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El exministro la quiere para uno de sus alfiles. Legisladoras oficialistas y opositoras, referentes sociales y del colectivo feminista, a la Justicia para que asuma la dirigente PRO Adriana Cáceres.

Redacción 17/01/2020 13:08

El requisito de paridad de género en las listas nacionales, que el Congreso aprobó en 2018 y empezó a regir en 2019, complica al jefe del bloque PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, en su intento por contar con un legislador de su riñón en ese cuerpo. Al fallo del juez electoral de la provincia de Buenos Aires, Adolfo Ziulu, que indica que debe asumir Adriana Cáceres y no Marcelo Del Sol, íntimo del exministro bonaerense, se le sumó una ola verde transversal que hizo una presentación judicial para que asuma la candidata mujer. Mientras sigue la riña, falta la resolución del máximo tribunal electoral.

La banca en disputa es por el reemplazo de Guillermo Montenegro, que asumió en la intendencia de Mar del Plata el 10 de diciembre. La causa aún espera resolución de la Cámara Nacional Electora (CNE), tras las apelaciones del ritondismo, pero legisladoras del PRO, del peronismo y del kirchnerismo, junto a referentes sociales y de los derechos de las mujeres como Dora Barrancos y Diana Maffia, firmaron un Amicus Curiae. Entre otras, rubricaron la presentación las diputadas Silvia Lospennato (PRO) y Mara Brawer (Frente de Todos), la ex presidenta del Instituto Nacional de la Mujer Fabiana Tuñez y la parlamentaria del Mercosur María Luisa Storani.

 

 

Cáceres fue la candidata 16 de la lista que encabezó Graciela Ocaña como postulante a diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y Del Sol ocupaba el renglón siguiente. Al igual que la exfuncionaria PRO, el colectivo de mujeres que hizo la presentación judicial reclama que se aplique la paridad de género. No obstante, el ritondismo puso el foco en la interpretación del criterio a aplicarse: si dejar correr la norma vigente o contemplar que la lista es del año 2017 y, por ese entonces, no regía la paridad.

“Entendemos que, al ser reconocida la ley de paridad como una herramienta de acción afirmativa, la asignación de la banca de diputado nacional renunciante al candidato varón que la pretende, vulnera el principio de igualdad real que promueven y buscan justamente estas medidas compensatorias. Por eso, no puede exigirse su aplicación retroactiva a favor de los hombres en los reemplazos de las bancas logradas en el marco de la ley de cupo (elecciones legislativas del 2017), cuando aún no se ha efectuado la renovación de todo el cuerpo bajo esta norma y la Cámara de Diputados aún no posee un 50% de mujeres en sus bancas”, argumenta la presentación.

 

 

En ese sentido, el texto agrega un comentario sobre la constitución de la lista de Cambiemos en 2017: de los 35 candidatos titulares de la lista, las mujeres representaban el 34% (12) respecto de los varones, con un 66% (23). Mientras se aplicó la ley 24.012 (cupo femenino,vigente hasta las elecciones de 2017) constituyó un serio obstáculo para el ingreso equitativo de hombres y mujeres en el órgano legislativo.

"De las 15 bancas obtenidas por Cambiemos en 2017, diez fueron varones y cinco, mujeres. Entró el doble de varones, precisamente por su posición aventajada respecto de las mujeres en el armado de la lista”, explica el documento firmado por el colectivo de mujeres. En otro caso, que también involucra al frente opositor, la jueza electoral María Servini resolvió que la plaza en disputa fuera para una mujer con el argumento de la retroactividad de la ley de paridad de género (votada a fines de 2017) y marcando que las mujeres están subrepresentadas en la Cámara de Diputados.

 

 

Con estos antecedentes, peligra la jugada de Ritondo, que dio la batalla judicial para quedarse con el escaño. Por otra parte, este viernes el fiscal de cámara se inclinó en favor de Cáceres al resaltar que la decisión de no dejar asumir la banca a la referente PRO "resultaría incompatible con los derechos políticos de las mujeres y con el principio de progresividad de los mismos".

"No puede avalarse ahora una dilación de la igualdad que se procura con una interpretación parcial de la norma", concluyó el funcionario del Ministerio Público Fiscal (MPF).