A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el presidente Mauricio Macri ordenó que hasta el 30 de abril del año próximo todos los organismos del Estado Nacional solo pueden colocar sus excedentes transitorios de dinero en Letras del Tesoro (instrumentos de corto plazo en pesos y en dólares), actualmente “reperfiladas”, esto es que con sus términos de vencimiento estirados. La idea, según surge del mismo texto, es emitir más deuda de corto plazo que ya no toman los inversores privados para hacer frente a gastos corrientes, como salarios y planes sociales.
El DNU 668/2019, publicado este lunes en el Boletín Oficial, implica que esta asignación de deuda intra Estado tendrá vencimiento en un máximo de 180 días, esto es dentro de la próxima administración, que asumirá el próximo 10 de diciembre.
Alcanza a “todas las Jurisdicciones y Entidades del ESTADO NACIONAL, incluidos los fondos fiduciarios y patrimonios de afectación específica administrados por entidades del Sector Público Nacional”. Con todo, el decreto no se aplicará a los bancos públicos, al Congreso al Poder Judicial, se aclara.
Sin que el ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, tenga aún la garantía de que el Fondo Monetario Internacional (FMI) cumplirá antes de fin de año con el envío de los 5.400 millones de dólares pendientes, el Gobierno decidió saltearse al Congreso y puso la mira, básicamente, en el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (GFS) de la ANSES, principal caja del Estado, aunque severamente depreciada por la serie de devaluaciones recientes del peso y por la depreciación de los activos (títulos públicos y acciones) que tiene en cartera. La medida pone fin a las versiones sobre la resistencia de los directores de la seguridad social a sumar letras “reperfiladas” que los inversores privados ya rechazan.
Gustavo Reija, director de la consultora Mecronomic, calificó el DNU del Presidente de “sumamente grave”. “Tanto en lo que hace al Tesoro como al Banco Central, se revela una preocupante situación posterior al 10 de diciembre, ya que la nueva administración encontrará a nivel fiscal títulos de deuda en lugar de recursos y, además, muy pocos dólares de libre disponibilidad para afrontar compromisos financieros”.
Entre los considerandos de la medida, el DNU (que debe ir al Congreso, pero que le bastará con que una de las dos cámaras le dé su visto bueno para mantenerse vigente) alude a “la inestabilidad financiera y cambiaria que atraviesa la economía de la Nación” y al “propósito inmediato de restablecer el equilibrio de las variables económicas”.
“Dentro de esa estrategia, se advierte que una de las necesidades más urgentes es la de asegurar el mantenimiento del financiamiento fiscal a corto plazo, mientras las demás medidas implementadas generan los efectos necesarios para recuperar el acceso a medios de financiamiento que en este momento no resultan accesibles a costos razonables”, añade.
El DNU suspende “la prohibición contemplada en la parte final del último párrafo del artículo 56 de la Ley Nº 24.156 y sus modificaciones para lo que resta del corriente ejercicio presupuestario”.
¿Qué es lo que dice ese artículo de la ley de Administración Financiera?
“El crédito público se rige por las disposiciones de esta ley, su reglamento y por las leyes que aprueban las operaciones específicas.
“Se entenderá por crédito público la capacidad que tiene el Estado de endeudarse con el objeto de captar medios de financiamiento para realizar inversiones reproductivas, para atender casos de evidente necesidad nacional, para reestructurar su organización o para refinanciar sus pasivos, incluyendo los intereses respectivos.
“Se prohíbe realizar operaciones de crédito público para financiar gastos operativos”.
El último punto es el blanco del DNU.
Reija pone el acento en esta cuestión. “Al suspender la prohibición del Estado para endeudarse a fin de hacer frente a gastos corrientes, surge claramente que esta colocación de deuda será para el pago de salarios y gasto social”, advirtió.
“Ante la total ausencia de financiamiento interno y externo se ha puesto en marcha la política de raspar el fondo de la olla, tanto a nivel del Tesoro como del Banco Central”, dijo Reija.