El vidalista procurador general bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand, dio otro paso en la puesta en marcha de la demorada Policía Judicial que aspira implementar. El jefe de los fiscales designó “provisoriamente” a los “detectives judiciales” para todo el territorio provincial que deberán actuar en casos complejos o de gravedad institucional, entre otros aspectos, según se desprende la resolución, a la que accedió Letra P.
Por definición, la Policía Judicial es una “institución civil, técnico-científica, organizada jerárquicamente, que asistirá y trabajará con el agente fiscal en la investigación, búsqueda, recolección, preservación y análisis de elementos de convicción y prueba en los procesos penales”. En la estructura administrativa, depende del Ministerio Público Fiscal, que encabeza Conte Grand.
La designación de los sabuesos, que seguirán las directivas que impartan los fiscales, fue rubricada el 30 de enero pasado. Magistrados consultados valoraron el avance, aunque lo calificaron de “menor”, ya que en el dictamen no se deja en claro dónde funcionarán las sedes departamentales de la fuerza especializada, de qué presupuesto dispondrá y con qué personal contará.
“Lo único que se hizo fue designar como detectives a instructores que ya estaban en funciones en distintas fiscalías de la provincia. Esto tiene costo cero en el presupuesto. Es un ejemplo de creatividad para la economía judicial”, le dijo a Letra P uno de los fiscales bonaerenses más antiguos.
Otra de las objeciones realizadas es que no se conocen los resultados de los supuestos exámenes académicos y sanitarios que deben sortear los designados por mandato normativo. Pero los actores judiciales consultados especularon con que, “como los designados ya son funcionarios, pueden haber hecho valer lo que aprobaron para su cargo actual, aunque es polémico porque son requisitos para un cargo anterior y el punto es determinar si se pueden computar para un nuevo cargo”.
Este cuadro de situación es antagónico a lo prometido por el procurador general, que en marzo de 2019 aseveró que la fuerza bonaerense será "mejor que el FBI, Scotland Yard y la Sûreté (Policía Nacional) francesa”, tal como este medio informó entonces. En ese momento, el funcionario de extrema confianza de la exgobernadora María Eugenia Vidal se impuso un plazo de dos años para ese objetivo. Ya consumió el 50% de ese tiempo.
“Cómo es mi policía judicial”, se dio pie a sí mismo Conte Grand. “Mejor que el FBI, Scotland Yard y la Sûreté francesa, en dos años más, si seguimos, vamos a lograrlo”, sentenció con firmeza.
Este medio se comunicó con el Departamento de Domunicación de la Procuración para solicitar precisiones sobre el tema y conocer la versión oficial, pero el silencio fue la única respuesta hasta el cierre de esta nota.
Esteban Lombardo.
Otro de los aspectos que no se dieron a conocer hasta el momento es cuál fue el criterio de selección de los investigadores nombrados. El 2 de enero de 2019, Conte Grand realizó una convocatoria fantasma para aspirantes, en plena feria judicial y con el 80% de integrantes del Poder Judicial de vacaciones.
Pero ese no fue el único paso en falso que se dio en el impulso de la tropa de élite. A fins de 2018, Conte Grand presentó un plan de trabajo que luego reconoció que no podría cumplir por falta de recursos económicos. Durante aquella presentación, el funcionario Francisco Pont Verges, titular de la Secretaría de Política Criminal, sostuvo que la Policía funcionaría “cuanto antes". "No podemos esperar”, indicó, pero reconoció que no tenía presupuesto para un lanzamiento pleno.
En la actualidad, la fuerza está al mando de Esteban Lombardo, exfiscal de la Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata. La Policía Judicial es un viejo anhelo en la provincia de Buenos Aires. La primera promesa de implementación data del 25 de octubre de 1972, cuando se promulgó la ley 7.950, primera norma para darle vida, cuerpo y forma a este cuerpo de investigadores jerarquizados que deberá actuar ante el pedido de los fiscales en causas sensibles.
Desde entonces, los gobiernos de distintos colores políticos que pasaron por la provincia se quedaron en las proposiciones. El segundo impulso se dio recién en 1994, con la creación de cargos letrados y administrativos, pero quedó en eso. Ya en 2012, se sancionó otra ley: la 14.424 derogó a la 7.950.
Desde el 16 de enero de 2018, rige un nuevo cuerpo normativo que lleva el número 15.005. Cuenta con 23 artículos en los que se detalla qué es, para qué sirve y cómo deberá funcionar el gabinete de detectives bonaerenses de vanguardia. En el año 2016, el primero de la gestión Vidal, se mencionó la posibilidad de asignar una partida presupuestaría específica para que comience a funcionar en 2017. Pero eso no ocurrió. En ninguno de los discursos de apertura de sesiones de la exgobernadora se hizo mención específica del tema, más allá de las definiciones generales de una reforma judicial que avanza al paso de ese poder del Estado: lento. Las negociaciones políticas empantanan la designación de magistrados y la creación de nuevos cargos. Ahora, la mirada está puesta en la nueva administración de Axel Kicillof, que mira con recelo la continuidad de Conte Grand en el cargo, tal como publicó Letra P en 2019.
La Procuración General es un espacio clave en la construcción de poder. Desde allí se bajan lineamientos de gestión a todos los fiscales bonaerenses. Es el lugar desde donde se impulsan juicios políticos a magistrados (jueces y fiscales, en particular), con diálogo permanente con los tres poderes del Estado en materia de justicia y seguridad, dos reclamos constantes de la ciudadanía, aunque en la actualidad estén relegados por la crisis económica.
