El tratamiento de la reforma jubilatoria para jueces y diplomáticos se concretará este jueves en la Cámara de Diputados y, en el mapa de arena del oficialismo, debería obtener su sanción en el Senado el próximo viernes. Pero su desenlace dependerá en gran parte del éxito o fracaso de las negociaciones reservadas que mantuvieron oficialistas y opositores durante todo el fin de semana largo por el carnaval, en un febril intercambio de borradores de ley y consultas con los representantes de jueces y fiscales que, como era previsible, están en pie de guerra desde que confirmaron cuál es la voluntad del Ejecutivo.
El deseo del Frente de Todos es inequívoco y así se los hizo saber a sus interlocutores del PRO, la UCR y la Coalición Cívica: terminar con ese sistema previsional durante esta semana corta. La decisión despertó una durísima resistencia del interbloque de Juntos por el Cambio, pero sus miembros quedaron entrampados entre los esfuerzos para evitar “un tratamiento exprés” y quedar pegados con la defensa de jubilaciones de privilegio que despiertan un creciente rechazo en la población. Basta comparar los montos jubilatorios de los magistrados, que cobran entre 250.000 y 747.000 pesos, con los haberes previsionales mínimos, para comprender la dimensión del obstáculo político que tiene la oposición para impedir el cambio en ese sistema.
Un testigo de las negociaciones confió a Letra P que la dupla Massa – Kirchner se encargó de “llevar y traer” borradores y propuestas alternativas para torcer la negativa inicial de Juntos por el Cambio. Tan críticas han sido las posiciones contrapuestas, que este miércoles un sector de Juntos por el Cambio habría buscado dejar la sesión de este jueves sin los 129 diputados necesarios para tener quórum.
Cerca de las 18, la relojería para avanzar en el proyecto oficial ya había comenzado, con el plenario de las comisiones de Presupuesto y de Previsión y Seguridad Social. Para contener las críticas opositoras, el oficialismo aportó una escudería encabezada por el ministro de Trabajo, Claudio Moroni; el secretario de Seguridad Social, Luis Bulit Goñi; y el titular de la ANSES, Alejandro Vanoli. Los tres miembros del Ejecutivo reafirmaron sus objetivos y dejaron la negociación en manos de los diputados de la bancada oficialista, que estuvieron a un paso de llegar a un acuerdo, pero todo se diluyó cuando Juntos por el Cambio impulsó la redacción de una cláusula transitoria para evitar una salida masiva de magistrados, una preocupación política más importante para los diputados opositores que las jubilaciones de privilegio.
El texto fue propuesto por el diputado macrista y miembro del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, que pidió incorporar una cláusula que “asegure de manera real, concreta y efectiva, que quienes hoy están en condiciones de jubilarse van a poder hacerlo con este régimen en el futuro si es que permanecen en el Poder Judicial”. Tonelli insistió que “es decisivo para evitar una suerte de éxodo o fuga del Poder Judicial” que multiplique las vacantes, pero en el Frente de Todos aseguran que la partida no supera a más de 70 cargos.
Mientras seguían las exposiciones en el plenario de comisiones, Massa puso el foco en los minibloques que podrían aportar los votos necesarios, pero en ninguno de ambos conglomerados hay acuerdo en una posición común. Ese cisma interno le aportó una ventaja provisoria a los diputados opositores. “Nos estamos moviendo por todos lados y también queremos saber qué es lo que dicen los miembros de la Corte”, confió a Letra P un destacado integrante de la bancada del radicalismo, mientras escuchaba a los representantes de la Asociación de Magistrados y de Fiscales que hay 194 jueces que están por irse, y tienen la jubilación concedida. La cifra crece con los 112 concursos en trámite que no han sido resueltos.
Las cifras son desmentidas por el oficialismo, pero aumentan el pánico que impostan los diputados opositores sobre la cantidad de cargos vacantes que el oficialismo buscará cubrir y que Juntos por el Cambio no logrará impedir. Mientras avanzaba el plenario de comisiones, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunió en las oficinas de la Coalición Cívica, y concentró a todo su mando de tropa, incluso con la presencia de los tres gobernadores del radicalismo: el mendocino Rodolfo Suárez, el jujeño Gerardo Morales y el correntino Gustavo Valdés. Junto a ellos, regresó al Palacio el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, además de todas las autoridades de cada bloque y la próxima titular del PRO, Patricia Bullrich.
Ante el freno en las negociaciones de carnaval, todo el elenco opositor redobló la apuesta y ligó la discusión jubilatoria para magistrados con las demás controversias políticas que giran en torno al Poder Judicial. En tono de advertencia, mencionaron el proyecto del senador Guillermo Snopek para intervenir la Justicia jujeña, luego del escándalo que desataron las filtraciones de un miembro del máximo tribunal provincial, donde reconocía la injerencia del Ejecutivo local en la detención de la dirigente social Milagro Sala. A la salida de la reunión, Negri aseguró que las críticas incluyen la derogación por decreto del sistema de protección de testigos y anticipó que el próximo miércoles trasladarán la Mesa Nacional de la alianza a la capital jujeña para rechazar la iniciativa que presentó Snopek.
Quizás por eso, al cierre de esta nota, en ambos bloques había más dudas que certezas sobre la sesión de este jueves, que contará con un proyecto alternativo impulsado por la oposición. Para el Frente de Todos ese gesto confirma la realización de la sesión, pero si no hay quórum volarán las acusaciones y los gritos: dos escenarios indeseados para el oficialismo, que espera ofrendar el fin de ese régimen antes de que el presidente Alberto Fernández asista este domingo a inaugurar el 138° período de sesiones ordinarias del Congreso.
