Poco antes de las doce de la noche del sábado, cuando estaba por vencer el plazo final para la inscripción de precandidatos que se medirán en las primarias del 11 de agosto, en la Casa Rosada asistieron a un mapa electoral inesperado e inquietante. A diferencia de las siete internas provinciales que estaban dispuestos a autorizar, la foto final les aportó otro escenario imprevisto. Cuando bajó la primera persiana legal para la inscripción, las autoridades partidarias de Juntos por el Cambio se encontraron con el doble de las que aguardaban: un total de 13 internas.
En el Gobierno confiaban en que habría contiendas internas para diputados nacionales en Misiones, San Luis, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Formosa y Santa Cruz. Pero este lunes, la falta de acuerdos se extendió a internas en la categoría senadores y diputados nacionales en Entre Ríos y Tierra del Fuego y solo para diputados en Córdoba, Chubut, Santa Fe, San Luis y Tucumán. Tan amplia es la geografía de internas que el Gobierno no pudo contener que en Córdoba, en vez de una sola lista encabezada por Mario Negri, tiene tres boletas diferentes, al igual que en Corrientes, Tierra del Fuego, Misiones y Entre Ríos.
En el medio de esa silenciosa tensión que cruza a todos los apoderados de la alianza oficialista, la Casa Rosada volvió a la carga con una iniciativa para eliminar las PASO, en un escenario donde se multiplicó la cantidad de disputas que estaban dispuestos a autorizar. Su objetivo: contener las internas entre sus dirigentes y evitar la fuga de votos. Ese proceso recién concluirá el miércoles a la noche, aunque la apuesta comunicacional del Ejecutivo no pasa por la cantidad de internas que ahora intenta disciplinar, sino por instalar el debate público sobre el renovado interés para anular las PASO.
Ante las consultas de este medio, en la Casa Rosada confirmaron que esa cantidad de disputas “no era lo esperado” y aseguraron que todavía “no está todo dicho, porque analizaremos caso por caso”. En rigor, restan dos capítulos previstos por la Ley 26.571 hasta que las listas lleguen a manos de los jueces federales con competencia electoral de todo el país. El primero, previsto por el artículo 27, dice que las juntas electorales partidarias que recibieron las listas de candidaturas tienen hasta el martes en la noche para oficializar las postulaciones, mientras que el artículo 30, le otorga 24 horas más para comunicar los armados finales a los magistrados.
Con esa arquitectura legal, el Gobierno tiene hasta la medianoche del miércoles para decidir en qué provincias permitirá internas y en cuáles no. Un alto funcionario consultado por este medio, confirmó esa carrera contra el tiempo, pero detalló que esa responsabilidad corre por cuenta de los diez integrantes de la junta electoral de la nueva versión legal de Cambiemos, que está compuesta por los apoderados de todos los partidos políticos que integran la alianza oficialista.
Letra P accedió al texto que presentó el oficialismo ante la Justicia Electoral para “constituir una alianza electoral transitoria de orden nacional, en los términos del artículo 10 de la ley Nº 23.298 con el nombre de “Juntos Por El Cambio”.
De acuerdo a ese documento el apoderado de la Coalición Cívica es el legislador porteño y candidato a diputado nacional Maximiliano Ferraro. Por el PRO estaba su titular, el senador Humberto Schiavoni, pero una autoridad del partido amarillo, detalló que estará su histórico apoderado, el actual jefe de asesores de la Presidencia, José Torello. Por la UCR, la representación corre por cuenta de Luis Genovesi. Esos tres dueños de la “lapicera final” no son los únicos. Están secundados por los apoderados de los demás socios de la nueva marca de Cambiemos, es decir, los partidos FE, Demócrata, Demócrata Popular, Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y Unión Popular.
