La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires aprobó este jueves la ratificación del traspaso del servicio de distribución de energía eléctrica de la órbita nacional a la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. La transferencia está en marcha desde principios de 2019, pero el Parlamento convalidó el acuerdo entre el gobierno nacional y el de la Ciudad, aunque la oposición a Juntos por el Cambio cuestionó "la forma y el modo" y habló de una "condonación de deuda" por parte del Estado hacia las compañías Edenor y Edesur.
El legislador Santiago Roberto (Bloque Peronista) manifestó que el proyecto “convalida tácitamente una condonación de deuda millonaria a las empresas, en perjuicio del Estado y de los usuarios, que no representa una mejora del servicio”.
“Celebramos que se dé un paso más en la autonomía de la Ciudad, pero un tema de tanta importancia no se trata solo en tres meses. El Ejecutivo manda propuestas que luego no admiten discusión ni mejoras. Estamos perdiendo una oportunidad para corregir los problemas que vivimos los porteños respecto al servicio de energía eléctrica”, agregó.
La ratificación legislativa del traspaso obtuvo el voto mayoritario del bloque oficialista Vamos Juntos y de sus aliados Evolución, Partido Socialista y Gen. Unidad Ciudadana, mientras que el Bloque Peronista y los cinco diputados de izquierda se opusieron. El resultado fue de 41 votos positivos contra 17 negativos.
Según Roberto, el Gobierno “quiere que tomemos una decisión sin saber qué monto de condonación de deuda incluye el convenio, ni qué control o direccionamiento habrá para los 7 mil millones de pesos que se establece que las empresas deberán destinar para realizar inversiones a futuro”.
El legislador remarcó que “la falta de cumplimiento de las obligaciones por parte de las empresas es evidente. Lo que pasó con Edelap en la ciudad de La Plata y el apagón nacional que ocurrió el Día del Padre, son una muestra de la falta de inversión y de planificación por parte de las prestadoras del servicio, y de un Estado que no sabe o no quiere controlarlas”.
En este sentido, detalló que “la tarifa de energía eléctrica aumentó más del 1.500 por ciento desde el 2016, se siguen registrando cortes y graves fallas en el servicio. Entonces, ¿este traspaso representa un beneficio real para los vecinos o para quién?”.
Por último, Roberto destacó que “tampoco queda claro en el convenio qué va a pasar con la situación de los 416 trabajadores del ENRE, cuya continuidad laboral no está garantizada en el nuevo organismo que se crea, en base a la ley de Contrato de Trabajo, respetando los derechos que ya vienen teniendo”.
