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A partir de prórrogas y redeterminaciones de precios a una polémica licitación, consolidó el predominio de Cook Máster. Lo hizo a pesar de las denuncias por faltante de alimentos en los penales.

Por 14/12/2019 13:31

Una de las problemáticas centrales que conforman el crítico panorama de las cárceles bonaerenses tiene que ver con el servicio alimentario. En los sucesivos informes anuales de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) que relevan las cada vez más penosas condiciones de hacinamiento de los detenidos en Unidades Penitenciarias de la provincia de Buenos Aires, se han descripto casos de alimentos en mal estado y raciones insuficientes para una óptima nutrición de todas las personas allí alojadas.

Con ese cuadro de arrastre, días antes de abandonar María Eugenia Vidal el poder en la provincia, el organismo defensor de los derechos humanos advirtió que las licitaciones no se cumplen por falta de pago y que en varias unidades penitenciarias, los detenidos comenzaron huelgas de hambre: “El hambre crece y el correlato directo son las graves afectaciones a la salud por una alimentación escasa, mala y desequilibrada”, recalcaron.

Eso disparó que el lunes 9 de diciembre se publicase en el Boletín Oficial bonaerense un decreto de Vidal (fechado el día anterior, domingo 8), en el que se habilitaba una prórroga en un 30% de las órdenes de compra “emitidas en el marco de la Licitación Pública Nº 1/16, tendiente a contratar la prestación del servicio asistido de racionamiento para la cocción de alimentos destinados a la elaboración de desayuno, almuerzo, merienda y cena para distintas Unidades Carcelarias y Establecimientos Penitenciarios, por 219 días, a partir del 13 de octubre de 2019”.



Una de las imágenes que se dieron a conocer para reflejar la forma en que se brindar el servicio alimentario en cárceles.


Esa prórroga en plena huelga de hambre de varios internos tuvo como su mayor favorecida a la empresa Cook Máster S.A., por el simple hecho de que esa firma había sido la adjudicataria de la porción más grande de aquella Licitación Pública Nº 1/16, que se consumó no sin disparar una fuerte polémica por el largo periodo en el que se extendía la adjudicación de este servicio -dos años, cuando por lo general este tipo de licitaciones se efectúan por el plazo máximo de un año. Eso generó hasta un pedido de informes en la Legislatura bonaerense.

Sin embargo, los reclamos de algunos diputados no frenaron esta adjudicación como así tampoco las sucesivas redeterminaciones de precios y prórrogas. Así, los $1.030 millones iniciales adjudicados en octubre de 2017 pasaron a ser alrededor de $2.500 millones a partir de los montos que se fueron añadiendo a modo de actualización a lo largo de estos dos años.
 


BONANZA PRO. Pero esos $2.500 millones solo son en concepto de esa licitación. Tanto Cook Master como las empresas del Grupo L (ambas comandadas por la familia Lusardi) también se hicieron de varias licitaciones durante la etapa vidalista en otras áreas del Estado provincial.

Como contó Letra P en los últimos años, Cook Master es la empresa pionera de la familia Lusardi. En 1976, Víctor José Bautista Lusardi comenzó a brindar servicios de alimentos al ámbito estatal a partir de un contrato con la Junta Nacional de Granos que, durante los años de plomo, tuvo como interventor a Jorge Zorreguieta, padre de la reina Máxima de Holanda.

Luego de sobrevivir diversas crisis, durante la gestión Cambiemos los Lusardi tuvieron varias puertas abiertas estatales que le permitieron su expansión. Lo curioso es que lo hacen por dos bocas que buscan exhibir como empresas diferentes: Cook Master, por un lado, y el Grupo L, por el otro. El primero es comandado por Nicolás Lusardi, uno de los hijos del pionero, mientras que el segundo es comandado por sus hermanos Sebastián y Víctor Luis Lusardi.
 


Además del lazo de sangre, estos dos tanques de la alimentación manejados por el mismo apellido, también se unieron en septiembre de este año para integrarse como socios -con el 50% del manejo- de la Escuela de Gastronomía del Instituto Superior Mariano Moreno en Buenos Aires.

A contramano del tendal de empresas que cerraron o redujeron su capacidad operativa a partir de la crisis económica, el Grupo L expadió sus unidades de negocios. En abril pasado, realizó el lanzamiento sus nuevas marcas para cada una de sus unidades de negocios: Nutrire y Blue Catering, enfocadas en alimentación, Pulcrus orientada para limpieza institucional y urbana, y Elevare, especializada en construcción y mantenimiento.

Algunas de estas marcas se hicieron paso en comedores escolares administrados por Cambiemos y, particularmente, en aquellos intervenidos por el gobierno de Vidal. Un caso que tuvo fuerte resonancia fue el de Mar del Plata. Allí, Blue Catering fue una de las empresas elegidas para abastecer el Servicio Alimentario Escolar mediante un contrato millonario que fue disparador de quejas de los tradicionales proveedores marplatenses: "Esto es un robo a mano armada", había denunciado en aquel momento a Letra P el titular de Proveedores del Servicio Alimentario Escolar Bonaerense (Prosaeb), Marcelo Luzzi, quien apuntó contra los irregulares manejos de los interventores designados por Vidal en el distrito al designar a empresas, como Blue Catering, que no habían operado nunca en esa jurisdicción.
 


El Grupo L integra fundaciones con marcos lazos amarillos y también ha dejado su sello en el principal bastión PRO: la Ciudad de Buenos Aires.

ALGO HUELE MAL. En la Era Vidal, las empresas de los Lusardi prevalecieron en las licitaciones para el servicio alimentario no solo en cárceles, sino en distintas dependencias estatales, también con algunos procesos revestidos de polémica. Uno de ellos fue en mayo del año pasado, cuando ganó la porción mayoritaria de la licitación para abastecer de comida a los niños y jóvenes alojados en Hogares y Casas de Abrigo, con dos años de contrato por más de $235 millones, pudiéndose incrementar hasta un 20% el valor y con posibilidad de prórroga por otro año.

Lo llamativo fue que en ese proceso licitatorio Cook Master fue objetado por una de las empresas participantes de la compulsa que advirtió que la oferta realizada por la compañía de los Lusardi incumplía con uno de los puntos del pliego de condiciones particulares, excediendo el límite de cotización establecido. Sin embargo, el gobierno de Vidal habilitó igual la oferta de los Lusardi para “evitar incurrir en un exceso de rigorismo formal”. No sólo la habilitó, sino que la eligió ganadora de la compulsa, teniendo en cuenta que ya venía brindando ese servicio.

Pero, ¿cómo brinda Cook Master ese servicio? Según un informe del Juzgado de Garantías N° 3 de La Plata fechado el 27 de octubre de 2017 y al que dio cuenta Letra P, uno de los magistrados expresó sobre una inspección en un Centro Cerrado: “Encontrándome en el lugar y siendo la hora del almuerzo, puedo corroborar el reclamo de los internos con la comida entregada ese día, la cual consiste en milaneses (chicas y de apariencia duras y pasadas en su elaboración) y una pequeña porción de puré de zapallo”.
 


Por otro lado, en el Centro Cerrado y de Recepción Eva Perón, un estudio de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata dio cuenta de la presencia de contaminación fecal en el agua, con todo el riesgo para la salud que ello implica. El Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia bonaerense negó esos estudios y ofreció como prueba para refutarlos un análisis que, paradójicamente, delegó a Cook Master, la misma que tiene adjudicada la provisión de alimentos.

Situaciones de este tipo también proliferan en los informes de la CPM denominados “El sistema de la crueldad” y que exhiben un panorama que se hizo visible en los últimos días de la administración Vidal pero que fueron un sello permanente e indeleble de su manejo del sistema penitenciario. De acuerdo a lo detallado a Letra P por el Colectivo de personas privadas de la libertad ambulatoria en las Unidades Carcelarias de la Provincia de Buenos Aires, la situación en las cárceles bonaerenses es "catastrófica e inhumana".

Los motivos por los cuales nos vemos obligados a tomar esta medida son la vulneración sistemática de nuestros derechos como personas y la desidia por parte del Estado, siendo el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Poder Judicial, Legislativo y Ejecutivo los únicos responsables del colapso institucional, de la situación inhumana y degradante que venimos padeciendo", señalaron la semana pasada en la Unidad Penal N° 31 de Florencio Varela al argumentar la huelga de hambre.

Por estas horas, desde la rama de Liberados del Movimiento de Trabajadores Excluidos de la Ctep informaron a este medio que la huelga de hambre de mantiene fundamentalmente ante el hacinamiento y superpoblación que, afirmaron, está “en su máximo histórico”.