Aunque será presentado el 1 de abril, el gobernador Gustavo Sáenz ya tiene una hoja de tura para reformar la constitución de Salta. Se trata del "Consenso de Cambios para el progreso de Salta", un acta compromiso firmada en 2014 por representantes del Partido Justicialista, la UCR, el PRO y el Frente Primero Salta, además de otras fuerzas. Entre ellos estaban el actual mandatario, por entonces intendente de la capital provincial, y el ahora senador nacional Juan Carlos Romero, que juega en tándem con la bancada de Juntos por el Cambio, pero gobernó la provincia bajo el signo del peronismo. Si la presentación se concreta en la fecha prevista, comenzará un proceso que implicará el llamado a elección de convencionales en un plazo de tres meses luego de la declaración de reforma que vote la Legislatura provincial, con los dos tercios del total de los miembros de cada Cámara. 

El acta de 2014 cuenta con tres ejes para reformar una constitución que le permitió a Juan Manuel Urtubey gobernar la provincia por tres mandatos: una reforma política, otra judicial y cambios en los sistemas de control y fiscalización del Estado. 

El capítulo político del acta de consenso busca limitar el mandato del gobernador y el vice a un solo período, eliminar las reelecciones indefinidas en cargos políticos y establecer el tope máximo de dos mandatos consecutivos para los intendentes, senadores, diputados y concejales. Los cambios que impulsará el Ejecutivo también buscarán reformar "el sistema de representación en la Legislatura" y mutar a un sistema unicameral, en lugar de las dos que componen el Poder Legislativo en la actualidad.

Según sostienen los firmantes del acuerdo de 2014, es para "garantizar el igual valor del voto de los salteños y asegurar que cada fuerza política cuente con un número de representantes proporcional al total de votos obtenidos en la provincia". 

El nuevo texto constitucional también eliminará las facultades que le otorga al gobernador para cambiar o decidir cuestiones electorales, que pasarán a ser potestad de la Justicia. 

El segundo capitulo de la reforma buscará cambiar el sistema para la selección de jueces, mediante la implementación de concursos y la obligación de contar con una permanencia mínima de cuatro años en el cargo para que los funcionarios puedan postularse a otra función. Los cambios implicarán una reforma del Ministerio Público y la "inamovilidad" de los magistrados que integran la Corte de Justicia de Salta. 

En materia de transparencia, buscará dotar a la Auditoría provincial de potestades efectivas de control con un cambio clave: si el proyecto prospera, el organismo será presidido por un representante de la oposición, como sucede con la Auditoría General de la Nación (AGN) por mandato constitucional. También impondrá penas para funcionarios para el uso de bienes con "fines electorales o personales" y establecerá una revisión del sistema de contrataciones y la derogación de "superpoderes presupuestarios" y la potestad de transferir partidas y cualquier tipo de “gasto reservado”.

El artículo 184 de la carta magna provincial establece que puede reformarse mediante "una Convención convocada al efecto, siempre que la Legislatura declare la necesidad de la reforma con el voto de las dos terceras partes del total de los miembros de cada Cámara". El texto vigente establece que "declarada tal necesidad la Presidencia del Senado la comunica al Poder Ejecutivo y al Tribunal Electoral y manda hacerla pública en toda la provincial. Luego "el Poder Ejecutivo convoca a elección de convencionales, la que tiene lugar en el plazo mínimo de noventa días contados desde la publicación".