“Se ha observado que las regulaciones implementadas el 15 de septiembre han tendido a reducir la liquidez del mercado, ocasionando una volatilidad que resulta dañina para el proceso de formación de expectativas”. La frase, contenida en el comunicado difundido el lunes por el Ministerio de Economía, que relajó las restricciones previas a la operatoria del dólar “contado con liquidación”, fue un dardo que no pasó desapercibido en el Banco Central, principal responsable de las acciones restrictivas anunciadas aquel día, de resultado insuficiente. Aquella vez, el titular de la autoridad monetaria, Miguel Ángel Pesce, se había impuesto en la rosca interna que busca desatar el nudo más acechante para el futuro económico y político del Gobierno: el dólar. Ahora, llega el turno de Martín Guzmán. ¿Todo el poder al ministro?
Para entender las medidas lanzadas el lunes, conviene primero repasar qué es el “contado con liqui” (CCL). Se trata de una operación legal para acceder a dólares que consiste en la compra de un título público en pesos y su venta en dólares; de la transacción surge una cotización. A diferencia del llamado “dólar bolsa” o MEP (Mercado Electrónico de Pagos), en aquel, la operación culmina en el exterior, donde quedan depositadas las divisas; de ahí que se lo denomine, también, “dólar fuga”, a pesar de que, por tratarse de una transacción entre privados, no afecta de ningún modo las reservas del Banco Central.
El problema es que, sobre todo por su carácter legal, la creciente brecha con el tipo de cambio oficial estimula las expectativas de devaluación de este, sobre todo precipitando anticipos de importaciones y demoras en la liquidación de exportaciones, lo que sí deteriora, a esta altura severamente, el nivel de reservas. La brecha también hace que el dólar oficial parezca barato y eso acelera las compras destinadas a atesoramiento, una ventanilla cerrada, en gran medida, por las disposiciones anteriores.
Fuente: Rava Bursátil.
Al cierre de la rueda del lunes, la brecha entre el CCL, que bajó tras conocerse la noticia de la distensión de sus operaciones, y el dólar oficial mayorista permanecía en un preocupante 112,7%.
Así las cosas y dada la falta de eficacia, al menos en el corto plazo, de las medidas del Central destinadas a desalentar la operatoria del CCL, Guzmán fue por la revancha y logró que el presidente, Alberto Fernández, cambiara su respaldo anterior a Pesce y le diera a él la chance de buscar el mismo objetivo –la reducción de la brecha– a través del camino opuesto: en lugar de cerrar la puerta del “contado con liqui”, abrirla y darle más liquidez a ese mercado.
Las medidas del lunes apuntan en tres direcciones principales, a saber:
-La Comisión Nacional de Valores (CNV, el órgano que regula la operatoria bursátil) disminuirá de los cinco días anteriores a tres el llamado parking, esto es, el tiempo durante el cual un inversor debe retener el título comprado antes de venderlo en billetes verdes. En una reversión total del vademécum de Pesce, eso apunta a quitarle incertidumbre y volatilidad a la operación.
-Además, Economía emitirá, entre el 9 y el 10 de noviembre, deuda por 750 millones de dólares, una decisión que, por poder suscribirse en pesos, apunta a los fondos de inversión extranjeros.
-Por último, se le impone al Central una marcha atrás con el ítem 5 de la
Comunicación A 7106, que cerraba la operatoria del CCL a no residentes.
Fuente: Banco Central de la República Argentina.
La alusión a los efectos “dañinos” del cepo ultra impuesto a mediados de septiembre cayó mal en el Banco Central, donde, ante la consulta de Letra P, se esforzaron por aclarar que todas las medidas, las anteriores restrictivas y las nuevas liberalizadoras, surgen de un debate y de un consenso dentro del equipo económico.
“Es cierto que la medidas anteriores quedan ahora revertidas, pero todo es parte de una política coordinada. No hay dos políticas económicas”, le dijo a este medio una fuente de la autoridad monetaria.
En la misma línea, se remitieron allí a declaraciones de la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca; del representante argentino ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) Sergio Chodos, y del propio Guzmán para señalar que el diagnóstico sobre las causas de las tensiones cambiarias es compartido: la permanencia en el país de fondos extranjeros que llegaron para especular con las tasas en pesos en tiempos de Mauricio Macri y quedaron atrapados en el cepo. Ante eso, afirman, buscan salir a cualquier precio a través del “contado con liquidación".
“Todo el tiempo estamos ante un híbrido. Ni antes (el 15 del mes pasado) la puerta para ellos quedó totalmente cerrada ni ahora está totalmente abierta”, dijeron en el Central. “No nos gustan las internas ni hay necesidad de tenerlas”, agregron sobre la referencia áspera del Palacio de Hacienda.
Sin embargo, las cuentas pendientes vienen de largo. También cerca de Guzmán sostienen que “el internismo no tiene sentido”, pero recuerdan cuánto le costó al ministro, en términos de reputación, su declaración de que “cerrar más el cepo sería una medida para aguantar y no vinimos a aguantar la economía”, algo desmentido apenas dos días después por las regulaciones hardcore del Central.
En el Palacio de Hacienda, creen que a las autoridades del BCRA no se les podía escapar que, de ese modo, descuidaban al ministro y lo dejaban en un off-side tan evidente como los de Wanchope Ábila; más todavía, cuando este advirtió, durante esa discusión interna de septiembre, que apretar el cepo solo iba a incrementar la presión sobre los tipos de cambio paralelos, complicar el manejo macroeconómico y comprometer la salud política del Gobierno y la propia estabilidad de los funcionarios.
Es más, dado que aquellas medidas incluyeron una de carácter fiscal, esto es el recargo del 35% a cuenta del impuesto a las Ganancias, las miradas torvas también se dirigen a la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marcó del Pont.
Todo eso lleva a preguntarse por el tipo de manejo que Fernández impone a la política económica: uno descentralizado y, en ese sentido, similar al de Macri. Así, en caso de fracaso de una determinada política, ¿quién se hace cargo? Además, cualquier traspié fuerte puede tener repercusiones políticas severas y salpicar a todos los funcionarios de la primera plana económica y, en tanto eje de las decisiones que un día se recuestan en uno de ellos y al siguiente en otro, al propio jefe de Estado.
Muchos analistas reclaman, desde hace mucho, saber quién maneja, con amplia autonomía, la política económica. Desde el lunes, parece ser Guzmán. ¿Durará ese esquema?
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