Horacio Rodríguez Larreta está decidido a avanzar con la venta de los codiciados terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco de la Costanera Norte de la Ciudad de Buenos Aires. Bajo la excusa de que las concesiones terminaron, el jefe de Gobierno recibió en diciembre de 2019 el aval de la Legislatura porteña para autorizar esa operación. Ahora, el interbloque de Juntos por el Cambio hace pesar su mayoría y camina sin obstáculos para cambiar el uso del suelo y habilitar construcciones de hasta diez pisos en esos predios linderos al Río de la La Plata.
Sin número para frustrar el plan del oficialismo, la oposición se dispone a calentar la discusión en el recinto y se pinta la cara para la sesión del jueves 8 de octubre. El Frente de Todos (FdT) apuesta a denunciar la maniobra y habla de una compra teledirigida que tiene como fin "privatizar" la salida al río. La postura del principal bloque opositor se asemeja a la de JxC en el Congreso: sin número para torcer el destino de la agenda del larretismo, se promueve un escenario de confrontación total.
En este caso particular, la normativa que impulsa el gobierno porteño precisa mayoría simple para su aprobación. Sin embargo, en leyes que requieren 40 votos el trámite se complejiza para Juntos por el Cambio en la Ciudad de Buenos Aires. Con la conformación actual, el Gobierno tiene un interbloque de 37 bancas de un total de 60 que posee el recinto, un número que permite mayoría simple y cuórum propio, pero que no alcanza para la mayoría necesaria para leyes especiales o la habilitación del tratamiento de iniciativas que no pasaron por comisiones.
Rodríguez Larreta cuenta con los votos seguros del PRO, la Coalición Cívica y Confianza Pública, pero hasta ahora es una incógnita la postura del bloque radical que comparten Daniel Angelici y Martín Lousteau. El Frente de Todos (FdT) y la izquierda adelantaron su voto negativo. En el oficialismo también miran de cerca a Sergio Abrevaya (GEN) y Eugenio Casielles (Consenso Federal), que suelen votar junto al larretismo. Sin el aval de la Unión Cívica Radical (UCR), la rezonificación no sale.
El Frente de Todos salió a cuestionar el paquete legislativo desde fines de 2019, cuando se avaló la venta de terrenos linderos con los complejos de Costa Salguero y Punta Carrasco. Esa normativa, sancionada solo con los votos de Juntos por el Cambio, habilitó la construcción y venta de 60 inmuebles bajo el manto de un desarrollo urbanístico de 23 hectáreas frente al Río de la Plata.
La ley aprobada en diciembre establece que como mínimo el 65% de la superficie estará destinada a la generación de espacios verdes, mientras que el 35% restante estará permitido para construcción de inmuebles para oficinas y residencias. Por eso, el kirchnerismo habla de "presuntos negocios inmobiliarios". Desde el bloque de diputados porteños del FdT, los ediles Juan Manuel Valdés, Manuel Socías, Javier Andrade y Matías Barroetaveña alertaron hace meses sobre el avance del gobierno de Rodríguez Larreta sobre el sector público de la costanera del Río de La Plata.
El kirchnerismo denuncia que la zona de Punta Carrasco estará destinada a la construcción de un parque verde, mientras que en Costa Salguero se realizarían las construcciones de inmuebles. El Frente de Todos sostiene que en el proyecto arquitectónico presentado en la Ciudad se puede observar proyectos de construcción en el área de Carrasco. Según la oposición, esa idea "no estaba estipulada".
BONUS. En paralelo, el oficialismo porteño desempolvó una iniciativa para rezonificar terrenos en Villa Crespo, Palermo y Puerto Madero para habilitar emprendimientos inmobiliarios. Son terrenos privados que precisan un cambio normativo para poder ser explotados y el gobierno porteño propone que la Legislatura avale estos convenios entre sector público y privado con el agregado de una contraprestación de los dueños de las tierras.
La cifra que desembolsará el sector privado asciende a seis millones de dólares, una suma que la oposición calcula como irrisoria porque, por ejemplo en Puerto Madero, el valor del metro cuadrado no baja de 4.000 dólares. La Ciudad ofrece a un desarrollador inmobiliario un terreno en Juana Manso 350 de Puerto Madero sobre el cual se busca cambiar el tope de altura habilitado para permitir la construcción de una torre de departamentos de hasta 140 metros. El privado deberá girar 2,5 millones de dólares "que serán destinados a gastos erogados como consecuencia de la Emergencia Sanitaria con motivo del coronavirus y de la Emergencia Económica y Financiera", según de detalla en el proyecto de ley. También, parte de los fondos adquiridos se destinarán "a la construcción de una plaza pública en homenaje a las víctimas del atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina" en una zona cercana al Parque de la Memoria.
El segundo terreno, ubicado en Villa Crespo, precisa una ampliación de los usos del suelo y una habilitación para construcciones de hasta 36,7 metros de altura. Como contraprestación, el desarrollador inmobiliario abonaría un millón de dólares, también con destino a la gestión sanitaria. La tercera parcela está en el barrio de Palermo, detrás del Campo Argentino de Polo. La contraprestación asciende a 2,5 millones de dólares y el privado pide modificar la normativa del suelo para realizar futuras construcciones de 96 metros.
