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Las instituciones encargadas de asistencia a las víctimas cuentan con reglas de abordaje para resguardar identidad e integridad y evitar la revictimización. Opinión y crítica de especialistas.
Por 16/08/2019 15:31

El video en el que se ve a María Eugenia Vidal advirtiéndole a un presunto agresor que el Estado está al tanto de las denuncias hechas en su contra por una víctima de violencia de género pone de manifiesto que la gobernadora de Buenos Aires incumplió todos los protocolos de asistencia a las víctimas en estos casos.

Las imágenes, que fueron grabadas en abril pasado en el barrio Carlos Gardel del distrito de Morón en el marco de una visita de Vidal a la casa de una vecina que tiene un emprendimiento familiar, se viralizaron y desataron una lluvia de críticas del colectivo feminista no solo por su uso político, sino por el abordaje de la problemática. Consultado por Letra P, el Gobierno se defendió diciendo que no filmó el video, aunque reconoció el accionar de la mandataria, al que describió como un “gesto” para con la víctima.

“Hay definiciones éticas respecto a la exposición de las víctimas y de sus situaciones en las redes sociales y mucho más en los spot publicitarios de campaña”, dijo a Letra P Laurana Malacalza, docente e investigadora universitaria y ex coordinadora del Observatorio de Género dependiente de la Defensoría del Pueblo bonaerense, en referencia al accionar de Vidal al margen de las medidas y de los dispositivos estatales tendientes a resguardar a las mujeres violentadas.

 

 

La Guía para la Prevención e Intervención de Situaciones de Violencia, desarrollada por el Instituto Nacional de las Mujeres y firmado por la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Carolina Stanley, detalla una serie de “recomendaciones generales para el abordaje de cualquier situación de violencia”. Entre otras cuestiones, indica que “las y los profesionales y/o los equipos interdisciplinarios que intervienen en las situaciones de violencia contra las mujeres deben tener competencias y capacidades para la atención de mujeres en situación de violencia incorporando el enfoque de género para la comprensión integral de la problemática; y altos estándares éticos”.

Además, “recomienda resguardar estrictamente la información y asegurar la confidencialidad” y sostiene que “la filtración de la misma produce situaciones revictimizantes y en la mayoría de los casos agrava las consecuencias de la violencia”. Agrega que “el equipo interviniente debe proveer de información sobre procedimientos (civiles, laborales, penales) y recursos legales, sociales y de salud”.

En el ámbito de la provincia de Buenos Aires, además de regir la ley 26485 de Protección Integral de las Mujeres, funciona el Instituto de Género y Diversidad Sexual, a cargo de Agustina Ayllón, y las distintas instituciones intervinientes ante situaciones de violencia de género cuentan con diferentes reglas para abordar la problemática. El personal actuante cuenta con el protocolo de actuación del personal policial; el protocolo de organización y funcionamiento de los equipos interdisciplinarios y el protocolo de aplicación para las llamadas telefónicas que involucren casos de violencia.

 

 

Para Malacalza, el spot “reafirma lo que el Estado provincial viene desarrollando en materia de políticas públicas y violencia de género” y destaca que, como mecanismo de acción, “recae en las víctimas el encontrar estrategias para superar la situación de violencia y el Estado interviene sólo para promover que la víctima impulse las denuncias judiciales y policiales”.

“La respuesta del Estado provincial sólo se ha centralizado en eso. El problema deja de ser pensando en sus múltiples dimensiones”, lanza Malacalza.

“En casos de violencia de género, es la justicia la que debe actuar y dirimir cuáles son las acciones a llevar a cabo”, señala a Letra P la psicóloga especialista en temas de género Paula Lambertini.

Lambertini considera que “la vida social sería difícil si ante cada situación se le tocase la puerta a la persona que está acusada, sin que mediara la justicia, sin que hubiera una decisión judicial y un juez que avalase esa decisión”.

 

 

La especialista apuntó que, “cuando se denuncia una situación de violencia, es el juez el que dicta una media preventiva, como una perimetral, para evitar una situación de agravamiento, para preservar y proteger la vida de esa mujer. La potestad de cumplir esas medidas es del Ministerio de Seguridad por intermedio de la Policía bonaerense”.

Y agrega: “No va la gobernadora, ni nadie, a apretar a una persona, a un agresor, sin una orden institucional, con leyes que demarcan ciertas pautas, caminos, rumbos, protocolos, pasos a seguir para abordar situaciones se violencia”.

En este sentido, la psicóloga consideró que es “irresponsable que la gobernadora genere un video para apropiarse de los ejes que venimos desarrollando desde el feminismo en clave individual, violentado todas las leyes y los dispositivos judiciales”.

 

 

“Es un video un poco cruel, un aprovechamiento electoralista de una demanda de las mujeres”, señaló Lambertini, que además es candidata a concejala platense por el Frente de Todos, y remarcó que, “en casos de violencia de género, es la justicia la que debe actuar y dirimir cuáles son las acciones a llevar a cabo”.

Lambertini, en línea con Malacalza, cuestiona las políticas pública en materia de violencia de género. “Después de cuatro años de gestión de la gobernadora nos encontramos con un fuerte divorcio entre el Estado y las mujeres. No existen políticas públicas que aborden esta temática en términos de prevención y asistencia y, muchos menos, en materia de políticas de promoción de la igualdad”, señaló. Y destacó que “los pocos dispositivos que existían se han desmantelado, por ejemplo, la línea 144”.