo colegiado de la justicia provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la Ley Nº 14.442 que establecía la independencia de los defensores oficiales respecto del Ministerio Público Fiscal.
De esta forma, el Consejo de la Magistratura deberá nombrar a un Defensor General y el Procurador Conte Grand solo tendrá a su cargo la jefatura de los fiscales bonaerenses. Esa sentencia firme no fue cumplida por el gobierno de Vidal. Tampoco aparece en agenda de gestión inmediata de Kicillof.
