El entorno digitalizado permite que las personas encuentren en internet contenidos que antes solamente buscaban con la antena de la radio, en los canales de TV, en el cine, en los libros o en el kiosco de revistas. Plataformas digitales y buscadores como Google, Youtube, Facebook, Twitter, Instagram, Netflix y Spotify concentran hoy la atención de los usuarios como puerta de acceso a noticias, piezas audiovisuales y música. A veces de modo gratuito y otras con suscripciones pagas.
Estas firmas globales reciben grandes sumas para publicitar contenidos desde sus plataformas: desde importantes marcas hasta pequeños comerciantes difunden sus productos o servicios a través de estos espacios que tienen la capacidad de llegar a públicos específicos. Los últimos números muestran que lo recibido por publicidad en Facebook representa el 98% de sus ingresos globales mientras Google embolsa el 85% de sus ganancias mundiales desde esa fuente.
Estos movimientos han precipitado una crisis en los modelos de financiamiento de los medios de comunicación en Argentina y el mundo. El panorama se completa en nuestro país con una profundización de la concentración, el cierre de medios y la pérdida de puestos de trabajo en el sector. El contexto recesivo de los últimos años tampoco ayuda. La situación exige volver a preguntarse quién paga la cuenta del sistema audiovisual.
LAS RESPUESTAS. Estas transformaciones produjeron el mes pasado la reacción de las entidades patronales de la actividad informativa. Allí reclamaron medidas activas para “facilitar el desenvolvimiento económico” de sus empresas. Entre otras, sugieren acciones de financiamiento productivo y cambios en regímenes impositivos, previsionales y laborales. La carta fue firmada por la Asociación de Editores de Diarios de la Ciudad de Buenos Aires (AEDBA); la Asociación Argentina de Editores de Revistas (AAER); la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA) y la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA). Tal vez como respuesta, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) extendió a principios de mayo el plazo para que canales y radios se adhieran a un régimen de facilidades de pagos de multas e infracciones.
Los trabajadores parecen ser los primeros castigados por esta combinación de crisis. Y es probable que la calidad periodística y las audiencias se vean afectadas. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) indicó que entre 2016 y 2018 su gremio perdió más de 2.700 empleos. Según se desprende del relevo Medio Ownership Monitor, realizado por Reporteros Sin Fronteras y Tiempo Argentino, los medios públicos y el Grupo Clarín son quienes más trabajadores expulsaron: 585 despidos y retiros voluntarios en las emisoras estatales y 562 personas despedidas o retiradas en el grupo mediático más grande del país. Los 65 despidos anunciados por Clarín y el cierre de la radio El Mundo, con otros 60 desafectados, fueron los últimos episodios de esta serie.
LOS INTENTOS. Un informe reciente del Instituto Reuters y la Universidad de Oxford analizó 212 importantes medios de comunicación online de Estados Unidos y Europa. Allí encontró que el 69% de los diarios ofrecen algún tipo de pago directo para acceder a sus propuestas. Sin embargo, son muy pocos los que dejan todo su contenido sujeto al pago de una suscripción. La mayoría de los casos utiliza una oferta que combina algunos contenidos gratuitos y otros con alguna forma de pago. El monto promedio en los medios online con suscripciones pagas en Estados Unidos y Europa es de 14 euros (casi 750 pesos).
En nuestro país, existen varios periódicos y revistas que ofrecen un modelo que combina gratuidad y pago. Tiempo Argentino lo hace con suscripciones por 170 y 340 pesos mensuales, según los contenidos elegidos. La Nación tiene opciones por 200, 300 y 410 pesos mensuales, con ofertas para los primeros tres meses. Clarín ofrece suscripciones por 55 y 145 pesos, con ofertas por tres y nueve meses. Estos dos últimos incluyen los contenidos pagos en los beneficios de las tarjetas Club La Nación y 365. Pagina/12 plantea suscripciones por 1.000 (asociación institucional) y 300 pesos por mes (asociación individual). Otra caso con una propuesta mixta es la revista Crisis, que propone variantes de suscripciones anuales por 700 y 500 pesos.
Desde la radio online, la innovadora propuesta de Futurock plantea el ingreso a una comunidad de beneficios, eventos y actividades para sostener a la emisora: incluye opciones por 100, 150 y 200 pesos.
¿Quién está dispuesto a pagar suscripciones para tener acceso a estos contenidos? Según la citada carta de las entidades patronales, los ingresos por pagos directos son aún incipientes. Por otra parte, la gente debe pagar altos costos por el servicio de banda ancha, la TV por cable o los planes de datos del celular: la inflación anual del rubro Comunicación fue de 54,1% en marzo. Sumar otro gasto en consumo cultural no parece estar al alcance de todos.
LAS DESIGUALDADES. A poco de asumir en 2015, el entonces ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, aseguró que los medios tendrían que competir en el mercado y que sólo ayudarían a los más pequeños. No es lo que ha sucedido. Según el estudio de Reporteros Sin Fronteras y Tiempo Argentino, la inversión en publicidad oficial del Gobierno nacional y los cuatro distritos más importantes del país representa el 24% del mercado publicitario total en medios, vía pública y cine. Fueron casi 7.500 millones de pesos en un total de 30.500 millones, con las cifras de 2017.
Este desembolso estatal no se destina precisamente a los “más pequeños”. Como fue indicado en Letra P, los medios sin fines de lucro fueron excluidos de la pauta oficial durante la gestión de Cambiemos. En cambio, el grupo Clarín fue el más beneficiado por estos recursos en el periodo 2016-2018, muy arriba del resto de las compañías, con 19,6% del total. Lo siguen Telefé, el Grupo América (particularmente beneficiado por el canje de deudas) y el Grupo Indalo.
La distribución discrecional de la pauta oficial benefició al holding info-comunicacional más potente del país, también favorecido por la regulación de Cambiemos que respaldó un proceso de hiperconcentración en el sector. La fusión entre Telecom y Cablevisión no hubiese sido posible sin los cambios regulatorios introducidos por el Gobierno y sin el aval desde el Enacom y la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC).
Al mismo tiempo, los medios comunitarios nucleados en el espacio Interredes reclamaron recientemente el pago de una deuda por 1.000 millones de pesos. Son desembolsos pendientes que corresponden a adjudicaciones del Fondo de Fomento Concursable, conocido como FOMECA, establecido por la ley audiovisual. Los montos asignados en cada concurso pierden poder adquisitivo con la inflación y la demora en sus desembolsos.
Una comparación sencilla demuestra la desigualdad en el trato: en 2018, el grupo Clarín recibió 395 millones de pesos por la publicidad oficial nacional mientras se desembolsaron 30 millones de pesos en fondos del FOMECA para todos los medios comunitarios (menos del 10% de lo recibido por el multimedio). En 2017 fueron 68 millones de pesos invertidos por el FOMECA y 550 millones de pesos recibidos por Clarín en concepto de pauta oficial. Cabe aclarar que el fondo de fomento se instrumenta con concursos en los que se exigen contraprestaciones, mientras la publicidad oficial se entrega en forma directa y no demanda contrapartidas, al menos formalmente.
EL FUTURO. La socióloga Natalia Calcagno observó que mientras se transforman los hábitos para acceder a la cultura, las plataformas digitales globales están “completamente afuera de toda regulación sectorial de la cultura”. El Estado se vincula con ellas para dejar un porcentaje creciente de la publicidad oficial y para cobrarles, desde abril del año pasado, 21 % de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dado el lugar central que ocupan en los circuitos informativos y en la dieta cultural de los ciudadanos no sería injusto proponer que buscadores y plataformas aporten recursos en el país para el sostenimiento de la producción periodística y audiovisual nacional. Puede ser el inicio de una nueva creatividad para el financiamiento del campo comunicacional.
No es posible asegurar que el Estado no intervenga en el gran campo de las comunicaciones. Los números demuestran que lo hace. Pero difícilmente puede decirse que lo haga en forma justa, inteligente o eficiente para asegurar el desarrollo económico del sector y garantizar la diversidad. Mientras tanto, el ENACOM prácticamente ha renunciado a su función de investigación y mapeo del sector que debe regular. Un ejemplo de esto es que avanza con la regularización de radios con permisos provisorios para emitir, pero lo hace sin un plan técnico de frecuencias (el mapa de las señales existentes). Los desafíos de las transformaciones del escenario audiovisual exigen otra pericia, otro conocimiento y otra perspectiva.
