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Los medios públicos, atravesados por el ajuste

El balance de los últimos tres años muestra conflictos laborales, debilitamiento de la pantalla y la pérdida de su protagonismo en la agenda.
El balance de los últimos tres años muestra conflictos laborales, debilitamiento de la pantalla y la pérdida de su protagonismo en la agenda.
Por 19/03/2019 16:54

La cartelera en el edificio de Canal 7 funciona como síntesis de la situación de los medios estatales. En enero exhibía cuatro ficciones, pero en sólo una de ellas (La Caída) participó como co-productora la actual gestión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMCP). Pasados dos meses, allí ahora se anuncia el Festival País ‘19, como se identifican las televisaciones de festivales musicales de distintas localidades, que tienen su temporada fuerte en el verano. Un sugerente cartel en blanco con el logo de la emisora completan el paisaje sobre la avenida Figueroa Alcorta.

 

 

El reverso de los carteles se halla en la renuncia de Ana Gerschenson a la dirección de Radio Nacional en diciembre pasado; en la renuncia de Horacio Levin a la dirección de Canal 7 en diciembre de 2017, sin reemplazo hasta hoy; o en la renuncia de Jorge Sigal en noviembre último a la Secretaría de Medios Públicos, desde donde supervisaba a la TV Pública, Radio Nacional y la agencia Télam.

 

 

IMÁGENES DEL AJUSTE. Gerschenson fundamentó la decisión en su desacuerdo con la “paritaria cero” que llevó adelante Hernán Lombardi, director del SFMCP, en un año que cerró con una inflación de 47,6%. Si bien Levin y Sigal no argumentaron esos motivos, sus salidas están rodeadas por las consecuencias del ajuste en los medios públicos.

Desde fines de 2017 quedó claro que se profundizaría una política de reducción de costos. El primer paso fue el despido de 160 personas para desmontar el polo de producción de la Televisión Digital Abierta (TDA), establecido en el edificio de Fabricaciones Militares. Desde el SFMCP se argumentó que la planta de los medios públicos se encontraba sobredimensionada, con superposición de áreas e “irregularidades”, que no fueron especificadas.

El propio Lombardi reconocía en abril de 2018 en Página/12 que el presupuesto de los medios a su cargo se mantendría igual que el año precedente. La retracción salarial, que en algunos casos llega al 40%, se consumó con sueldos sin actualización por inflación, a través del incumplimiento del convenio de prensa televisada y del convenio de la empresa. La iniciativa se acompañó con planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que dejaron al sector de noticias de la TV Pública con 20% menos de personal, según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

Algunas de las consecuencias de estas medidas comenzaron a percibirse en los primeros meses del año pasado: menos horas de noticieros, la ausencia de noticias los fines de semana, la eliminación de coberturas internacionales y programas grabados que pierden actualidad. Por aquellos días circularon mediáticamente versiones de los salarios de algunos trabajadores que hicieron crecer el conflicto entre la gestión y los sindicatos.

El responsable del sistema llegó a referirse al “empatotamiento de personajes oscuros” y habló de “pequeñas mafias” en Canal 7, sin identificar a los apuntados. Fue durante un diálogo radiofónico con la periodista María O’Donnell, quien tiempo después dejó de conducir su programa en la televisora estatal.

La implementación de prácticas internacionales recomendadas hubiese contribuido a resolver la disputa. Estas señalan que las escalas salariales e ítems de los sueldos en medios públicos deben estar disponibles para toda la población. Por ejemplo, una rápida visita a la página de la BBC inglesa permite conocer los sueldos del directorio y los gerentes, acompañados de sus antecedentes laborales y de formación. Esto no sucede con Radio y Televisión Argentina (RTA), empresa que reúne a Canal 7 y Radio Nacional. Tampoco se cumple con la presentación de informes semestrales y anuales que establece la ley audiovisual para la dirección de RTA. Aunque este espacio ha quedado desdibujado con la creación del SFMCP, desde donde se definen las líneas para estos medios.

Pero el punto más crítico de este proceso fue el intento de despido de 354 personas de la agencia estatal de noticias Télam en junio pasado. La medida tuvo como respuesta un paro masivo de 119 días, hasta que medidas cautelares ordenaron la reincorporación de los trabajadores.

LOS FONDOS. Si bien las autoridades argumentaron en todos los conflictos motivos organizativos y de eficiencia ante los cambios tecnológicos, el fondo de las decisiones responde al recorte de recursos para las empresas públicas. Esta línea fue planteada por el Ejecutivo nacional en el decreto 632 de 2018 y en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta perspectiva fue explicitada por la Jefatura de Gabinete en su documento Empresas públicas para el crecimiento, cuyo primer punto insta a “mejorar la gestión, para reducir todo lo posible las transferencias del Tesoro”.

Según los números oficiales de la empresa estatal, obtenidos a partir de un pedido de acceso a la información pública, el grueso de los ingresos de RTA (alrededor del 80%) proviene del presupuesto nacional. Si se suma la publicidad y un porcentaje de la recaudación por gravámenes de la ley audiovisual, sus recursos totales fueron poco más de 3.100 millones de pesos en 2016 (alrededor de 207 millones dólares, menos que los 240 millones de dólares del año anterior) y 3.300 millones de pesos en 2017.

Si se traslada a 2018 el presupuesto del año anterior, como planteó la gestión del SFMCP, la variación interanual promedio del financiamiento en RTA en el periodo fue de 11%, mientras la inflación promedio en los últimos tres años fue de 38,2%.


 

LA PANTALLA FRÍA. El deporte en vivo ha sido una de las grandes bajas de la pantalla de la TV Pública desde 2017. La pérdida de los partidos de Fútbol Para Todos fue gradual: primero se quedó sin los encuentros más convocantes, que fueron a Canal 13 y Telefé, y luego las transmisiones pasaron a manos privadas. A esto se sumó que el canal dejó de utilizar el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sencillamente porque el Gobierno dejó de implementarlo. Este instrumento le permitía negociar derechos de eventos deportivos nacionales e internacionales para llegar al público que no cuenta con televisión por cable. Así, la emisora se quedó sin emitir las finales históricas entre River y Boca, o la última consagración de Independiente en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, los deportes no desaparecieron de Canal 7. Se mantuvieron gracias a la transmisión de la mitad de los cotejos del Mundial de Fútbol de Rusia (en la edición anterior se emitieron todos los partidos) y la cobertura de los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Este año también se pudieron ver los encuentros de Argentina en el Mundial de handball y aún queda la duda si la aventura mundialista de la selección de básquet tendrá su lugar en la pantalla estatal en septiembre.

En el terreno de la ficción la emisora pudo aprovechar la herencia recibida. El Marginal, impulsada y coproducida por la gestión precedente, tuvo una segunda temporada. También la serie Cuéntame cómo pasó alcanzó un reconocimiento considerable. En esta última ficción, los nuevos equipos disponibles para la producción en alta definición y para la recuperación de imágenes del archivo histórico ofrecieron un salto de calidad notable. Incluso en 2018 se emitieron producciones financiadas durante el kirchnerismo por el fomento a la televisión digital: Estocolmo y La chica que limpia.

La ampliación de la cobertura de recitales de música popular durante el verano constituyó una continuidad positiva dentro de la tradición del canal público.

 

 

LOS OTROS MEDIOS PÚBICOS. En diciembre de 2016 un decreto creó Contenidos Públicos Sociedad del Estado, bajo el ala del SFMCP, para administrar las señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV. El cambio institucional supuso sacar del Ministerio de Educación a los canales y plantea dudas sobre su articulación con las plataformas digitales como propuesta educativa integral. Pero no se tradujo en la potenciación de sus capacidades. Sus trabajadores denuncian que la planta se redujo a la mitad por los retiros voluntarios impulsados por la gestión y direccionados por la disminución de tareas. A esto se suman reclamos salariales permanentes. Algunas de las repercusiones fueron resumidas por Tamara Smerling, cuando documentó para Letra P la reducción presupuestaria y en la producción que sufrió la señal infantil Paka Paka desde 2016.

Entre los pocos signos auspiciosos debe ubicarse el lanzamiento de la plataforma digital de video on demand Cont.ar, donde se alojan producciones audiovisuales y radiofónicas financiadas por el Estado nacional. Con una propuesta gratuita general y la opción de pagar para ver estrenos, este espacio recuperó los contenidos del sitio cda.gob.ar y ocupó el lugar de Odeón, experiencia lanzada en el cierre del kirchnerismo.

El ajuste en los medios estatales lo pagaron los trabajadores y las audiencias. Las resistencias demostradas en Télam, RTA y el polo de los canales educativos obligan a discutir sobre los objetivos estratégicos de estos proyectos. Sólo de ese modo se puede evitar la trampa de mensurar una planta laboral o la eficiencia de una empresa sin identificar antes sus misiones y sus metas en un escenario audiovisual concentrado.

(*) El autor es miembro del Programa de Industrias Culturales y Espacio Público (UNQ).

Los medios públicos, atravesados por el ajuste

El balance de los últimos tres años muestra conflictos laborales, debilitamiento de la pantalla y la pérdida de su protagonismo en la agenda.

La cartelera en el edificio de Canal 7 funciona como síntesis de la situación de los medios estatales. En enero exhibía cuatro ficciones, pero en sólo una de ellas (La Caída) participó como co-productora la actual gestión del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos (SFMCP). Pasados dos meses, allí ahora se anuncia el Festival País ‘19, como se identifican las televisaciones de festivales musicales de distintas localidades, que tienen su temporada fuerte en el verano. Un sugerente cartel en blanco con el logo de la emisora completan el paisaje sobre la avenida Figueroa Alcorta.

 

 

El reverso de los carteles se halla en la renuncia de Ana Gerschenson a la dirección de Radio Nacional en diciembre pasado; en la renuncia de Horacio Levin a la dirección de Canal 7 en diciembre de 2017, sin reemplazo hasta hoy; o en la renuncia de Jorge Sigal en noviembre último a la Secretaría de Medios Públicos, desde donde supervisaba a la TV Pública, Radio Nacional y la agencia Télam.

 

 

IMÁGENES DEL AJUSTE. Gerschenson fundamentó la decisión en su desacuerdo con la “paritaria cero” que llevó adelante Hernán Lombardi, director del SFMCP, en un año que cerró con una inflación de 47,6%. Si bien Levin y Sigal no argumentaron esos motivos, sus salidas están rodeadas por las consecuencias del ajuste en los medios públicos.

Desde fines de 2017 quedó claro que se profundizaría una política de reducción de costos. El primer paso fue el despido de 160 personas para desmontar el polo de producción de la Televisión Digital Abierta (TDA), establecido en el edificio de Fabricaciones Militares. Desde el SFMCP se argumentó que la planta de los medios públicos se encontraba sobredimensionada, con superposición de áreas e “irregularidades”, que no fueron especificadas.

El propio Lombardi reconocía en abril de 2018 en Página/12 que el presupuesto de los medios a su cargo se mantendría igual que el año precedente. La retracción salarial, que en algunos casos llega al 40%, se consumó con sueldos sin actualización por inflación, a través del incumplimiento del convenio de prensa televisada y del convenio de la empresa. La iniciativa se acompañó con planes de retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas que dejaron al sector de noticias de la TV Pública con 20% menos de personal, según el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba).

Algunas de las consecuencias de estas medidas comenzaron a percibirse en los primeros meses del año pasado: menos horas de noticieros, la ausencia de noticias los fines de semana, la eliminación de coberturas internacionales y programas grabados que pierden actualidad. Por aquellos días circularon mediáticamente versiones de los salarios de algunos trabajadores que hicieron crecer el conflicto entre la gestión y los sindicatos.

El responsable del sistema llegó a referirse al “empatotamiento de personajes oscuros” y habló de “pequeñas mafias” en Canal 7, sin identificar a los apuntados. Fue durante un diálogo radiofónico con la periodista María O’Donnell, quien tiempo después dejó de conducir su programa en la televisora estatal.

La implementación de prácticas internacionales recomendadas hubiese contribuido a resolver la disputa. Estas señalan que las escalas salariales e ítems de los sueldos en medios públicos deben estar disponibles para toda la población. Por ejemplo, una rápida visita a la página de la BBC inglesa permite conocer los sueldos del directorio y los gerentes, acompañados de sus antecedentes laborales y de formación. Esto no sucede con Radio y Televisión Argentina (RTA), empresa que reúne a Canal 7 y Radio Nacional. Tampoco se cumple con la presentación de informes semestrales y anuales que establece la ley audiovisual para la dirección de RTA. Aunque este espacio ha quedado desdibujado con la creación del SFMCP, desde donde se definen las líneas para estos medios.

Pero el punto más crítico de este proceso fue el intento de despido de 354 personas de la agencia estatal de noticias Télam en junio pasado. La medida tuvo como respuesta un paro masivo de 119 días, hasta que medidas cautelares ordenaron la reincorporación de los trabajadores.

LOS FONDOS. Si bien las autoridades argumentaron en todos los conflictos motivos organizativos y de eficiencia ante los cambios tecnológicos, el fondo de las decisiones responde al recorte de recursos para las empresas públicas. Esta línea fue planteada por el Ejecutivo nacional en el decreto 632 de 2018 y en su acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta perspectiva fue explicitada por la Jefatura de Gabinete en su documento Empresas públicas para el crecimiento, cuyo primer punto insta a “mejorar la gestión, para reducir todo lo posible las transferencias del Tesoro”.

Según los números oficiales de la empresa estatal, obtenidos a partir de un pedido de acceso a la información pública, el grueso de los ingresos de RTA (alrededor del 80%) proviene del presupuesto nacional. Si se suma la publicidad y un porcentaje de la recaudación por gravámenes de la ley audiovisual, sus recursos totales fueron poco más de 3.100 millones de pesos en 2016 (alrededor de 207 millones dólares, menos que los 240 millones de dólares del año anterior) y 3.300 millones de pesos en 2017.

Si se traslada a 2018 el presupuesto del año anterior, como planteó la gestión del SFMCP, la variación interanual promedio del financiamiento en RTA en el periodo fue de 11%, mientras la inflación promedio en los últimos tres años fue de 38,2%.


 

LA PANTALLA FRÍA. El deporte en vivo ha sido una de las grandes bajas de la pantalla de la TV Pública desde 2017. La pérdida de los partidos de Fútbol Para Todos fue gradual: primero se quedó sin los encuentros más convocantes, que fueron a Canal 13 y Telefé, y luego las transmisiones pasaron a manos privadas. A esto se sumó que el canal dejó de utilizar el artículo 77 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sencillamente porque el Gobierno dejó de implementarlo. Este instrumento le permitía negociar derechos de eventos deportivos nacionales e internacionales para llegar al público que no cuenta con televisión por cable. Así, la emisora se quedó sin emitir las finales históricas entre River y Boca, o la última consagración de Independiente en la Copa Sudamericana.

Sin embargo, los deportes no desaparecieron de Canal 7. Se mantuvieron gracias a la transmisión de la mitad de los cotejos del Mundial de Fútbol de Rusia (en la edición anterior se emitieron todos los partidos) y la cobertura de los últimos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Este año también se pudieron ver los encuentros de Argentina en el Mundial de handball y aún queda la duda si la aventura mundialista de la selección de básquet tendrá su lugar en la pantalla estatal en septiembre.

En el terreno de la ficción la emisora pudo aprovechar la herencia recibida. El Marginal, impulsada y coproducida por la gestión precedente, tuvo una segunda temporada. También la serie Cuéntame cómo pasó alcanzó un reconocimiento considerable. En esta última ficción, los nuevos equipos disponibles para la producción en alta definición y para la recuperación de imágenes del archivo histórico ofrecieron un salto de calidad notable. Incluso en 2018 se emitieron producciones financiadas durante el kirchnerismo por el fomento a la televisión digital: Estocolmo y La chica que limpia.

La ampliación de la cobertura de recitales de música popular durante el verano constituyó una continuidad positiva dentro de la tradición del canal público.

 

 

LOS OTROS MEDIOS PÚBICOS. En diciembre de 2016 un decreto creó Contenidos Públicos Sociedad del Estado, bajo el ala del SFMCP, para administrar las señales Encuentro, Paka Paka y DeporTV. El cambio institucional supuso sacar del Ministerio de Educación a los canales y plantea dudas sobre su articulación con las plataformas digitales como propuesta educativa integral. Pero no se tradujo en la potenciación de sus capacidades. Sus trabajadores denuncian que la planta se redujo a la mitad por los retiros voluntarios impulsados por la gestión y direccionados por la disminución de tareas. A esto se suman reclamos salariales permanentes. Algunas de las repercusiones fueron resumidas por Tamara Smerling, cuando documentó para Letra P la reducción presupuestaria y en la producción que sufrió la señal infantil Paka Paka desde 2016.

Entre los pocos signos auspiciosos debe ubicarse el lanzamiento de la plataforma digital de video on demand Cont.ar, donde se alojan producciones audiovisuales y radiofónicas financiadas por el Estado nacional. Con una propuesta gratuita general y la opción de pagar para ver estrenos, este espacio recuperó los contenidos del sitio cda.gob.ar y ocupó el lugar de Odeón, experiencia lanzada en el cierre del kirchnerismo.

El ajuste en los medios estatales lo pagaron los trabajadores y las audiencias. Las resistencias demostradas en Télam, RTA y el polo de los canales educativos obligan a discutir sobre los objetivos estratégicos de estos proyectos. Sólo de ese modo se puede evitar la trampa de mensurar una planta laboral o la eficiencia de una empresa sin identificar antes sus misiones y sus metas en un escenario audiovisual concentrado.

(*) El autor es miembro del Programa de Industrias Culturales y Espacio Público (UNQ).