El gobierno de Axel Kicillof oficializó este martes la Mesa Interinstitucional de Diálogo para el abordaje de la problemática de la superpoblación y condiciones de detención en cárceles y comisarías de la provincia de Buenos Aires. Allí, se encomendó como uno de sus objetivos "promover la suscripción e implementación de los convenios necesarios para el alojamiento de los detenidos y detenidas en el ámbito de la provincia de Buenos Aires en Unidades Penitenciarias Federales o de otras Provincias".
La medida había sido anunciada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, quien estará a cargo de la coordinación de este ámbito estará conformado, al menos, por representantes de los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Legislativo, y Judicial a través de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal de Casación Penal y el Ministerio Público.
“El Ministerio de Justicia y Derechos humanos podrá convocar a participar de la Mesa de Diálogo a organizaciones de la sociedad civil, y toda otra persona u organización que estime corresponder”, se especificó en el decreto 24-19 publicado en el Boletín Oficial bonaerense.
Esta medida incluye a aquellos reclusos que no reciben visitas y a quienes el traslado puede "favorecer un mejor acercamiento familiar". En ambos casos, se aclara que es "siempre que se contare con la anuencia de los interesados".
