Fue el hombre que terminó saliendo eyectado del cargo de ministro de Energía luego de haber aplicado el tarifazo a los servicios públicos y la liberalización de los combustibles. Hoy, Juan José Aranguren, sigue en la misma línea de pensamiento y cuestionó con dureza el congelamiento por 90 días en naftas que ordenó el gobierno de Mauricio Macri.
El ex Shell afirmó que debe ser "prontamente subsanado" el congelamiento, al entender que es "un desincentivo a la inversión en el sector" y "tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica". Así se desprende del informe difundido este martes por la consultora Energy Conilium que preside Aranguren, en el que se analizaron los alcances del decreto que dispuso la fijación de precios en la cadena de comercialización de petróleo crudo, naftas y gas oil tras la devaluación del peso de la semana pasada.
Lopetegui, el encargado de comunicarles el congelamiento a las petroleras.
El reporte consideró que el decreto es "un retroceso significativo en términos de política energética" y destacó que "es la primera vez desde la desregulación de 1991 que se instrumenta de manera formal una fijación de precios directa sobre el sector".
"Es un desincentivo a la inversión en el sector que, de no ser prontamente subsanado en sede administrativa o judicial, generaría un precedente que será tenido en cuenta por los futuros inversores más allá de la duración de esta intervención; y los consumidores y contribuyentes, tarde o temprano, terminarán sufriendo las consecuencias", advirtió el informe.
Además, la consultora consideró que el congelamiento "tiene un impacto significativo sobre la seguridad jurídica del sector" ya que el mismo es el único donde la administración central intervino los precios "en perjuicio de los actores privados, en lugar de modificar la carga impositiva", como fue el caso de los productos de primera necesidad.
Al plantear la necesidad de revisar la medida del Gobierno, la consultora que encabeza el ex ministro aseguró que dar marcha atrás en el congelamiento permitirá "evitar que la energía sea considerada como una herramienta de política económica discrecional". Por lo tanto, entendió, "no sujeto a las reglas de los mercados competitivos donde los agentes privados tomen decisiones de inversión a riesgo sobre la base de marcos regulatorios estables y conocidos".