Días atrás, el diputado bonaerense del Frente Renovador Ramiro Gutiérrez presentó un proyecto de solicitud de informes al Ejecutivo provincial para que aclare, a través del Ministerio de Justicia comandado por Gustavo Ferrari, los distintos criterios no detallados por el gobierno de María Eugenia Vidal a la hora del otorgamiento del servicio alimentario en cárceles bonaerenses hasta 2019, con el cual se quedó con la mayor parte -más de 1000 millones- la empresa Cook Master, perteneciente al Grupo L, corporación manejada por Víctor Lusardi y su familia que se hizo de múltiples licitaciones en los últimos años en la Ciudad, la Provincia y distritos del GBA administrados por el PRO.
Tal como detalló Letra P semanas atrás, la adjudicación en cuestión se hizo en el marco de un polémico proceso licitatorio que contó con objeciones de pymes que quedaron afuera y que, fundamentalmente, cuestionaron los requisitos de admisibilidad puestos por la Provincia para poder ser seleccionadas. Aquí, aludieron al ítem 8.19 del pliego en cuestión que establece que “el oferente deberá acreditar haber realizado servicios de similares características en unidades carcelarias u otros dispositivos públicos que alojen población restringida de su libertad”.
Éste último fue uno de los aspectos sobre los cuales pidió precisiones el diputado Gutiérrez, quien también hizo foco en el hecho de que “a los pocos días de llamarse a licitación pública, se realiza el acto administrativo por el que se otorga la contratación del servicio a las tres empresas” - las porciones menores se repartieron entre Servicios Integrales de Alimentación S.A. (por más de $27 millones), y Compañía Integral de Alimentos S.A. (por más de $240 millones). Pero el grueso de la adjudicación, por $1.030.621.592, fue para una sola: Cook Master S.R.L.
Pero un punto sobre el cual el legislador puso particular énfasis fue el plazo de prestación de servicio: 730 días a partir del 1° de octubre de 2017. O sea, de aquí al final del mandato de la gobernadora. “No surge en ninguna parte del decreto la fundamentación del porqué se toma como plazo de prestación de servicio 730 días, siendo que los plazos normales de las prestaciones de servicio se dan a año calendario siguiendo las pautas que establece el presupuesto de la provincia. Esto se representa en la elevada inflación que se refleja en los precios y sobre todo los que hacen a los alimentos.
En tal sentido, Gutiérrez ahondó: “No surge del decreto qué variación o estimación presupuestaria se realizó para determinar el monto final de la prestación máxime cuando las variables de cuantificación son infinitas. A sólo modo de ejemplo, el cambio del valor de los alimentos, el cambio del valor por contingencias climáticas de los alimentos o por el contrario que se eleve en un 10% la población carcelaria”.
Por tales razones, requiere conocer “cuáles fueron los parámetros inflacionarios o medición de índices que se tuvieron en cuenta para realizar la estimación de compra de insumos, gastos y mantenimiento del servicio por el plazo de 730 días. En tal caso, informe cuáles serán las imputaciones presupuestarias del año en curso, 2018 y 2019”.
Por otro lado, el diputado del Frente Renovador sostuvo que “se debe ser más preciso en la fundamentación y en la descripción fáctica por la cual se toma la determinación de pagarle más de 1000 millones de pesos a tan sólo tres empresas”.
Así dadas las cosas, el legislador solicitó, entre otras cosas, que se informe “cuáles han sido los criterios seguidos” para el otorgamiento de dicho servicio para diferentes Unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y “si se respetaron todos los pasos que establece la ley de licitación pública para la adjudicación de un servicio por parte de una empresa privada al Estado provincial”.
