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La denuncia penal presentada por el CELS y el Serpaj abre una grieta con el oficialismo. Contrapunta por Berni y fuego cruzado con la izquierda dura.

Por 04/11/2020 12:00

La denuncia penal presentada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) para que se investigue la “desproporción del uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales” durante el desalojo del predio de Guernica es la primera de las acciones abiertas desde un sector del progresismo y de organizaciones vinculadas a la defensa de derechos humanos en relación a la gestión en el gobierno bonaerense que encabeza Axel Kicillof.

Mientras el ministro de Seguridad Sergio Berni avanzaba con las tropas policiales sobre el predio, integrantes de ambas organizaciones estaban en el territorio con la misión de registrar imágenes que fueron acompañadas en la denuncia presentada en el juzgado de Garantías de Cañuelas (Departamento Judicial de La Plata), a cargo del juez Martín Rizzo, el mismo que ordenó desalojar la toma, dictamen luego confirmado en todos sus términos por la Cámara de Apelaciones y Garantías.

La denuncia lleva la firma (entre otras) del premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, titular de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), organismo que fue duramente cuestionado por Berni: “Les pagamos para que nos critiquen” dijo el militar en una entrevista radial post Guernica, cuando el organismo provincial ya había repudiado el operativo.

 

 

Una vez finalizada la barrida terrestre, desde el CELS y el Serpaj presentaron -en base a las imágenes obtenidas- oficialmente el escrito, fotos y videos que, según su óptica, muestra que existió una “desproporción” en el uso de la fuerza empleada por la Policía. Además, solicitaron que se investiguen “las responsabilidades penales correspondientes”, es decir, quién o quiénes dieron las órdenes que acataron los uniformados.

No es la primera vez que el CELS objeta políticas o acciones del gobierno de Kicillof. En febrero pasado, el proyecto de Berni de alojar presos en contenedores para descomprimir comisarías fue objetado por la organización. A ese rechazo se sumó el Comité Nacional Contra la Tortura, que advirtió que las cárceles contenedores no cumplen con las condiciones mínimas de habitabilidad requeridas.

Sobre este proyecto, la CPM no se expresó públicamente, pero sí se sumó al coro de críticas por el operativo en la localidad del partido de Presidente Perón. En el documento público emitido por el organismo se lee: “Las fuerzas de seguridad no cumplieron con el protocolo vigente y establecido por la Suprema Corte de Justicia para los desalojos: el acto se inició en la madrugada, luego de cortar la luz de todo el predio y disparando gases lacrimógenos y balas con postas de goma”. “Las familias debieron escapar en la oscuridad completa, sin poder llevarse sus pertenencias”. “Muchas casillas fueron prendidas fuego por agentes policiales. La mayoría de los detenidos presenta lesiones provocadas en el momento de su detención”.

 

 

PALABRA OFICIAL. Berni defendió el operativo y aclaró que los gases lacrimógenos “provinieron de grupos de izquierda”, por lo que solicitó a la justicia que “tome nota” del asunto. “Agradezco la posibilidad de aclarar que ninguno de los gases lacrimógenos que se vieron en el desalojo fueron tirados por nosotros. Todos provenían de grupos más radicalizados de izquierda que tenían no solamente esos gases sino también las máscaras antigases”, dijo Berni en declaraciones a Radio Mitre.

Y agregó que “solamente en Argentina puede pasar algo así y que quede naturalizado, que tengan semejante arsenal como yo nunca vi. Creo que la justicia tiene que tomar nota sobre esta situación”.

 

 

El Frente de Izquierda Unidad exigió a Berni que “pruebe sus acusaciones”. Myriam Bregman y Nicolás del Caño, junto a otros dirigentes, repudiaron que el “permanente ataque macartista de un ministro del Estado de la provincia de Buenos Aires gobernada por Axel Kicillof”.

Para los referentes de izquierda, las acusaciones de Berni “tienen un tinte payasesco” pero “no dejan de ser graves y peligrosas, ya que nos acusa –dijeron– de tener en nuestro poder armas como gases lacrimógenos, lo que podría habilitar allanamientos u otras medidas persecutorias”.

Por esa razón, exigieron que Berni “haga públicas las pruebas” que sustentan sus acusaciones sobre que poseen un arsenal de gases o que la propia gente quemó sus casillas donde perdieron sus pocas pertenencias. Y advirtieron: “Sabemos que no las tiene, se demostrará que miente y tomaremos las medidas legales que correspondan”.

 

 

En ese marco, los dirigentes juzgaron que “el gobierno de Kicillof y sus ministros actúan así porque hay un intento de encubrir lo que se vio por cadena nacional: una gran represión contra familias y sus hijos que pedían un lugar para vivir”.

Por último, detallaron que, “unos días antes del desalojo, el censo certificado por el SERPAJ y el CELS daba cuenta de que había 1.400 familias en el predio, por eso necesitan un chivo expiatorio y quieren convertir a la izquierda en eso”.