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Ex trabajadores de la automotriz y sobrevivientes del terrorismo de Estado exigieron en la Legislatura de Buenos Aires que se dé media sanción al proyecto para evitar que pierda estado parlamentario.
Redacción 11/07/2019 15:13

Ex trabajadores de la empresa Ford Argentina que fueron secuestrados y torturados en el predio fabril ubicado en la localidad bonaerense de General Pacheco reclamaron en la Legislatura bonaerense que se apruebe el proyecto para expropiar el emblemático quincho utilizado como lugar de detención ilegal de parte de los trabajadores secuestrados.

El expediente 3418 fue aprobado en la Comisión de Tierra de la Cámara de Diputados y debe ser girado al recinto para su tratamiento antes de que se venza el plazo y pierda estado parlamentario, lo que implicaría el cierre del legajo. De acuerdo con el proyecto, el inmueble pasará a ser patrimonio de la provincia, “otorgándose su uso a las víctimas de la última dictadura militar que fueran secuestradas”.

 

 

La presentación del pedido se hizo en el marco de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja provincial que preside Miguel Funes y estuvo encabezada por los sobrevivientes Pedro Troiani, Ricardo Ávalos e Ismael Portillo, quienes fueron acompañados de sus esposas, conocidas como “las mujeres de Ford”, y la abogada Elizabeth Gómez Alcorta.

Ante un auditorio lleno, del que también formaron parte trabajadores de la industria del cuero, los sobrevivientes y sus mujeres hicieron un breve y doloroso recorrido de testimonios en los que le pusieron voz al horror que padecieron hace 43 años y sus huellas siguen en la actualidad.

Los impulsores del proyecto buscan que se declare monumento histórico provincial y sitio de la memoria el lugar donde fueron torturados.

 

 

Por este hecho, en una sentencia histórica, fueron condenados Pedro Muller y Héctor Sibilla, dos ex directivos de la empresa Ford. Recibieron penas de 10 y 12 años de prisión respectivamente, por los delitos de lesa humanidad que se cometieron en la planta, durante la dictadura cívico militar, en tanto que el ex militar Santiago Omar Riveros (detenido y condenado en otras causas) recibió una condena de 15 años por los mismos hechos.

Unos 24 ex trabajadores lograron probar judicialmente que fueron objeto de delitos en los que actuaron conjuntamente el régimen militar y los directivos de la empresa norteamericana.