Referentes del sector agropecuario bonaerense arremetieron contra la decisión del gobierno de María Eugenia Vidal de suspender por un año la resolución que regulaba la aplicación de agroquímicos en territorio provincial luego del fuerte rechazo que esa medida había disparado en organizaciones ambientalistas, gremiales y sociales.
"La gobernadora debe acercarse a la producción y al acercarse bancar estas medidas. Privilegian no tener un conflicto que escale en los medios a bancar a la producción y darle un perfil productivo a la provincia", apuntó el titular de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Matías de Velazco. En declaraciones reflejadas en La Nación, De Velazco señaló que este tema será abordado en la reunión de consejo directivo de la entidad ruralista a desarrollarse el 28 de este mes en Olavarría.
Días atrás, el Ejecutivo bonaerense suspendió la resolución por un año y definirá “un plan de acción” para tratar el tema, a la vez que modificó el artículo donde se posaba el grueso de los cuestionamientos: la habilitación que otorgaba la normativa para fumigar dentro de “la zona de amortiguamiento contigua a establecimientos educativos”. Aunque se aclaraba que esa aplicación tenía que desarrollarse “fuera de horario escolar”, era fuertemente cuestionada en las comunidades educativas rurales.
"Hay malestar en las rurales porque se volvió atrás con esto. Si no pueden mantener una resolución, va a ser difícil un decreto o ley (para este tema). Es imperioso una ley que ordene esto. No puede ser que el maquinista de una pulverizadora tenga que saber más de leyes, porque hay más de 60 con distintas distancias (de aplicación) en los municipios, que de buenas prácticas de aplicación", apuntó Pablo Ginestet, prosecretario de Carbap.
De esta forma, se agudiza la tensión entre sectores del agro y la administración vidalista, la cual viene de arrastre por las quejas ruralistas ante “la presión impositiva”.
En la Provincia remarcaron que “el único objetivo” de esta suspensión es “fortalecer aún más las acciones orientadas a un mayor control de las aplicaciones y así profundizar el cuidado de la salud de la población, proteger los recursos naturales y el medio ambiente, teniendo en cuenta la seguridad agroalimentaria y las necesidades de los productores".
De todos modos es sabido el fuerte rechazo que había disparado esta norma en cientos de organizaciones ambientales, gremiales, sociales y políticas que pusieron de manifiesto sus cuestionamientos en una nota dirigida semanas atrás a la mandataria. Asimismo, personalidades del ambiente artístico también se habían hecho eco de esos reclamos. Luego de esta avalancha de quejas, Vidal decidió poner un freno a la medida, al menos hasta 2020.