El gobernador santafesino Omar Perotti deberá esperar por lo menos algunas semanas más hasta tener aprobado el proyecto de ley de Estado de Necesidad Pública. En una jornada intensa de reuniones, los senadores decidieron enviar el proyecto a comisiones para discutirlo en profundidad. La decisión se tomó en el encuentro de labor parlamentaria, varias veces interrumpida por reuniones con diputados de la oposición. Son seis los puntos de conflicto que deben saldarse para que la iniciativa camine en ambas cámaras, entre los que se encuentran rastros “superpoderes”.
El radical Maximiliano Pullaro y los socialistas Pablo Farias y Joaquín Blanco fueron los encargados de resistir la posición del Frente Cívico y Social en las mesas de los jefes departamentales. Sostienen que, más allá de la promesa del ministro de Gobierno Esteban Borgonovo, aún quedan restos de superpoderes en el proyecto enviado. En esa misma línea, una vez finalizada la hora y media de sesión, fue el senador radical Felipe Michlig el encargado de detallar cuáles son los puntos que todavía generan rispideces: “De los 41 artículos, hay 11 que establecen delegación de facultades y eso para nosotros es inadmisible”; aseguró.
Y marcó otros cinco aspectos conflictivos: los términos de las renegociaciones de los contratos públicos y las contrataciones directas; la tercerización de la función operativa de la Administración Provincial de Impuestos (API) y el Servicio de Catastro e información Territorial (SCIT), porque tienen información sensible de la ciudadanía; el artículo 35 del apartado Seguridad, que pasa a situación de retiro al personal policial puesto en disponibilidad después de un mes de transcurrida la medida; y además, piden agregar un programa de “saneamiento” para municipios y comunas que incluya la posibilidad de ampliar el uso de Fondo de Obras Menores para atender gastos corrientes.
Michlig augura buen pronóstico para este proyecto de ley con esas modificaciones: “Hay que trabajar sobre los grises”. Y recordó que en diciembre la legislatura logró acordar sobre el consenso fiscal y sacar la ley tributaria, porque hubo diálogo”. Mientras tanto, desde el bloque de senadores del PJ aseguraron que en esa Cámara, donde son mayoría, ya hay consenso suficiente para aprobar el texto como llegó desde Casa de Gobierno, pero entienden que si aprueban esa versión en diputados sería paseada por comisiones de manera indefinida. La estrategia entonces, para atender la premura de Perotti y acortar los tiempos parlamentarios, es consensuar -aún con los diputados de la oposición- mientras el proyecto juega de local y enviar una versión mucho más “amigable” a la Cámara baja, con la posibilidad de sostener la última palabra si en Diputados se hacen cambios.
El senador radical Felipe Michlig, uno de los integrantes de la mesa chica.
El senador peronista por el NES y cacique de los díscolos Armando Traferri es quien encabeza los términos de ese acuerdo y también los plazos. A pesar del apuro de Perotti y de la presión sindical en época de inicio de paritarias, garantizó dos semanas más de rosca antes de la próxima sesión fijada para el 27 de febrero y mostró que sigue siendo puente de diálogo con la oposición. Mientras el documento transita las Comisiones de Desarrollo Social; de Salud Pública y Conservación del Medio Ambiente Humano; de Seguridad Pública; de Economía, Agricultura, Ganadería, Industria, Comercio y Turismo; de Presupuesto y Hacienda; de Asuntos Constitucionales y Legislación General, desde ese sector niegan que le hayan dado un abrazo de oso al gobernador: “Si hay buen diálogo, en las comisiones la firma sale rápido”, aseguraron.
