Ese encuentro mano a mano, previo a la pandemia por coronavirus y en el alba de un nuevo escenario político con cambios en la Casa Rosada y la provincia de Buenos Aires, quedó lejos en el tiempo. Horacio Rodríguez Larreta y Hugo Moyano se vieron cara a cara a principios de 2020, en el marco de una charla de relacionamiento que tuvo dos ejes: el contrato de la recolección de basura y la promesa de un gobierno PRO dialoguista con el sindicalismo peronista, ya sin Mauricio Macri en Balcarce 50. El regreso del peronismo al poder y la promesa larretista de una era de buena vecindad con el Frente de Todos (FdT) abrían cancha a una era de diálogo sin obstáculos entre el gobierno porteño y el líder sindical.
Esa charla, cargada de bromas futbolísticas porque el jefe porteño es de Racing y el sindicalista preside al clásico Independiente, se ajustó a lo protocolar. Y quedó en el pasado. Ahora, el escenario cambió drásticamente: Moyano aceitó su relación con Fernández y entró en tensión con Rodríguez Larreta porque la Ciudad, excusándose en el recorte de la coparticipación que definió la Casa Rosada, ajustará el contrato de recolección de residuos y afectará directamente al gremio de camioneros.
Con el objetivo de evitar la expansión del fuego cruzado, Rodríguez Larreta sacó a la cancha a tres funcionarios. El vicejefe de Gobierno, Diego Santilli, mantiene el diálogo fluido con Moyano padre. La conversación es constante y se da en nivel político al calor de una relación de años que se cimentó desde que Santilli, durante la gestión porteña de Macri, asumió como ministro de Ambiente y Espacio Público, la cartera que negocia el jugoso contrato de la basura. Los Moyano pasaron de la buena sintonía con Macri -monumento a Perón incluido- a la guerra sin concesiones, pero con el PRO de Larreta y Santilli jamás cortaron el vínculo. Por otra parte, la actual ministra de Ambiente y Espacio Público, Clara Muzzio, discute los números del contrato con las empresas y el subsecretario de Trabajo, Ezequiel Jarvis, es quien lleva el vínculo diario con Camioneros, específicamente con el secretario del gremio, Marcelo Aparicio, para evitar un eventual conflicto.
En millones
Para 2020, el contrato en cuestión significó $30.000 millones, lo que equivale al 6,2% del presupuesto porteño vigente. El gobierno PRO planea suprimir las jornadas de recolección los domingos, los feriados y los días festivos –Navidad y Año Nuevo-, días que los empleados de camioneros cobran doble. Naturalmente, estos adicionales implican una morigeración del salario de esos trabajadores y una merma en el contrato de las empresas de recolección que operan en todas las comunas de la Ciudad, a excepción de la N°8 (Villa Lugano-Villa Soldati y Villa Riachuelo) donde el servicio lo cubre el Estado.
Ese cambio generaría un ahorro de entre $2.000 y $3.000 millones y la herramienta legal para avanzar es la Ley de Emergencia Económica, que aprobó la Legislatura en mayo y que permite al alcalde modificar la letra chica de contratos y concesiones. De hecho, la revisión del acuerdo por este servicio esencial no es el único: también se ajustó el contrato de las empresas que hacen mantenimiento de hospitales, escuelas y edificios públicos, pero jamás se tocaron los salarios de los estatales.
La decisión puso en pie de guerra a Camioneros, que ya se declaró en estado de alerta y movilización. El sindicato admite que podría haber dificultades en el corto plazo, el larretismo niega que el conflicto escale hacia un cese de tareas y confía en que la negociación llegará a buen puerto para evitar el amontonamiento de basura en los barrios para fin de año. En el medio de esta disputa, Hugo y Pablo Moyano se reunieron con el presidente Alberto Fernández, quien después posó para la foto en ocasión del acto del Día del Camionero. El oficialismo porteño ve la mano del FdT en el conflicto, pero en la Casa Rosada y en el Instituto Patria lo niegan y devuelven: “Es una operación del PRO”.
El argumento del reperfilamiento de los contratos de la Ciudad se mueve en base a dos ejes: la caída en la recaudación por la pandemia por coronavirus y reorientar recursos tras el recorte de la coparticipación. La Casa Rosada llevó ese índice de 3,5% a 2,32%, una poda estimada por la Ciudad de $53.000 millones. Al mismo tiempo, el Congreso aprobó la ley que fija en un monto específico la transferencia de la Policía Federal a la Ciudad y regresa el coeficiente a 1,4%, como estaba antes de la gestión presidencial de Macri. Todo ese combo representa, según fuentes porteñas, una merma de $65.000 millones para 2021.
