Ingresaron caminando lentamente como si el espacio les fuera ajeno. Al otro lado de un largo pasillo los recibió una sala vacía y luminosa. Con una mezcla de respeto y pudor, desplegaron una bandera que forma parte de los simbolismos que marcaron su lucha, que ya lleva más de 43 años en los que transitaron pasillos judiciales de todos los fueros y que coronaron en diciembre de 2018 con una histórica condena. Son los sobrevivientes de “la Ford”, ex operarios y delegados de base de la empresa automotriz que fueron secuestrados, desaparecidos, torturados y, durante decenas de años, olvidados.
El 24 de marzo de 1976, la fábrica amaneció militarizada. El cuerpo de delegados del gremio SMATA y decenas de otros operarios fueron detenidos y trasladados hasta “El Quincho”, un espacio dentro del predio fabril que sirvió como centro clandestino de detención. Ese inmueble busca ser recuperado por los sobrevivientes, quienes impulsan la expropiación del lugar para que funcione como un sitio de la memoria. El expediente tramita en la Legislatura y corre riesgo de perder estado parlamentario. Por ese motivo, llegaron hasta la capital bonaerense para que se escuchara su voz.
En el marco de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, se escucharon las voces de tres sobrevivientes: Pedro Troiani, Ricardo Ávalos e Ismael Portillo, quienes fueron y son protagonistas de una lucha “que ya lleva más de 40 años”.
El primero en tomar la palabra fue Troiani, quien dio detalles escalofriantes del operativo que terminó con la detención de los trabajadores. Contó que la empresa, en conjunto con el gobierno militar, desarmó el cuerpo de delegados de la fábrica y paseó en camioneta a los detenidos por toda la fábrica para que el resto del personal fuera testigo de la humillación y recibiera uno de los mensajes implícitos: nada de sindicalismo.
En 1975, un año antes del golpe, lograron un aumento salarial del 100% y mejoraron el acuerdo de SMATA Córdoba, seccional que todos los años lograba el mejor acuerdo paritario nacional. “Por primera vez les ganamos a los cordobeses y estábamos felices”, recordó Troiani, para dar pie a la aclaración: “Pese al aumento, con la inflación de esos años, en pocos meses no nos quedó un peso en el bolsillo”.
Tras su detención recordó un encuentro con sus compañeros de trabajo en los calabozos, donde se juraron seguir juntos hasta donde dieran sus fuerzas y ese pacto de lealtad entre compañeros lo mantuvieron hasta la fecha, pese a todos los contratiempos.
El segundo en tomar la palabra fue Portillo. Visiblemente emocionado y con la voz entrecortada, agradeció al público presente. La lista masculina la cerró Ricardo Ávalos, quien recordó sus pasos por los penales de Villa Devoto y la Unidad 9 de La Plata, una de las prisiones que más presos políticos de todo el país alojó en esos años.
El bloque femenino contó con los testimonios de las esposas de los sobrevivientes, bautizadas como “las mujeres de la Ford”. Arcelia “Lulu” Ortiz, Gabriela Córdoba y Elisa Charlin contaron una de las aristas menos conocidas de la historia: cómo era el día a día en el interior de las familias golpeadas por la dictadura.
Una de las imágenes más gráficas fue narrada por “Lulu”, quien sostuvo que la empresa Ford "los entregó con los mamelucos de trabajo puestos” y aseveró: “El Estado tiene una deuda con nosotras”.
Las mujeres, entre lágrimas, narraron que durante el cautiverio de sus maridos se pusieron los hogares al hombro, mantenían a sus hijos y recorrían juzgados en busca de justicia. “Ningún abogado quería tomar nuestros casos”, recordaron.
El dolor quedó atrás, pero sus huellas siguen en el presente. A modo de anécdota descontracturante, cuentan ante cada interlocutor, entre sonrisas, que la empresa “todavía les debe a nuestros esposos la quincena trabajada” que nunca les abonaron luego de su detención y posterior despido sin indemnización de la empresa.
Por el expediente Ford, en una sentencia histórica, fueron condenados Pedro Muller y Héctor Sibilla, dos ex directivos de la empresa. Recibieron penas de diez y 12 años de prisión respectivamente por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta, durante la dictadura, en tanto que el ex militar Santiago Omar Riveros (detenido y condenado en otras causas) recibió una condena de 15 años por los mismos hechos.
Unos 24 ex trabajadores lograron probar judicialmente que fueron objeto de delitos en los que actuaron conjuntamente el régimen militar y los directivos de la empresa norteamericana.