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“Macri nos presionó para que cediéramos el contrato de las represas a Nicolás Caputo”

El dueño de Electroingeniería defiende los K, castiga duro a Bonadio y Stornelli y llama "causa de diseño" a la de los cuadernos. La guerra con el PRO y qué le preocupa del nuevo gobierno.
Por 09/02/2020 9:27

Frontal, polémico y siempre coherente con sus convicciones a diferencia de la mayoría de sus colegas empresarios que modifican sus opiniones cada vez que cambian los gobiernos. Con Gerardo Ferreyra, uno de los fundadores y emblemas del grupo Electroingeniería que, tras la causa de los cuadernos, cedió el manejo de las empresas a sus hijos, no hay términos medios. Es “tómalo o déjalo”.

Procesado como supuesto integrante de una asociación ilícita, ha sido enviado a juicio oral junto al resto de los acusados en ese expediente, entre los que sobresalen la actual vicepresidente Cristina Kirchner y el exministro de Planificación Julio De Vido. Fue el único que no se acogió al régimen de “imputado colaborador” y quedó más tiempo detenido que los restantes empresarios denunciados que aceptaron haber pagado sobornos para salir en libertad.

Mientras intenta reactivar la obra de las represas, Ferreyra aceptó hablar con Letra P para abordar los temas clave referidos a la situación de la empresa, la causa judicial, las presiones que recibió durante la administración macrista para que vendiese el contrato de las hidroeléctricas patagónicas a Nicolás Caputo y lo que espera del gobierno de Alberto Fernández.

 

BIO. Nació en Córdoba el 6 de septiembre de 1950. Fanático de Belgrano, militó en política desde muy joven y en la década del 70 formó parte del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) de su provincia. Pasó toda la última dictadura preso. Estuvo detenido en el mismo penal que Carlos Zanini, pero dice que el actual procurador del Tesoro no es su amigo personal y que nunca lo ayudó a cerrar contratos con el Estado. A mediados de los 80 se hizo cargo del control de Electroingeniería con su socio y amigo Osvaldo Acosta. Al poco tiempo, la empresa ganó la primera gran obra pública energética en Yacyretá. A partir de 2003, su empresa se convierte en una de las principales constructoras del país con la adjudicación de numerosas obras de infraestructura y energía eléctrica. En agosto de 2018 fue otra vez detenido por orden de Bonadío en la causa de los cuadernos. Quedó en libertad en octubre de 2019 a la espera del juicio oral, que aún no tiene fecha de inicio.

 

 

-¿Qué quiso decir con la afirmación “conmigo no pudo” que tuiteó tras la noticia del fallecimiento del juez federal Claudio Bonadío?

-En primer lugar y por el respeto que merece su familia, quiero dejar bien en claro que no fue una expresión de alegría y festejo, como informaron maliciosamente algunos medios que siempre me han atacado y nunca cuestionaron el accionar del magistrado. Como suele ocurrir con Clarín y La Nación, volvieron a tergiversar mis palabras. Lo que expresé con esa afirmación fue que Bonadío a mí no pudo quebrarme cuando intentó que renegara de mis convicciones para que denunciase a los funcionarios de la administración kirchnerista. Bonadío llegó a extorsionarme para que acusara a la expresidenta Cristina Kirchner, tal como hicieron los demás empresarios que quedaron como mentirosos y delatores que aceptaron sus imposiciones para ensuciar a los exfuncionarios con tal de no seguir detenidos.

-¿Bonadío y Stornelli le insinuaron que si involucraba a CFK iba a salir en libertad como el resto de los empresarios que se arrepintieron y admitieron el pago de coimas a los funcionarios del gobierno kirchnerista?

-Sí, absolutamente. Cuando estaba detenido me sacaron del estado de incomunicado y me llevaron al despacho de Stornelli. Me recibió junto con mi mujer, mi hijo y mi abogado. Me dejaron hablar con ellos una media hora. Luego vino y me dijo: pasemos a mi despacho, así te comento cómo son las reglas de juego. Entramos solos y me dijo: si vos te arrepentís de haber colaborado con estos “mugrientos”, señalando hacia la Casa Rosada, te vas en libertad con tu familia, que te está esperando. Si no lo hacés, te vas a la cárcel. Ahí le pregunté: ¿De qué me tengo que arrepentir y cuáles son los mugrientos? Stornelli me contestó: tenés que arrepentirte de haber colaborado con el matrimonio. A lo cual le pregunté: ¿Néstor y Cristina? Y él me respondió: sí, Néstor y Cristina. Le dije entonces que no podía arrepentirme de haber apoyado a un gobierno que llevó a la realidad todas las banderas por las que venía luchando desde los 17 años: expulsar al FMI, el juicio a los militares genocidas, las paritarias, entre tantas cosas más.

 

 

-¿Qué pasó con los empresarios que se arrepintieron?

-Estoy seguro de que sucedió lo mismo y todos tomaron el camino que le propuso el fiscal. En el caso de Carlos Wagner, que solo aguantó 48 horas preso, me decía que yo no me iba a arrepentir porque era joven. Pero que él sí lo iba a hacer porque quería estar con sus nietos. Yo le planteé: ¿cómo vas a estar con tus nietos? Te van a repudiar porque vas a quedar como el buchón del barrio y le vas a dejar un legado lamentable. Al comienzo, Wagner me decía que lo suyo iba a ser un “arrepentimiento acotado”. Fue con esa postura al juzgado y le pegaron una patada en el culo porque no era lo que querían el fiscal y el juez. Dos días después volvió a ir y vomitó todo lo conocido y salió inmediatamente en libertad.

 -¿Qué puede pasar en el juicio oral con la causa cuadernos?

-Ya hay tres fallos de la jueza (María) Servini, del juez (Sergio) Rodríguez y de un tribunal oral de Córdoba en contra de la causa por haber violado la ley, que no dice que al arrepentido hay que darle inmediatamente la libertad. Además, establece que los testimonios tienen que ser grabados por medios técnicos para ver la actitud de los arrepentidos. Otra irregularidad fueron las detenciones previas. A mí me detuviron muchos días antes de que fuese imputado y procesado. En el mismo allanamiento no encontraron nada. El oficial que llevó adelante el operativo le decía al juez que no había nada y le preguntaba si lo mismo tenían que detenerme, como finalmente hicieron. No tuve derecho de defensa ni de careos. A mí hay uno solo que me acusa de haber entregado dinero. Y no tuve el derecho a careo que fue pedido en tres ocasiones. La agenda del chofer fue armada. Es como dice Aníbal Fernández: “(Oscar) Centeno habla como (Carlos) Monzón, pero escribe como (Gabriel) García Marquéz”.

"La agenda del chofer (Oscar Centeno) fue armada. La de los cuadernos es una causa de diseño que que va camino a ser anulada por sus irregularidades."

¿Usted dice que es una causa armada?

-Se trata de una causa de diseño. Tal como ha planteado mi abogado defensor, el constitucionalista Eduardo Barcesat, es una causa fogoneada por la estructura que conformaron el gobierno de Macri, el Poder Judicial de Comodoro Py y los medios hegemónicos que va camino a ser anulada por sus irregularidades. Se inventó la causa como una herramienta judicial para perseguir y someter a los opositores y a los empresarios que formaban parte de los negocios del macrismo. A eso se agregó un silencio cómplice de la Corte, que sigue sin tratar ni resolver los planteos que efectuamos desde agosto de 2018 por las violaciones legales que dejaron de lado las garantías de un debido proceso.

-¿Qué pasó con el contrato de las represas después de la llegada de Mauricio Macri a la Casa Rosada? ¿Es cierto que hubo presiones de Macri, del exministro de Energía Juan José Aranguren y del exembajador en China Diego Guelar para que Electroingeniería le cediera parte del contrato a la constructora de Caputo?

-Si, absolutamente. En uno de sus primeros actos de gobierno, a fines de diciembre de 2015, Macri le dio una audiencia a la viuda Tompkins (Kristine McDivitt, la ex esposa del millonario conservacionista estadounidense Douglas Tompkins) y le dijo que va a parar las obras de las represas. Un año y medio después, Aranguren reconoció publicamente en el caso donde la Corte había frenado las obras por un amparo ambiental que el Gobierno estaba de acuerdo con el fallo y que eso era lo que habían hecho desde el inicio de la gestión de Macri. Aranguren me dijo a mí, en una de las seis rondas de negociaciones que tuvimos: “Ferreyra, usted tenga en cuenta que yo recibí un llamado del Presidente diciendo que hay que parar el proyecto y reorientar el crédito de China”.

-¿Cómo entra Guelar en esta trama?

-En enero de 2016, les planteó a las autoridades de la corporación Gezhouba en China que tenían que cambiar de socio porque Electroingeniería no estaba bien vista. Y que el nuevo socio debía ser la constructora de Caputo. Los chinos vinieron a la Argentina y nos plantearon que tenía que entrar otro socio. Nosotros les planteamos que eso era legalmente imposible porque ya habían transcurrido más de dos años de vigencia del contrato y que eso no estaba permitido. Entonces ellos nos terminaron reconociendo que el embajador Guelar les había recomendado que, para seguir con las obras, tenía que entrar Caputo. La paralización real de las obras se dio al no autorizar ningún trabajo más desde diciembre de 2015. Recién se retomaron los trabajos cuando nos vimos obligado a ceder parte de nuestra participación a Gezhouba y se reformuló el contrato original bajando la potencia de las usinas.

 

 

-¿Qué pasó con la venta de las acciones de Transener?

--Además de paralizarnos las represas, el gobierno de Macri nos frenó también los contratos que teníamos con empresas chinas para la construcción de la central térmica Manuel Belgrano II, el Río Subterráneo de AySA y las líneas eléctricas en alta tensión entre Yaciretá y Chaco y las que conectan la costa atlántica con el sur de la provincia de Buenos Aires. Con eso nos asfixió económicamente. A partir de marzo de 2016, empezamos a vender activos para pagar sueldos. Así fue como nos desprendimos de proyectos inmobiliarios, instalaciones, concesiones y equipos de trabajo y de ingeniería. Como no alcanzaba, tuvimos que poner en venta las acciones de Transener que habíamos comprado en sociedad con la ex Enarsa. Inicialmente Aranguren le había dado aumentos de tarifas a las distribuidoras eléctricas y las transportadoras y distribuidoras de gas, pero no a las transportistas eléctricas, como Transener. Así llegamos a agosto de 2016, cuando nos vimos forzados a venderle nuestra participación al propio Estado a través de la ex Enarsa por la misma suma que la habíamos comprado en 2005, de 27 millones de dólares. Nosotros habíamos llegado a un acuerdo de venta con el Banco Macro, de Jorge Brito. Pero, como Macri estaba peleado con Brito, el Gobierno intervino por medio de Enarsa, que era nuestra socia inicial, e igualó la oferta para quedarse con las acciones de Transener. Dos meses después de habernos asfixiado y comprado por un precio bajo, Aranguren autorizó un fuerte aumento tarifario para Transener y su valor se multiplicó por tres.

-¿Tiene intenciones de recuperar Transener?

-Sí, pero ahora estamos hechos pelota. Corresponde que esté en manos de una empresa nacional que gestione junto al Estado. No como ahora, que está Pampa Energía, que no se sabe de quién es y qué fondos están detrás.

 

 

-¿Cuál es la situación económica actual de Electroingeniería? ¿Va camino a una convocatoria de acreedores?

-La situación es muy delicada. Las obras de la represa se encuentran prácticamente paralizadas. A casi dos meses de la asunción del nuevo gobierno, aún no pudimos relanzar ningún frente de trabajo. Todavía no fueron designadas las nuevas autoridades de la empresa estatal IEASA, que es la encargada de llevar adelante la ejecución del contrato. Seguimos desfinanciados y sin un flujo de fondos que nos permita recomponer parte de una nuestra situación económica.

"Tenemos una cierta preocupación porque ya se han consumido dos tercios de los primeros 100 días, que son clave para todo gobierno, sin que se hayan completado todos los cargos y designaciones de funcionarios."

-¿Qué pasa con la deuda que mantienen con la AFIP?

-Macri nos forzó a reconvertirnos y pasar de ser una empresa grande a una compañía mediana. Hoy técnicamente calificamos como “empresa mediana tramo 2” por el nivel de facturación y la cantidad de empleados. Ahora estamos presentando la documentación sobre eso para poder obtener el certificado oficial que nos permita ingresar a la nueva moratoria que lanzó la AFIP.

-¿Cuál es el monto de deuda que reclama AFIP?

-Es del orden de los 1.600 millones de pesos. Si logramos reactivar todas las obras que están paralizadas, vamos a poder presentar y hacer frente a un plan de pagos para regularizar lo adeudado sin caer en una convocatoria.

-¿Cómo observa las primeras semanas del nuevo gobierno y qué perspectivas le ve a mediano y largo plazo?

-Tenemos una cierta preocupación porque ya se han consumido dos tercios de los primeros 100 días, que son clave para todo gobierno, sin que se hayan completado todos los cargos y designaciones de funcionarios. En IEASA, la empresa que lleva adelante el principal contrato vigente con China, como son las represas, todavía no han sido nombradas las nuevas autoridades. Igual creo que debemos tener paciencia y entiendo que hacia adelante se van a recuperar los motores del trabajo, la producción, el consumo y la obra pública, porque la sociedad le ha dicho que no al modelo especulativo y de endeudamiento.