La alianza estratégica que el presidente Alberto Fernández fraguó en la génesis de su gestión con los principales credos para afrontar la crisis sociosanitaria por la pandemia, bajo el concepto papal de que “nadie se salva solo”, se resintió con el rumor y posterior envío al Congreso del proyecto de legalización del aborto. Desde entonces, la convivencia no fue igual y volvieron las tensiones, más típicas de los años del matrimonio Kirchner en el poder.
Atrás quedaron las coincidencias y el apoyo de católicos y evangélicos a la ruta social trazada desde la Casa Rosada, con la lucha contra el hambre como prioridad; la “ayudita” del papa Francisco para la negociación de la deuda externa; el tedeum virtual del 25 de Mayo con un respaldo inusual del cardenal Mario Poli a la decisión gubernamental de prolongar el aislamiento preventivo por cuestiones sanitarias, y contrario a las voces que se alzaban para reclamar una mayor apertura por razones económicas; o el ofrecimiento de edificios eclesiásticos para la atención de enfermos leves de coronavirus.
El Presidente en Olivos junto a los representantes de Aciera.
Aunque no se llegó al punto de quiebre y los credos continuaron colaborando con el plan de contención social, la relación de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) y de la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA) con los residentes de Balcarce 50 se desgastó, y pasó a ser estrictamente protocolar y cimentada sobre la base de tres pilares: independencia, autonomía y mutua colaboración.
No obstante, una y otra institución eclesiástica apelaron a gestos y epístolas para evidenciar su malestar por el avance del proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en medio de la crisis del coronavirus, sobre todo por el impulso que el Presidente le dio en cumplimiento de su promesa electoral y con el 29 de diciembre en la mira para la batalla final en el Senado. Una posición presidencial que obispos y pastores conocían de antemano, y fehacientemente, pero que no esperaban que el primer mandatario fomentara en el contexto actual y cuando las prioridades, para ellos, deberían ser otras.
En esta línea de enojo eclesiástico, el episcopado decidió no pedir, por primera vez en años, la tradicional audiencia para saludar al Presidente por Navidad. Los obispos católicos lo habían hecho en diciembre 2019, cuando Fernández dijo que quería a la Iglesia como “aliada” para trabajar juntos en problemas como el hambre y las drogas y escuchó la primera queja por su posición frente al aborto. Un año después, optaron por no ir para que la foto del encuentro no se “usara políticamente” en vísperas de la votación en la Cámara alta. En su lugar, la cúpula episcopal le envió una carta “privada y personal” al primer mandatario a través del Secretario de Culto, Guillermo Oliveri, cuyo contenido las partes preservaron.
Los referentes de ACIERA hicieron lo propio y tampoco acudieron a la Casa Rosada para el saludo navideño, como lo habían hecho un año antes. También difundieron una declaración subrayando su posición contraria a la aprobación legislativa de la IVE, y dejando trascender el compromiso de la mayor alianza evangélica del país con toda política de Estado que “esté a favor de la gente” como es la Mesa del Hambre, hoy arrumbada en la agenda gubernamental.
Más allá de la crisis relacional entre el Gobierno y las iglesias más representativas, obispos y pastores buscan denodadamente que algunos senadores verdes cambien su voto. Tal como ocurrió con el santafesino Roberto Mirabella (PJ) que recibió la visita sorpresa del obispo Luis Fernández (Rafaela) en su despacho de Buenos Aires, o con el misionero Humberto Schiavoni (PRO), quien escuchó el planteo del obispo Juan Martínez (Posadas). En tanto, el pastor Osvaldo Carnival es el estratega evangélico con legisladores en duda o más permeables a escuchar los argumentos celestes.
Por su impulso a la legalización del aborto, el Presidente también perdió como aliados naturales a los curas villeros, el grupo de sacerdotes bergoglistas clave en la lucha contra la pobreza y las drogas en los barrios populares, que lidera el obispo porteño Gustavo Carrara y el sacerdote José María “Pepe” Di Paola, y que también tiene sintonía social con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En la vereda de enfrente, operadores albertistas dijeron a Letra P que confían en que la tensión del Gobierno con las iglesias irá mermando después del 29 de diciembre, se apruebe o no la ley, aunque se preguntan cómo quedará la relación de Fernández con Jorge Bergoglio, definida como de estrecha cercanía, tras el impacto mundial por el eventual título: “El aborto es legal en el país del Papa”.
