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Sobreprecios y menos obras: un informe desarma el relato de la revolución vial

El sindicato de Vialidad filtró datos técnicos sobre uno de los ejes de la campaña macrista. Muestra que los trabajos en rutas son menos que las anunciados y que adecuaron contratos a empresas amigas.
El sindicato de Vialidad filtró datos técnicos sobre uno de los ejes de la campaña macrista. Muestra que los trabajos en rutas son menos que las anunciados y que adecuaron contratos a empresas amigas.
Por 25/07/2019 8:43

Con una batería de denuncias, que van desde la falta de transparencia en las licitaciones hasta las malas condiciones de las rutas provinciales y nacionales, pasando por el ajuste en el organismo encargado de controlar y proyectar, el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina (STVyARA) apuntó, mediante un informe técnico, a desarmar el discurso oficial sobre la obra pública, uno de los pilares de la campaña. En plena ofensiva oficial contra el espacio gremial que orienta Hugo Moyano, el sindicato que conduce Graciela Aleña, alineado con el camionero, sacó a la luz un informe en el que exponen la reducción de las licitaciones en obras viales durante el gobierno de Cambiemos, en comparación con lo licitado durante el kirchnerismo.

El documento se conoció casi en paralelo a que el Consejo Federal Vial advirtiera sobre "el colapso de una cantidad significativa de sectores de la red nacional vial", que "obligó a los usuarios a derivar su circulación hacia rutas provinciales". 

El trabajo, elaborado por técnicos y profesionales de la Dirección de Vialidad Nacional (DVN), revela además que la estructura del organismo se expandió escandalosamente cuando pasó de tres gerencias en 2015 a 28 en la actualidad, cambios que, aseguran, no redundó en más ni mejores obras, sino más bien en todo lo contrario.

 

 

LA AUTOPISTA DEL AJUSTE. El informe precisa que “a fines de 2015 se encontraban en ejecución más de 1.000 kilómetros de autopistas y solo se terminaron 240". En esta misma tónica, informan que durante los tres gobiernos kirchneristas se licitaron obras en rutas y autopistas a razón de 7.840 kilómetros por año, mientras que en la actual administración fueron 1.877.

En el punto de las obras iniciadas, durante el Gobierno anterior comenzaron anualmente 162, casi el doble de las 67 en la actual. Sobre las obras finalizadas, 113 concluidas anualmente por el kirchnerismo contra 57 en promedio durante la era Cambiemos.

La relación entre el sindicato de trabajadores viales y las autoridades del sector arrastra viejas rencillas desde la llegada del primer presidente del organismo designado por Cambiemos, Javier Iguacel.

ENEMIGOS ÍNTIMOS. El funcionario fue acusado por el sindicato en 2017 de promover el "vaciamiento" de esa agencia a través de la creación de Corredores Viales, una sociedad anónima que absorbió funciones de la cartera vial y con la que, según los sindicalistas, evadía los controles técnicos y financieros que se le imponen a la DVN. Un año después, antes de convertirse en secretario de Energía, Iguacel ordenó el cierre de cinco escuelas viales y el despido de 200 empleados, lo que desató un conflicto gremial que aún perdura.

Antes, los trabajadores denunciaron que el funcionario facilitó el pago de sobreprecios en la construcción de la Autovía Pilar-Pergamino que, aseguran, benefició a la constructora IECSA, por entonces en manos de Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri. La denuncia tramita en el juzgado a cargo de Julián Ercolini. La presentación sostiene que, tras la segmentación de la obra en nueve tramos dispuesta en 2010 por Vialidad, IECSA (actual SACDE SA) resultó adjudicataria del TRAMO II B.

 

 

Una vez llegado Macri a la Casa Rosada y designado Iguacel al frente de Vialidad, varios de los tramos de obra fueron modificados sensiblemente pese a estar contratados y, en muchos casos, en ejecución.
Tres de las sub obras surgidas de la modificación, manejadas por Chediack S.A., Vialmani S.A. y SACDE, recibieron aumento de entre el 35 y el 120%.

PRECIO AMIGO. En el caso de SACDE, que no había llegado a concretar ni siquiera el 0,4% de la obra pautada originalmente, la modificación y la actualización por inflación y costos más altos reconocidos por la DNV hizo que el aumento termine siendo del 877%. El tramo adjudicado de la obra previsto en 285 millones de pesos se disparó a algo más de 2.000 millones de pesos, producto de las actualizaciones ordenadas por la Resolución N°781/17 que, según el sindicato, "quebranta los más básicos principios administrativos de la contratación pública (Igualdad y libre concurrencia), vedando la posibilidad de la obtención de un precio más conveniente mediante un legitimo proceso de pugna de ofertas".

"La falta de una pugna de precios, y dado los extremos de la modificación, se puede pensar que se ha llegado a una inequitativa solución, producto de una presunta connivencia entre contratista y comitente, generada durante mala negociación de los funcionarios políticos", sostiene la denuncia que tramita Ercolini.