Tras un cierre de año signado por los cortocircuitos entre oficialismo y oposición en torno al infructuoso tratamiento del proyecto de ley impositiva bonaerense, las negociaciones durante los primeros días de 2020 se retoman con señales de mayor armonía luego del encuentro entre el gobernador Axel Kicillof y los intendentes de Juntos por el Cambio, los cuales, si bien remarcaron que los temas abordados con el mandatario no se centraron en la herramienta recaudatoria pretendida por el Ejecutivo, emitieron señales tendientes a reencauzar la discusión en ese aspecto.
En ese contexto, aparecen potenciales modificaciones en el proyecto original que surgen a partir del diálogo entre los representantes de la mesa chica y los bloques legislativos de Cambiemos con los emisarios del gobernador. Asimismo, avanzan negociaciones por retoques impositivos de menor envergadura. Sin embargo, sigue sin encontrarse un entendimiento por el aumento del 75% en el Impuesto Inmobiliario.
En este punto, en la Casa de Gobierno de La Plata aseguran que, para reducir el porcentaje de ese gravamen para grandes contribuyentes, tiene que haber una recuperación del monto que se deja de recaudar. Esa recuperación, a priori, no aparece. “Si eliminás el 75%, quedás en una trampa: o dejás de lado la progresividad y pagan todos el mismo aumento o desfinanciás la provincia”, explican a Letra P cerca de Kicillof. Advierten que, en ese escenario, habría menos coparticipación para municipios, obras y seguridad y menos inversióon en infraestructura escolar.
Muy diferente es la visión en Juntos por el Cambio. “La provincia de Buenos Aires hoy recauda aproximadamente $16 mil millones. El Gobierno quiere llegar a $30 mil millones, casi el doble. Con el planteo nuestro de bajar del 75 al 55%, estaríamos en $29.200 millones, o sea, no sería tanto”, precisó en diálogo con Letra P la diputada bonaerense y vice 1º del Comité Nacional de la UCR Alejandra Lordén, quien de todas formas no descartó alternativas para que ese porcentaje pretendido por el Ejecutivo “afecte a una menor cantidad de contribuyentes”: “Si para el gobernador es simbólico el 75%, habrá que ver si se puede destrabar de alguna otra manera. Puede ser que ese 75% quede, pero para menos partidas”, explicó.
La legisladora oriunda de Saladillo destacó que el planteo central de la oposición en este punto gira en torno al Inmobiliario Urbano, “que afecta a 2.6 millones de partidas, un 45% de los bonaerenses. El 45% de los bonaerenses no está en condiciones de pagar un aumento de esas características. Es una contradicción, porque por un lado estamos diciendo que la situación de la provincia no es buena y, por otro, le pegamos un impuestazo que le aumenta al 75% el valor del Inmobiliario”.
En esa línea, explicó que en Tandil el aumento del 75% en el Inmobiliario Urbano “afecta al 85% de las partidas”. En Chacabuco, el intendente radical Víctor Aiola también sostuvo que el 75% de aumento en el Inmobiliario Urbano (para los bienes valuados a partir de $680 mil) también afecta a la mayoría de los contribuyentes de su ciudad. “Eso hay que evaluarlo”, planteó Aiola en diálogo con Letra P, aunque puso de manifiesto puntos de encuentro con la postura de Kicillof. “Coincido con el gobernador en que hay gente a la que le ha ido muy bien en estos años, sobre todo aquellos que tienen su actividad directamente relacionada al dólar, y que esa gente es la que tiene que pagar más”, señaló.
Sobre el Inmobiliario Rural, marcó: “No es lo mismo un pool de siembra que tiene 5.000 hectáreas que un pequeño productor que tiene 50 y apenas puede pagar sus costos. Entonces hay que hacer una discriminación selectiva y ver qué es lo más justo para todos”.
Lordén también diferenció al Inmobiliario Rural: “Entendemos que, para la zona rural, si realmente son 200 cascos de más de 2 mil hectáreas, no es eso lo importante”.
Tras catalogar como “muy buena” la reunión que mantuvieron este jueves con Kicillof, el intendente de Chacabuco destacó: “Al gobernador lo ha votado el 52% de los bonaerenses y le tenemos que dar las herramientas para que pueda gobernar”. Y aclaró que la no sanción de la ley impositiva “también afecta a los municipios” que reciben por goteo recursos provenientes de la recaudación bonaerense.
Según supo Letra P, las modificaciones en la Impositiva sobre las que trabaja el Ejecutivo bonaerense apuntarán a los porcentajes gravados en los Ingresos Brutos en actividades específicas en las que la oposición centró sus quejas. Por ejemplo, el 3,5% para la “venta al por menor de medicamentos de uso humano”, que impactaría en el precio final al consumidor.
“Se incrementan los límites de facturación previstos para alícuotas especiales y, en líneas generales, se mantienen las alícuotas vigentes durante el año 2019, con excepción de algunas actividades cuya alícuota se establece dentro de los límites del Consenso Fiscal 2019”, remarca sobre Ingresos Brutos el proyecto original que no pudo ser tratado en la Legislatura.
En Juntos por el Cambio, Lordén destacó que son necesarias esas modificaciones en Ingresos Brutos para medicamentos: “Los encarecía en un 133% porque era un impuesto que iba del 1,3 al 3,5%”. La legisladora comentó que se baraja la posibilidad de consensuar un porcentaje “intermedio”.
Además, está en la mesa de negociación el artículo 100 del proyecto de la ley, que establece un incremento extraordinario en el impuesto sobre los Ingresos Brutos aplicable a diversas actividades vinculadas a la explotación de terminales portuarias bonaerenses.
“Son más de 100 millones de dólares lo que le costaría al agro con ese impuesto cargar y descargar en los puertos de Buenos Aires, con lo cual también podía generar que se eligieran puertos de otras provincias y eso vaya en desmedro de la nuestra”, alertó Lordén, para también especificar que existen planteos de la oposición sobre el impuesto a las patentes de los vehículos: “Era del 100% a partir de 2009 para los municipios y ahora hay una quita del 20%. Eso también es conversable”.
De cara al abordaje legislativo previsto para el próximo miércoles 8, la legisladora radical planteó: “Queremos que el gobernador saque su ley, pero que sea consensuada. Para eso está la Legislatura, para consensuar. Ese es el camino y seguramente vamos a encontrar la solución para el 8”.
