10|5|2022

El Consejo Económico, al freezer

15 de diciembre de 2020

15 de diciembre de 2020

AF busca evitar que cualquier intervención del futuro organismo entorpezca las negociaciones con el Fondo. UIA y CGT esperaban convocatoria antes de fin de año.


Por Gabriela Pepe y Esteban Rafele

 


A dos semanas del cierre del año, la discusión por la conformación del Consejo Económico y Social parece congelada en el Gobierno y en la mayoría de los ministerios involucrados en su armado. Mientras el Ministerio de Desarrollo Productivo avanza en los documentos finales de las mesas sectoriales que servirán de base para la discusión general y los empresarios esperan un decreto para antes de fin de año, en Presidencia indican que la convocatoria se correrá hasta después del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), algo que el ministro de Economía, Martín Guzmán, prevé para marzo o abril.

 

Ante la consulta de Letra P, un asesor presidencial afirmó que el Consejo probablemente no se active “hasta que no se cierre el acuerdo con el Fondo”, para evitar que cualquier intervención del futuro organismo entorpezca las negociaciones. El armado sigue en cabeza del secretario de Asunto Estratégicos, Gustavo Beliz, pero sin fecha.

 

“Del armado se encarga Beliz. Es un tema suyo, no depende de los ministerios”, respondieron a este portal en una de las áreas que tendrá protagonismo cuando el Consejo esté en funcionamiento. En las últimas semanas, ni el Ministerio de Economía ni el de Trabajo, que lidera Claudio Moroni, tuvieron noticias sobre el avance del diseño. “No es algo que se esté trabajando para el corto plazo”, dijeron en Economía.

 

Semanas atrás, Moroni dijo en el programa radial Toma y Daca que la institución con la que el presidente Alberto Fernández buscaba impulsar acuerdos básicos entre el Estado, las empresas y los sindicatos todavía estaba en veremos. “No es fácil conformar un Consejo Económico y Social”, dijo. “Lo primero que hay que definir es la estructura del Consejo, tiene que estar bien institucionalizado, por ley. Queremos pensar la Argentina a 2030”, agregó.

 

En tanto, el nombramiento de Roberto Lavagna al frente del Consejo ya está virtualmente descartado. “No hay ninguna posibilidad”, le dijo a Letra P un dirigente de máxima confianza del exministro. La decisión se fundamenta en varias razones. Lavagna habló en este tiempo con empresarios y sindicalistas y afirma que “todos creen que el Consejo es un lugar para ir a pedir cosas” y que “si no entienden que hay que ceder en vez de pedir, no va a funcionar”. Además, no termina de convencerle la idea que plantean algunos dirigentes de que el Consejo buscará disputarle poder al Congreso.

 

En el lavagnismo tampoco consideran prudente que sea un economista de la talla de Lavagna quien encabece el Consejo, ya que podría generar la idea de que busca “competir con el ministro” Guzmán.

 

A distintas velocidades

Presidencia pone el Consejo en el freezer a dos semanas de que, ante los empresarios de la Unión Industrial Argentina (UIA), la plana mayor del Gabinete dejara trascender que el llamado sería por decreto y antes de fin de año. “Es el gran tema de 2021”, dijo uno de los ejecutivos que se entusiasmó con la alta participación de funcionarios en el cóctel de cierre de la Conferencia Anual Industrial, en la cervecería Quilmes.

 

El acuerdo tripartito fue el eje que cruzó la Conferencia, presidida por el titular de Copal, Daniel Funes de Rioja. La UIA llevó a dirigentes sindicales para buscar avances de dos de las tres patas de la convocatoria. Los empresarios pidieron trabajar en la reducción del costo laboral: subir salarios, pero bajar impuestos asociados. El titular de la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), Martín Rappallini, fue más allá y sugirió reemplazar las indemnizaciones por un seguro de desempleo. El secretario general de la CGT, Héctor Daer, comentó en ese ámbito que Fernández iniciaría la convocatoria más temprano que tarde. “El Presidente nos comentó el otro día que armará una matriz de diálogo para después institucionalizarlo. El diálogo tripartito es fundamental”, dijo.

 

El Ministerio de Desarrollo Productivo acelera para tener esta semana las conclusiones preliminares de las 16 mesas sectoriales que llevó adelante en los últimos meses y que darán -dicen en esa dependencia- la carnadura para discutir los acuerdos generales. Algunas mesas avanzaron más que otras. El sector automotriz llegó a la discusión con un proyecto de ley de inversiones cerrado entre las empresas y el Sindicato de Mecánicos (Smata). Según una fuente del sector privado, la discusión se estancó hace dos semanas, cuando giraron la iniciativa al Ministerio de Economía para que este opine sobre la rebaja de impuestos que piden las compañías: amortización acelerada de inversiones futuras, devolución rápida del IVA y quita de retenciones a las nuevas exportaciones que se realicen.

 

La poda impositiva es un reclamo transversal y atraviesa todas las instancias del Estado, desde las tasas municipales hasta los derechos de exportación. Pero se choca con las necesidades fiscales. Guzmán, en su conversación con Paolo Rocca de la semana pasada, fue contundente: no hay margen para bajar impuestos. “El costo fiscal de una inversión que no está es cero”, le responden en la cadena automotriz. En otras discusiones atadas a la productividad y la reducción de trabas burocráticas en pos de la competitividad, los avances son más posibles.

 

Las mesas, dicen en Desarrollo Productivo, también sirvieron para detectar y potenciar oportunidades de exportación. Durante 2020, la Argentina multiplicó por cuatro su capacidad para fabricar respiradores, mientras 53 países bajan aranceles para importarlos. “Ahora hay que trabajar para poder exportarlos cuando termine la pandemia”, indicaron.