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Por el derrumbe global de la economía y del precio del petróleo, las productoras locales prevén una caída del 20% al 30% en las inversiones previstas. La pesificación mal medida y la interna en IEASA.

Por 13/03/2020 14:50

El derrumbe del precio internacional del crudo en medio del avance de la pandemia del coronavirus dejó a las petroleras locales a la intemperie y sin otra opción que salir a pedirle al Gobierno un salvavidas para poder mantenerse en pie. Tras haber enarbolado hasta algunas semanas la necesidad de un aumento en los combustibles para alinearlos con los mercados externos, ahora reclaman la reimplantación de un “precio sostén” para el barril criollo, en torno de los 50 dólares, frente a los nuevos valores internacionales que no superan los 40 dólares y que, según los pronósticos de las principales consultoras energéticas, llegaron para quedarse durante varios meses.

Esta vez el planteo empresario cuenta con el respaldo de dos actores clave que no quieren perder posiciones y recursos: las provincias petroleras y los gremios del sector, que piden “blindar Vaca Muerta para sostener el empleo y la producción”.

Así, Mientras afina los detalles de un acuerdo específico que podría salir a la calle antes de fin de mes, el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, ya puso en marcha una primera medida de protección: la eliminación de las licencias automáticas que regían para las importaciones de petróleo crudo y combustibles líquidos. Con esta herramienta de comercio administrado que permite la Organización Mundial de Comercio (OMC), ahora los funcionarios tienen un plazo de hasta 60 días para analizar los pedidos de importación a precios muy bajos que puedan afectar la actividad del mercado interno.

 

 

Pero más allá de las medidas que se adopten, hay dos cuestiones relevantes que los funcionarios, gremialistas y empresarios del sector tienen en claro y que no resultan alentadoras para la marcha de la economía. Una, es que las petroleras que explotan Vaca Muerta van camino a recortar entre un 20% y 30% las inversiones que tenían previstas para 2020; la otra, es que el incremento de las exportaciones hidrocarburíferas que la administración de Alberto Fernández esperaba para juntar más dólares este año quedará pendiente hasta que la crisis global provocada por el coronavirus pase al olvido.

AUTORIDADES ENEMISTADAS. La designación de las nuevas autoridades en la empresa estatal IEASA volvió a mostrar que la pelea interna en el área de Energía sigue a la orden del día.

Con casi tres meses de demora, la semana pasada quedó confirmada la nueva conducción de IEASA para reemplazar a los representantes macristas que aún estaban en la empresa. Al frente quedó un hombre identificado plenamente con la vicepresidenta Cristina Fernández y la provincia de Santa Cruz. Se trata de Andrés Cirnigliaro, quien venía ejerciendo el cargo de titular de la empresa de Servicios Públicos de la provincia de Santa Cruz.

Como vicepresidente fue designado Hernán Pablo Herrera, quien llegó con el apoyo de Kulfas. En tanto, para ocupar los sillones de directores titulares los que ingresaron fueron Oscar Cretini –como representante de las provincias patagónicas—y María Cristina Lapenta, ingeniera de Nucleoeléctrica Argentina (NASA) que fue propuesta por el secretario de Energía, Sergio Lanziani.

 

 

En la primera reunión de trabajo, Herrera alegó una orden del ministro Kulfas e intentó quedarse con la gerencia general de la empresa. Ese planteo fue rechazado por los restantes integrantes del directorio que nombraron en ese puesto al abogado Agustín Gerez, quien ya había estado en la ex Enarsa entre 2013 y 2016. Tras haber sido echado por la administración macrista, Gerez había entablado una demanda laboral contra el Estado por despido injustificado y persecución política, la cual fue levantada por sus abogados poco antes de que sea nombrado en el nuevo cargo.

Molesto por no haber logrado su objetivo, Herrera salió a ventilar en el sector y en algunos medios la situación de Gerez, lo cual le valió ganarse la enemistad de los otros miembros del directorio en las primeras horas de convivencia.

UN AHORRO EXAGERADO. A fines de febrero y luego de varias revisiones, el Gobierno sacó la resolución 31/2020 de la Secretaría de Energía que dispuso la “pesificación y reducción” de las remuneraciones que venían recibiendo un grupo de generadoras por la potencia disponible de sus equipos y la energía entregada al sistema.

Con el argumento de que tenían tarifas “dolarizadas” con una actualización atada a la variación del tipo de cambio que había subido mucho más que la variación de los costos operativos reales, las autoridades energéticas procedieron a “pesificar y recortar” las remuneraciones de varias usinas térmicas e hidraúlicas. Con esos cambios, según los cálculos oficiales, el costo de la generación de esas centrales se iba a reducir de 69 dólares por megavatio-hora (MWH) a un promedio de 62 dólares, con un ahorro para el Estado de 320 millones de dólares anuales en subsidios.

Luego de analizar la letra chica de la resolución y aplicar las nuevas fórmulas y variables de ajuste, los técnicos del OETEC (Observatorio de la Energía, Tecnología e Infraestructura para el Desarrollo) que dirige Federico Bernal se encontraron con una sorpresa. El supuesto ahorro que salieron a mostrar tanto Kulfas como Lanziani no sería de 320 millones de dólares sino que, en el mejor de los casos, apenas podría llegar a los 170 millones.

 

 

Ante los primeros cuestionamientos que comenzaron a recibir por esto, los colaboradores de Lanziani se pusieron a revisar la “trazabilidad” del expediente para ver quiénes habían metido la mano en la redacción final. Lo que encontraron fue que los responsables del armado y elaboración de la resolución habían sido los técnicos de la CAMMESA que siguieron las instrucciones impartidas por Esteban Kiper, el gerente general de la administradora del negocio eléctrico.

Al error en el cálculo de los subsidios ahorrados se agregaría otro dato que también llamó mucho la atención. Si bien suprimió la actualización tarifaria anterior que estaba atada a la variación del dólar, el mecanismo de ajuste que introdujo la resolución 31 resultaría, a priori, muy beneficioso para las generadoras.

Con las nuevas reglas de juego, los precios que facturan las usinas se indexan con una fórmula que combina la inflación minorista (IPC), el índice de precios internos al por mayor (IPIM) y un factor creciente de actualización. Desde que asumió el actual gobierno, esa fórmula le viene ganando la carrera a la variación del dólar oficial que está bajo el control del Banco Central y que se va retocando lentamente para que suba menos que la inflación.