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Medios públicos en el macrismo: ajuste, vaciamiento y resistencia

Caída del financiamiento, conflictos salariales, ausencia de contenidos relevantes, falta de pluralismo, descenso en la producción y pérdida de audiencia. Marcas de un balance con demasiadas sombras.
Caída del financiamiento, conflictos salariales, ausencia de contenidos relevantes, falta de pluralismo, descenso en la producción y pérdida de audiencia. Marcas de un balance con demasiadas sombras.
Por 11/11/2019 16:50

El macrismo recibió en 2015 un amplio y tecnológicamente fortalecido sistema de medios públicos. Luego de casi cuatro años no hay buenas noticias sobre estas emisoras. En su primer día de gobierno, Cambiemos creó el Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, bajo la dirección de Hernán Lombardi, con la capacidad de intervenir en todas las experiencias audiovisuales en manos del Estado nacional. Esta estructura sirvió para vaciar la actividad del directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA), la empresa administradora de Canal 7 y Radio Nacional. Pero también permitió reafirmar la dirección gubernamental del sistema. Un año más tarde, la creación de Contenidos Públicos Sociedad del Estado ofreció el sustento normativo para quitar a Encuentro, Paka Paka y DeporTV el enfoque que los vinculaba al sistema de educación formal.

Apelaciones a la profesionalización, el pluralismo, la modernización, la eficiencia y, finalmente, la austeridad dominaron el discurso del macrismo para justificar las iniciativas en este sector.

DESFINANCIAMIENTO Y CONFLICTO. Una constante de RTA en los años del macrismo fue la caída de su financiamiento en términos reales. Este descenso estuvo determinado por el recorte en las asignaciones del Presupuesto Nacional definidas por el Ejecutivo, pues esta fuente representa entre 75% (2018) y 79% (2016) de los ingresos de Canal 7 y Radio Nacional, según las cifras informadas por la empresa ante pedidos de acceso a la información pública.

Si se suman los recursos de la publicidad oficial y comercial, del erario público y del 20% de los gravámenes pagados por los licenciatarios de medios, el total de los ingresos de RTA en 2016 fue de 3.151 millones de pesos. Un año más tarde fue de 3.319 millones y en 2018 alcanzó los 4.102 millones. Si bien se constata una suba nominal, la caída real se comprueba cuando se comparan las subas interanuales contra la inflación oficial.

 

 

La retracción también se observa cuando se pasan los montos a dólares al cambio oficial de cada año, con referencia en un mismo día elegido al azar. En 2016 fueron arriba de 207 millones de dólares, en 2017 se bajó a 190 millones, y finalmente en 2018 la cifra se ubicó sobre los 136 millones. Todos estos números se ubican por debajo de los 241 millones alcanzados en 2015.

Estas cifras del presupuesto de RTA también son preocupantes si se las compara con las etapas del kirchnerismo, antes y después de la sanción de la ley audiovisual. El relevamiento de las cifras oficiales desde 2003 muestra que en ningún periodo el promedio de los aumentos interanuales estuvo tan abajo de los índices de inflación como lo hizo entre 2016 y 2018.

 

 

La conflictividad laboral recrudeció a partir del inicio de una política de retiros voluntarios y de despidos masivos. En el centro de producción de la Televisión Digital Abierta (TDA) se dejó cesantes a 160 personas a fines de 2017. En la agencia Télam la resistencia de 119 días de paro masivo y una demanda judicial obstaculizaron el despido de 357 trabajadores en 2018 y lograron que 282 de ellos pudieran retornar a sus tareas.

Consultado por Letra P, el delegado del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) en Canal 7, Agustín Lecchi, compartió el balance de su gremio: “La gestión del macrismo fue la peor desde la vuelta de la democracia. Llegaron con el discurso de incluir todas las voces, de ser respetuosos con la oposición y los trabajadores, pero hicieron todo lo contrario. Tuvimos paritaria cero y sacaron todas las horas extras. Esto nos afectó salarialmente y operativamente”. Estas decisiones de la empresa dejaron al canal sin noticieros durante los fines de semana, limitaron las emisiones en vivo, la salida de móviles y las coberturas en el exterior. “Hubo un ajuste y pusieron a la modernización como una excusa porque nunca les interesó ni capacitar a los trabajadores ni la reconversión tecnológica”, aseguró Lecchi.

Un panorama similar muestra el diagnóstico en Encuentro, Paka Paka y DeporTV, según describió Sebastián Struciat, delegado del Sindicato Argentino de Televisión, Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos (SAT): “Estuvimos dos años seguidos sin cobrar aumentos. A partir de la política de paritaria cero nos tuvieron ahogados sin contenidos para producir y con sueldos de 2016. Recién en noviembre de este año nos reconocieron la deuda salarial”. En estas señales, la política de retiros voluntarios combinada con la merma en la actividad generó el achicamiento de los equipos. Struciat enfatizó en las consecuencias de esta iniciativa “Hoy estamos con la mitad de la planta original (2015) para sostener los tres canales. Esto genera una disminución en la calidad y en la cantidad de la producción interna. Se genera el 30% o 40% de lo que se generaba antes. No sólo se generaban proyectos propios, también se abastecía a la industria audiovisual a través de licitaciones. Con el cambio de gestión eso desapareció”, explicó.

MENOS PLURALISMO Y FEDERALISMO. Dos artículos recientes del investigador Ezequiel Rivero en Letra P dieron cuenta del sesgo oficialista en Canal 7 y Radio Nacional durante las campañas presidenciales de julio. En una respuesta apresurada a estos relevamientos, la TV Pública ofreció un informe referido al mismo mes que no hizo más que confirmar esa tendencia. De los 26 referentes partidarios invitados a los noticieros, el oficialismo contabilizó la mayor cantidad de presencias (12) y el principal partido opositor ocupó un espacio marginal con sólo una intervención.

Esteban Giachero, delegado del Sipreba en Télam, reconoció una continuidad de este enfoque en la agencia estatal de noticias: “Lo que sucede con todas las gestiones al principio, que parece que hay apertura a distintas voces, con el macrismo se cerró muy rápido. Tuvimos el despido de dos compañeros por un cable sobre el tema Leliqs. Hubo casos concretos de censura, algunos de ellos irrisorios. Tuvimos una migración del servicio hacia un oficialismo muy cerrado”. El representante gremial planteó también la afectación de los contenidos a partir de las políticas laborales. “En términos periodísticos se degradó mucho el servicio que presta la agencia -afirmó-. El conflicto por los despidos derivó en el cierre de secciones y de seis corresponsalías. Tuvimos el cierre del servicio de radio con boletines a cada hora que abastecía a medios provinciales”.

El repaso que realizó Lecchi sobre Canal 7 transitó los mismos problemas: “No pudimos hacer coberturas de elecciones donde ganaba la oposición. No garantizamos coberturas como las elecciones en Bolivia y Uruguay, o los acontecimientos en Ecuador, Chile y Venezuela. No estuvimos en la visita del Papa Francisco a Chile y Perú, o en el hallazgo de los restos del ARA San Juan. Son cuestiones que exceden la cuestión política y tienen trascendencia para toda la sociedad”.

Por otra parte, la dirección de Radio Nacional decidió en 2017 que las 49 emisoras de la red debían emitir en su señal FM una programación unificada que se generaba casi totalmente desde la Ciudad de Buenos Aires. Esta definición replicó en el sistema público el centralismo de las retransmisiones de las emisoras comerciales capitalinas.

MENOS TRABAJADORES Y AUDIENCIA. El discurso del macrismo reconoció como un objetivo prioritario la modernización de los medios públicos. Consultado sobre las iniciativas en esta línea en la agencia estatal, Giachero señaló una continuidad respecto al periodo previo: “Que la agencia estaba retrasada en lo tecnológico es una mentira lisa y llana. La actualización tecnológica o la incorporación de nuevos servicios fue una política de la gestión anterior, que esta gestión profundizó. A lo que se había sumado, se agregó la compra de cinco islas de edición, la actualización de equipos de radio, la compra de drones y la calificación de compañeros que los manejaban”. El delegado gremial aseguró que no hubo contradicción entre los despidos masivos y la renovación de servicios y tecnología: “Con la reducción de la planta se buscó dar una medida disciplinadora que arrase con cualquier tipo de organización sindical y permita la incorporación de más tareas. En su momento circuló un borrador donde se planteaban dos horas más de trabajo y periodistas multiplataforma. Esto no respeta la especificidad profesional prevista en el convenio de prensa televisada, oral y escrita. Se buscó poner un piso más bajo que iba a repercutir en el resto del gremio”.

Pero no solo cayó la capacidad de producción. Un informe presentado este año por Reporteros Sin Fronteras y el diario Tiempo Argentino resumió la caída de los medios públicos en los niveles de audiencia. Radio Nacional perdió 80% de su encendido desde 2015, cuando llegó a ser la cuarta AM más escuchada, mientras la Televisión Pública cedió más del 40% del encendido en los últimos tres años.

Para revisar lo actuado por Cambiemos en los medios públicos, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) decidió destinar un capítulo de su Informe 2019 sobre los Derechos Humanos en Argentina. El documentado análisis concluye que se produjo un “desmantelamiento, progresivo en algunos momentos y abrupto en otros, del sistema federal de medios públicos”. Entre sus puntos salientes, este balance enumera: “Restricción del presupuesto, reducción de la programación, despidos masivos de trabajadores, reducción o eliminación de las corresponsalías provinciales y, por lo tanto, del federalismo del sistema”.

En la presentación del informe, Diego Morales, del equipo de Litigio y Defensa Legal del CELS, explicó: “Lo que hacían estas medidas era dejar liberado al actor privado todo el mercado de la comunicación audiovisual en Argentina. Y que el mercado gestione la comunicación ha demostrado un proceso de exclusión que se ha consolidado en el tiempo”. Andrés López Cabello, integrante del mismo equipo, amplió esta idea: “Pareciera que algunos tienen la idea de que el derecho a la comunicación depende solamente de los privados. A lo que apunta (el capítulo) es a discutir ese sentido común y a repensar cuál es el lugar de lo público en el ámbito de las comunicaciones”.

Las transformaciones tecnológicas en el sector y las experiencias recientes en los medios públicos hacen imprescindible y urgente esa reflexión. El cambio de gobierno ofrece una nueva oportunidad para una respuesta virtuosa.