El 20 de julio de 2013 no fue una jornada más para el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y su familia. Faltaban pocos días para las elecciones primarias que lo posicionaron como un referente nacional de la política cuando un espía ingresó a su domicilio en la localidad de Tigre con el objetivo de robar documentación o buscar evidencias de algo que sólo el agente de inteligencia y sus jefes en las sombras saben y aún callan. Seis años y cuatro meses después del hecho, un jurado de magistrados echó claridad sobre la oscura conducta del ahora ex funcionario judicial que intentó por varios caminos evitar la condena del agente de inteligencia.
Este episodio no se conoció de inmediato. Se supo varias semanas después por una nota que el periodista Horacio Verbitsky publicó en Página 12 y se abrieron especulaciones de todo tipo. Fue uno de los hechos centrales que mantuvo alejados a kirchneristas y renovadores. Desde el espacio que conduce el tigrense no dudan en señalar que detrás de la intrusión domiciliaria aparece la figura del entonces secretario de Seguridad de la Nación Sergio Berni, quien en plena ebullición del caso sugirió que el autor del “robo” fue un “puntero” del massismo. Pero desde la familia apuntan a una interna dentro del manejo de la inteligencia nacional de aquellos años.
Por el hecho fue condenado el espía Alcides Díaz Gorgonio, quien purga una pena de 18 años de cárcel. En el veredicto se estableció que es un agente de inteligencia. Durante la instrucción que lo llevó a juicio oral, el entonces fiscal Carlos Washington Palacios intentó desviar el curso de la misma para favorecerlo, según se desprende de los documentos oficiales a los que accedió Letra P. Para ello amenazó a testigos, modificó declaraciones testimoniales, produjo prueba falsa y se valió de una funcionaria judicial que rubricó declaraciones testimoniales que no presenció, según se desprende del dictamen del jurado de enjuiciamiento que lo desplazó por unanimidad. Todas esas maniobras estaban en conocimiento de Graciela Garate, esposa del condenado.
Para la familia Galmarini-Massa el caso no debe interpretarse como un robo simple, sino que se trató de una interna de los servicios de inteligencia del ex gobierno kirchnerista en la que también estuvo involucrado el ex jefe del Ejército César Milani, recientemente absuelto por delitos de lesa humanidad. El prefecto Díaz entró armado, disparó contra una cámara de seguridad. Se llevó dinero (pesos y dólares) y pendrives. Además, el 13 de septiembre de 2014 Malena Galmarini recibió amenazas telefónicas. El fiscal Mariano Magaz descubrió que el espía tenía un celular oculto en su celda gracias al rastreo que hicieron de la llamada amenazante. A partir del análisis de las comunicaciones de ese celular tumbero se realizaron escuchas telefónicas que resultaron vitales en el descubrimiento de la empresa criminal encabezada por el fiscal desplazado.
Para comenzar el derrotero criminal en procura de impunidad para el espía, Palacios se valió de una denuncia (fraguada) por “amenazas” que realizó César Emiliano Jaunarena, testigo de allanamientos en el marco de la investigación que depositó al agente tras las rejas. En esos procedimientos se secuestró dinero pero, al parecer, los efectivos policiales habrían consignado una cifra menor en el acta para quedarse con la diferencia, situación que era conocida por Jaunarena el testigo amenazado. En su voto, el presidente de la Suprema Corte bonaerense, Eduardo Néstor de Lázzari, sostuvo que Palacios se quedó indebidamente con esa causa. En rigor le correspondía investigar a la fiscalía de Delitos Complejos, especializada en pesquisas a funcionarios públicos (ya sean dirigente políticos, magistrados o policías).
“Por otro lado se advierte que existe una coincidencia temporal entre la denuncia efectuada por Jaunarena por amenazas ante el fiscal Palacios con la petición de la señora Garate” de que el fiscal Claudio Scapolán desarchivara la investigación penal en la que la mujer del prefecto denunció “un robo que la damnificó durante la ejecución del allanamientos”, estableció el jefe de la Suprema Corte bonaerense.
Al parecer Palacios no actuó solo. Contó con la ayuda de dos abogados: Tomás Pérez Bodria y Esteban Español. Existen informes telefónicos que demuestran un nutrido intercambio de comunicaciones entre el ahora ex fiscal y los letrados, en fechas determinadas, que resultan llamativas, ya que son en la previa de declaraciones de testigos que se intentaron utilizar para desviar la investigación del espionaje sobre la vivienda familiar del matrimonio Galmarini-Massa y procurar la impunidad para el agente Díaz Gorgonio.
Mediante el ataque a la prueba de cargo que había en la investigación que recayó sobre el espía Palacios intentó influir de manera ilegal en una causa ajena.
Tras la lectura de la extensa resolución surge con claridad que el ex fiscal “y otras personas” (se sospecha que los abogados, Garate y otros individuos no identificados aun) armaron una causa judicial a partir de la recepción de una falsa denuncia y utilizaron ese expediente penal para la producción de prueba falsa, con el objeto de perjudicar la investigación por la violación de domicilio de Sergio Massa.
Así Palacios se involucró en la instrucción de un expediente ajeno con el objetivo de desviarlo de su curso natural. De esa manera obtenía información y se la comunicaba a Graciela Garate, como se dijo, esposa de Gorgonio Díaz. Esa especie de causa paralela no estaba físicamente en la fiscalía descentralizada de Pilar donde cumplía funciones. Fue hallada en la vivienda del magistrado.
Otro dato llamativo es la escucha telefónica en la que el entonces funcionario judicial le dijo a la mujer: “No hablemos más por teléfono, no me llames más que podemos estar siendo escuchados”. Garate no estaba presentada como particular damnificada en la causa. Tampoco ostentaba la situación de ser parte en el proceso. Sin embargo el ex fiscal Palacios le entregaba copias de la causa. Esa información la mujer se la transmitía a su marido preso, tal como quedó en evidencia luego de la difusión de escuchas.
Uno de los momentos claves del caso fue cuando se dieron a conocer otras grabaciones telefónica en las que Díaz Gorgonio admitió que fue el intruso y que trabajaba como agente de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal, un organismo de espionaje que entonces dependía del ministerio de Seguridad, al momento de la intromisión bajo las órdenes de Cecilia Rodríguez como cabeza ministerial y el militar Berni como el brazo ejecutor de las políticas.
Gustavo Logozzo, director de Inteligencia Criminal de la Prefectura Naval Argentina, declaró durante el jury que le ordenaron contactar y hacer un ofrecimiento de ayuda a Gorgonio Díaz, que ya estaba detenido, pero el acusado se negó a recibirla. Se sospecha que el espía rechazó la ayuda porque entendía que ya contaba con la connivencia del titular de la Unidad Funcional de Instrucción 1 de Pilar.
Gabriel Natiello fue el comisario que encabezó los allanamientos en el marco de la investigación por el robo a la familia Galmarini-Massa. Un sábado por la tarde, días antes del inicio del juicio oral para el espía, fue citado al estudio del abogado Pérez Bodria, donde le infieren que “ya está todo arreglado, vas a declarar”. El comisario no entendía que pasaba. El letrado quería que declare ante el fiscal Palacios y que de una versión que favorezca a Gorgonio Díaz. Se retiró sin realizar ninguna declaración. “Claramente querían que cambie el curso de la investigación con otra declaración” distinta a la que había realizado.
Un dato concreto que corrobora esa versión. Ese día se registró un inusual tráfico de contactos telefónicos entre el abogado y el fiscal.
Otro de los aspectos medulares de la resolución en la que se dictaminó la destitución fueron los testimonios de dos juezas del Tribunal Oral Criminal 7 de San Isidro, organismo que condenó el espía prefecto. Las magistradas confirmaron que Palacios intentó incorporar ilegalmente al juicio oral presunta prueba de descargo que favorecía a quien fue condenado.
La destitución de Palacios allanó el camino para que avance a causa que tramita en el fuero Penal de San Isidro por los delitos que cometió durante el intento de plantar falsas líneas de investigación en la intrusión y robo en la vivienda de la familia Galmarini-Massa. Los problemas no terminaron para el ex magistrado. Comenzaron.
Durante el proceso de destitución, la fundadora de Cambiemos Elisa Carrió intentó por todos los medios evitar el juicio político. Atacó a Massa, a quien intentó vincular con crímenes derivados del narcotráfico y su presunta impunidad por mantener a raya a magistrados del fuero Penal de San Isidro. Nada de lo que Carrió denunció se pudo probar.
La familia Galmarini-Massa descarta un caso de inseguridad y vincula al prefecto con los servicios de inteligencia a partir de tres hechos.
El primero, la declaración de una oficial de la policía federal, recogida en la denuncia por amenazas que radicó Malena Galmarini. En ese expediente que instruyó el fiscal Mariano Magaz, la uniformada sostuvo que Gorgonio Díaz reportaba al Ministerio de Seguridad junto con agentes de otras fuerzas.
El segundo es el legajo del prefecto, que dice que entre 2001 y 2005 se desempeñó en el "Servicio de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Interior".
El tercero, las escuchas en las que Gorgonio Díaz le decía a su mujer que trabajaba en la Dirección de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad y le pedía que retirara "sobres" en el edificio de Prefectura.
