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La ex Señora 8 de la AFI macrista deberá llevar su defensa ante el juez mientras espera la definición de su procesamiento en otra causa que tramita en Dolores.

Por 08/10/2020 11:05

Silvia Majdalani, una de las responsables de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el macrismo, tiene una nueva cita judicial. Será este jueves en el fuero Federal de Lomas de Zamora donde se investiga otra arista del espionaje político, social y gremial en provincia de Buenos Aires. Mañana deberá hacerlo el exjefe de la AFI, Gustavo Arribas. En este expediente ya declaró Darío Nieto, quien negó las acusaciones, plantó su relato y no respondió preguntas.

Según se desprende del expediente, existen “motivos bastantes para sospechar que Gustavo Héctor Arribas; Silvia Majdalani y Darío Nieto han participado en la comisión de los hechos calificados prima facie como infracción a los artículos 210, 248, 249 del código sustantivo y 43 bis de la ley 25.520”.

La audiencia dispuesta por el juez Juan Pablo Augé no será presencial, se realizará mediante una plataforma virtual.

 

 

El juez Augé ya procesó -con prohibición de salir del país- a Arribas, por espionaje ilegal y falsedad documental contra el Instituto Patria (base política del kirchnerismo) y el domicilio de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Estas nuevas indagatorias son por otros casos de espionaje, con la particularidad que fueron realizados sobre opositores a Juntos por el Cambio y dirigentes cercanos al expresidente Mauricio Macri.

En la causa de Lomas de Zamora fue aceptada como querellante la Vicepresidenta. También se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal contra la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el vicejefe de gobierno, Diego Santilli; el obispo diocesano de Lomas de Zamora Jorge Lugones; el exintendente de La Plata, Pablo Bruera y el periodista del diario La Nación Hugo Alconada Mon, además de los dirigentes camioneros Hugo y Pablo Moyano. Según la investigación, también fueron espiados los dirigentes Emilio Monzó y Nicolás Massot.

El martes 6 de octubre último declaró Nieto, quien no aceptó responder preguntas, grabó la audiencia y la viralizó mediante redes sociales “porque es lo más transparente y honesto que puedo hacer para que se sepa la verdad”, según expresó desde su cuenta de Twitter.

 

 

Una de las pruebas que consta en el expediente es el contenido del teléfono celular de Nieto, de donde se rescataron mensajes y comunicaciones sensibles que ponen en una situación complicada al expresidente Macri. Sobre este punto expresó que su teléfono “fue claramente manipulado. Hay pruebas de esto en el informe pericial que figura en la causa y que firman todos los peritos -no solo el mío- reconociendo la manipulación del teléfono”.

CAMINO DESPEJADO. La defensa del exsecretario privado de Macri planteó una serie de objeciones a la investigación pero no tuvieron acepción favorable. La Cámara Federal de Apelaciones de La Plata validó una batería de medidas de prueba que habían sido realizadas con el objetivo de investigar la eventual participación de Nieto en las maniobras de espionaje político ilegal.

El tribunal de apelaciones rechazó las nulidades planteadas por la defensa de Nieto, a cargo del abogado Gervasio Caviglione Fraga, contra los allanamientos sobre su vivienda y la de sus padres, así como el secuestro y la apertura de su teléfono celular y otros elementos.

 

 

"La orden emitida es clara al disponer el registro del domicilio de Darío Hugo Nieto, el secuestro de ´teléfonos celulares o dispositivos electrónicos´, así como la ´requisa de vehículos y personas´. De la lectura de las actuaciones que se cuestionan, no se aprecia la ilegalidad reclamada, así como tampoco exceso alguno en el cumplimiento de la aludida manda judicial", sostuvieron los jueces César Álvarez y Roberto Lemos Arias.

"En términos generales, corresponde señalar que no se advierte que el procedimiento cuya legalidad se ataca se haya practicado en violación de las garantías constitucionales del encartado", expresaron.

Además, entendieron que, "por el contrario, la lectura de las actuaciones permite concluir que se llevó a cabo en cumplimiento de una orden judicial dictada en el marco de las disposiciones procesales contenidas en el código vigente".

 

 

Los magistrados señalaron que, en aquella orden de allanamiento dictada por el entonces juez de la causa Federico Villena, estaba indicado que en caso de que los aparatos de telefonía celular a secuestrar presentaran un bloqueo dispuesto por el usuario, se autorizaba al personal policial interviniente a emplear "la mínima fuerza pública necesaria a los efectos de que el investigado sea trasladado al asiento de dicho organismo pericial", lo que no fue necesario porque el imputado aportó las claves.

CONEXIÓN DOLORES. Arribas y Majdalani declararon hace una semana en la justicia Federal de Dolores, donde el juez Alejo Ramos Padilla define el procesamiento de los acusados en el marco del denominado caso Marcelo D’Alessio. El juez cuenta con un plazo de diez días hábiles para dictar una resolución, plazo que se vence la próxima semana.