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Impuesto a las grandes fortunas: un acto de justicia

Tras la pandemia por coronavirus, varios países comenzaron a repensar en la matriz distributiva de las naciones. Argentina no fue la excepción. 
 

Impuesto a las grandes fortunas: un acto de justicia

18/11/2020 11:38

 

La pandemia no solamente ha afectado toda la actividad económica a nivel global, sino que también ha lastimado la estructura misma que organizaba las relaciones de producción. En todas partes del mundo vemos como los Estados comienzan a hacer especial énfasis en la necesidad de repensar la matriz distributiva de las naciones.

En este sentido, se instala una idea de justicia tributaria. Una transferencia de recursos desde los sectores más acaudalados hacia las inmensas mayorías que son más afectadas por la crisis. En resumidas cuentas, un impuesto a los grandes patrimonios. 

Esta discusión ya se ha instalado en la agenda de países como España, Italia, Rusia, Suiza, Brasil, Chile, Bolivia y Ecuador. Sean proyectos oficiales o iniciativas de la oposición, el tema se ha tornado ineludible hasta en los Estados Unidos. Aún en Alemania, donde ya existe una política tributaria altamente distributiva, analizan actualizaciones dada la dimensión de la crisis.

La Argentina no es excepción. Especialmente, después de un período en el que los dueños de las mayores riquezas se beneficiaron con blanqueos, magros controles de capitales, transferencias millonarias del Estado y, en consecuencia, más concentración. 

 

 

Acorde a los proyectos que toman fuerza en nuestro país, un nuevo contrato impositivo podría significar una recaudación de entre 100 y 200 mil millones de pesos, dependiendo del alcance del mismo. Es decir, si sólo se contempla los patrimonios más grandes del país, o si se extendiese también a las empresas que registren los mejores desempeños durante el último período fiscal.

Es menester no solamente apoyar la iniciativa parlamentaria, sino que es necesario considerar que el impuesto alcance a las empresas con rentas extraordinarias. De esta manera, la contribución no solo atenderá a las urgencias de los sectores más postergados, sino que también proveerá recursos para cuidar al aparato productivo nacional y proyectar su relanzamiento, destinando gran parte del recurso a lamicro, pequeña y mediana empresa (PYMES), inyectando recursos de manera inmediata.

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el gobierno de Alberto Fernández podrá destinar de lo recaudado un 25% para programas de exploración y producción de Gas Natural, un 20% para adquirir equipamiento de salud para seguir combatiendo la pandemia, un 20% para subsidios a las pymes, un 20% para el Plan Progresar, y un 15% para la urbanización de los barrios populares. Mientras de un lado se piensa en los más castigados por la pandemia, desde la oposición quieren instalar el debate de que esta Ley es  “confiscatoria y viola la Constitución Nacional”.

En un mundo que nos brinda la posibilidad de repensar nuestras relaciones, donde se revalorice lo humano y la solidaridad pueda ser un principio rector, cambiando la manera de distribución equitativa donde la pequeña y mediana empresa deba ser considerada una variable fundamental, como sujeto social y económico.  De esta forma se generará una matriz de producción que mejor represente ese nuevo espíritu de época.

Ahora es el momento de las PyMEs.