De acuerdo a un estudio del Instituto de Seguridad y Educación Vial (Isev), en 2019 la provincia de Buenos Aires registró –por lejos– la mayor cantidad de muertes por siniestros viales en el país (2.123). Bajo ese cuadro, en el gobierno de Axel Kicillof avanzaron en la elaboración de un plan integral tendiente a contrarrestar y disminuir los índices de siniestralidad y mortalidad en el tránsito, contemplando acciones que se plasman en un convenio marco que vio la luz esta semana y que apunta a la adhesión de los 135 municipios. El Gobierno propone crear observatorios municipales para consolidar estadísticas de siniestros viales.
Ya en este aspecto radica una de las diferencias sustanciales con la pasada gestión. De acuerdo a lo detallado a Letra P por las fuentes, en la actual administración detectaron que los convenios firmados en la materia durante la era vidalista mutaban según el municipio. Las variantes podían encontrarse en cláusulas, permisos y hasta en el porcentaje a recibir en concepto de infracciones.
Ante eso, se trabajó en un modelo estandarizado que sea igual para todos los municipios. “Cien por cien transparente”, destacan en los pasillos oficiales sobre el convenio por cuatro años –prorrogable– impulsado por la Dirección Provincial de Política y Seguridad Vial, para considerar que se trata de la “herramienta madre” para la ejecución del mencionado plan integral.
CINCO ACCIONES:
- Educación en seguridad vial.
- Promoción de medidas de concientización..
- Observatorio de Estadística Vial Municipal
- Fiscalización y comprobación eficiente del tránsito.
- Gestión de infracciones
Uno de los puntos en el que el Gobierno pone mayor énfasis es en la creación de observatorios municipales –en articulación con la Provincia– para consolidar estadísticas de siniestros viales a partir de las cuales sugerir medidas correctivas y diseñar las políticas en el área, entre las que se contempla la colocación de equipos de fiscalización de velocidad. El objetivo es que todas las rutas nacionales y provinciales tengan radares para regularizar la velocidad y reducir los siniestros.
Voces oficiales consultadas destacan que siempre tiene que existir un informe de accidentología que justifique dónde se coloca un radar, a la vez que los recursos obtenidos del cobro de una multa deben ser reinvertidos en el área.
Amén de esto, remarcaron que la Provincia es ajena a los convenios que cada municipio realice con proveedores del equipamiento de control del tránsito y que el Estado bonaerense solo recibe un porcentaje de lo recaudado por infracciones al hacerse cargo de la administración, implementación y operación del sistema informático para el procesamiento de todas las infracciones, emisión de notificaciones y asistencia para su juzgamiento por los diferentes Juzgados de Faltas. También, se detalló que la Provincia puso a disposición 14 líneas de WhatsApp para los infractores.
De todas formas, el convenio detalla que, a petición municipal, la Dirección Provincial de Seguridad Vial, a cargo de Federico Pedersoli, puede poner a disposición de la comuna –vía comodato– una cierta cantidad de equipos cinemómetros controladores de velocidad de instalación fija y/o móvil. También se pueden realizar operativos en conjunto. Actualmente, la Provincia posee 40 camionetas equipadas para esto.
EN EL TERRITORIO. Más allá de este ordenamiento en materia de seguridad vial que pretende la Provincia en su articulación con los municipios, en el llano distrital no se evaporan los chispazos políticos por la forma en que cada comuna aborda esta temática en general y el cobro de infracciones en particular, temas en los que siempre flota la misma pregunta: ¿se apunta a reducir la tasa de siniestralidad o el objetivo es meramente recaudatorio?
Por caso, en los últimos días se disparó un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición en Dolores por la avanzada del intendente Camilo Etchevarren (JxC) para la creación de un Juzgado de Tránsito Municipal, aprobado por la mayoría oficialista en el Concejo. Desde el Frente de Todos, el concejal Facundo Celasco consideró que esta maniobra “roza la inconstitucionalidad”, ya que la creación de fueros especiales por municipios no estaría avalada por la Carta Magna provincial. En esto, Celasco abre interrogantes sobre el manejo de radares y la recaudación por multas.
REPARTO. Con este nuevo convenio, el criterio de distribución del ingreso por multas será el mismo para todos los distritos, tanto por las faltas cometidas en el ejido urbano como por las actas labradas por inspectores y equipos municipales en rutas nacionales o provinciales que atraviesen el ejido urbano local; el producido por el cobro de multas se distribuirá en un 80% para el Municipio donde la falta fuere cometida y un 20% para la Provincia. Para los restantes casos, la distribución será 50 y 50, de acuerdo a las previsiones del artículo 42 de la Ley 13.927 (Código de Tránsito bonaerense).
En Mar del Plata, en tanto, las tensiones se generan dentro del mismo Juntos por el Cambio. Recientemente, el bloque UCR en el Concejo elevó un pedido de informes al Ejecutivo sobre el estado actual del convenio para la gestión de infracciones de tránsito. Sucede que, por ordenanza, no se puede notificar a infractores sin que los casos pasen antes por la comisión de seguimiento y control de este convenio, integrada por tres ediles y dos miembros del Ejecutivo. Pero lo cierto es que, en lo que va de la gestión de Guillermo Montenegro (PRO), esa comisión aún no se conformó ni reunió.
“Había incumplimientos por parte de la pasada gestión pero no se corrigieron en esta”, advirtieron a Letra P fuentes de la bancada radical, quienes se preguntan por el estado del convenio, si se notificaron fotomultas a partir de diciembre y, de ser así, bajo qué marco, ya que la comisión de seguimiento no estaba conformada. Al momento, afirman –con malestar– no tener respuestas.
