La Suprema Corte de Justicia bonaerense ordenó a la gobernadora María Eugenia Vidal que arbitre los medios necesarios para corregir la situación de vulnerabilidad que atraviesan niños, niñas y adolescentes que están bajo el sistema de protección legal. Advierte que las malas condiciones en las que se encuentran “impiden el adecuado funcionamiento del sistema de promoción y protección de los derechos del niño”. La resolución se enmarca en una situación de tensión con el Ejecutivo provincial que semanas atrás ofreció otro capítulo con el reclamo por más fondos hecho por el máximo órgano judicial bonaerense y otro anterior, sobre la superpoblación carcelaria.
Lo que hizo la Suprema Corte fue atender la presentación de un grupo de jueces de familia del departamento judicial de La Plata y resolvió “poner en conocimiento” a la gobernadora y, por su intermedio, a los intendentes Julio Garro (La Plata), Jorge Nedela (Berisso) y Mario Secco (Ensenada), para que se tomen medidas para revertir la situación de vulnerabilidad que atraviesan aquellos menores que están bajo el sistema de protección legal.
Según establece la resolución de la Suprema Corte – Nº 843- a la que accedió Letra P, el pedido se basa en las malas condiciones en las que se encuentran los menores y que “imposibilitan el adecuado funcionamiento del sistema de promoción y protección de los derechos del niño”.
Entre los puntos se destacan “la inestabilidad e insuficiencia de personal, dependientes de los municipios de La Plata, Berisso y Ensenada”.
Además del “ínfimo despliegue y la mínima efectividad de las estrategias de restitución de derechos”. Sumado a los “conflictos gremiales que paralizan tareas en los servicios locales”.
También “el repliegue de las dependencias municipales del área hacia la sede central y el incumplimiento sistemático de los plazos legales de la intervención asignada a los órganos administrativos” que condicionan la actuación efectiva de la justicia.
En la resolución, el máximo tribunal observa que “se denota ‘prima facie’ el agravamiento de la situación de riesgo y vulnerabilidad de derechos por la que atraviesan los niños, niñas y adolescentes cuya misión es proteger”.
Y, por lo tanto, determina que se deben disponer “las acciones positivas necesarias”.
“El presidente de la Suprema Corte (Néstor De Lázzari) resuelve poner en conocimiento de la gobernadora y por su intermedio al ministro de Desarrollo Social (Santiago López Medrano), a los intendentes de La Plata, Berisso y Ensenada, y por su intermedio a los directores de las secretarías o Direcciones de Niñez municipales, a fin de que se arbitren las medidas tendientes a dar inmediata solución a la problemática descripta”, se apunta en la resolución.
La presentación inicial fue realizada por los jueces de familia del departamento judicial de La Plata Graciela Inés Barcos, José Luis Bombelli, Hugo Adrián Rondina, Silvia Andrea Medilaharzo, María del Rosario Rocca, María Andrea Bagliardi y Mauro Javier Cerdá.
En la nota se deja constancia de los “obstáculos que han entorpecido y continúan dificultando la prestación del servicio de justicia en lo que atañe a la temática de niñez y adolescencia”.
“El área de ‘Niñez’ ha sufrido en el último período un deterioro notable en cuanto a las herramientas indispensables para propiciar que la intervención interinstitucional se verifique en su diaria aplicación de un modo mínimamente viable”, se detalla en la presentación que además ahonda en cuestiones locales de los municipios mencionados.
