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Apura un proyecto para limitar la cuota solidaria y los aportes patronales a sindicatos. La interna feroz en el Ministerio de Producción y el fantasma de una campaña antisindical.
Por 07/07/2019 8:50

Con el objetivo explícito de reducir los costos laborales, la Secretaría de Trabajo apura un proyecto para condicionar la firma de los convenios colectivos de trabajo a una rendición más prolija de los recursos que perciben los sindicatos de parte de las empresas. La medida podría alterar la decisión de la CGT de no convocar nuevas medidas de protesta en lo que queda del año y reaviva la interna en el Ministerio de Producción.

Durante las últimos semanas, el secretario de Trabajo, Lucas Fernández Aparicio, hizo circular por los despachos oficiales un borrador del proyecto en el que estudian diferentes mecanismos para avanzar en el control del dinero que perciben las organizaciones gremiales de partes de las empresas, conocido como "aportes especiales". El borrador, al que accedió Letra P, muestra tres escenarios posibles en el que se incluye, en la versión más ambiciosa, la posibilidad de condicionar la homologación de nuevos convenios colectivos y el ingreso de nuevos recursos patronales a una rendición más detallada de esos recursos.

"Aportes especiales" es la designación oficial de los recursos que las empresas giran a las organizaciones gremiales y que, según lo que establece el decreto 467/88, deberían administrarse de manera separada al resto de los recursos, algo que no suele ocurrir.

 

 

En el mundo sindical la novedad preocupa, más que por su impacto, porque en los despachos oficiales se menciona a la medida como la primera de una serie de acciones para limitar el financiamiento sindical.

La alarma tiene asidero. En las últimas horas, Aparicio blanqueó que su intención es avanzar también sobre el pago de la cuota sindical solidaria, que no es ni más ni menos que los ingresos que perciben los sindicatos de parte de los trabajadores no afiliados. Este ítem es fundamental en las finanzas de los gremios, ya que lo recibe la inmensa mayoría de las organizaciones y representa, en muchos, un ingreso mucho más sustancial que el de los propios afiliados.

El proyecto de Aparicio amenaza también con profundizar las tensiones dentro de la Secretaría de Trabajo, entre el sector mayoritario de funcionarios que le responde al ministro y el que llegó de la mano del titular de Transporte, Guillermo Dietrich.

Cerca de Sica, aseguran que no existe una decisión de confrontar con la CGT, pero reconocen la existencia del proyecto al que le bajan el precio considerándolo "un borrador de un funcionario". Tiene lógica: en la cartera de Producción se sintió el vacío que significó la ausencia de los secretario general de la principal central obrera en la reunión convocada por la OIT que, la semana pasada, prometía entregar una codiciada foto de Sica con los representantes gremiales y empresariales.

 

 

En la CGT explican que el desplante se debió a que el Gobierno cambió sobre la marcha el eje de la reunión y "lo iban a vender como un respaldo al acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, cuando ni siquiera se sabe de qué se trata". El desplante coincidió también con la confirmación oficial de que, si Mauricio Macri fuera reelecto, volverían a impulsar una reforma laboral frustrada por presión sindical en los últimos años. 

En contraste, los funcionarios no alineados con Sica leen que las acusaciones de "mafioso" que le espetó a Hugo Moyano el propio Presidente durante el acto del Día de la Bandera en Rosario, se impone un eje de campaña. De hecho, el viernes, Dietrich disparó munición gruesa contra los gremios aeronáuticos que afectaron decenas de vuelos y vinculó sus medidas de protesta a una campaña del kirchnerismo.

Por su relación histórica con los gremios industriales, Sica sabe que un avance contra los recursos gremiales desataría un conflicto en plena campaña electoral y lo va a colocar en el medio de un ring en el que no tiene interés de estar. También sabe que la política de "acuerdos sectoriales" que impulsó como forma de encarar las prometidas reformas en el mundo laboral no está rindiendo los frutos que exigen los tiempos electorales.

 A modo de advertencia, el documento en cuestión señala que "el rechazo va a ser alto y puede tener un impacto negativo en los trabajadores" y recomienda "un trabajo muy cercano con las asociaciones sindicales para definir el marco de acción". Esa capacidad de diálogo y negociación con la CGT solo la tiene el ministro, pero no pareciera ser un recurso al que vaya a apelar el Gobierno en el actual escenario político.