La Legislatura porteña aprobó este jueves con 52 votos afirmativos y tres abstenciones la Ley de Economía Social y Popular. La normativa, impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad, estaba por salir a la luz en la prepandemia, pero la crisis sanitaria congeló las negociaciones internas y externas. El avance del expediente, que permite regularizar y respaldar económicamente a emprendedores de la economía popular porteña, expresa una paradoja: mientras batalla con Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta aceita el diálogo con los movimientos y las organizaciones sociales del Frente de Todos (FdT).
El Presidente y el jefe de Gobierno coinciden en Balcarce 50 y Uspallata 3160, atraviesan el peor momento de la relación de vecindad, pero los puentes entre ambos siguen activos. El canal entre el larretismo y las organizaciones sociales es coordinado por la ministra María Migliore (Desarrollo Humano y Hábitat), el titular del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC), Juan Maquieyra, y el subsecretario de Asistencia Inmediata, Maximiliano Corach.
La normativa establece incentivos para que los sectores de la economía popular puedan acceder al crédito, participar de las compras públicas y, mediante beneficios impositivos, iniciar su camino hacia la formalización. El grupo de beneficiarios excede a los movimientos sociales y abarca organizaciones villeras, cooperativas, mutuales y monotributistas que no tienen conexión con los movimientos sociales que se agrupan bajo el amplio paraguas de la alianza gubernamental.
Festejan la ley desde el Movimiento Evita de Emilio Pérsico y Fernando Navarro hasta la UTEP de Esteban Castro. Sin embargo, esperan “detalles” de la reglamentación para ampliar derechos para algunas cooperativas de sus organizaciones.
La aprobación del proyecto por –casi- unanimidad se explica por un trabajo fino de meses y meses de negociación. Con respaldo de Rodríguez Larreta, Migliore y sus delegados agotaron llamadas y reuniones con referentes sociales y el bloque del Frente de Todos porteño, cuyos integrantes votaron a favor del expediente. La izquierda se abstuvo, pero no votó de manera negativa, como suele hacer. Ese gesto también lo anotan como “triunfo” entre los negociadores de la ley.
También, hubo una discusión interna para anudar votos en Juntos por el Cambio: el larretismo destinó largas jornadas de charlas con Martín Lousteau y la tropa legislativa de Elisa Carrió para conseguir el apoyo definitivo.
Extraña coincidencia
En el trajín de una ley extensa y cargada de artículos, el Frente de Todos y el bloque que responde a Graciela Ocaña coincidieron en abstenerse de acompañar al gobierno porteño en el inciso que permite a cooperativas y asociaciones acceder a créditos para desarrollar sus productos.
En ambas bancadas suponen que será el Estado el que finalmente otorgue ese dinero, mientras que el oficialismo sostiene que esos fondos saldrán de acuerdos con el sector privado para que tome lugar en el financiamiento esos proyectos de la economía popular.
