El último domingo, luego del escrutinio provisorio realizado en el distrito bonaerense de Maipú, más de un centenar de vecinos advirtieron que funcionarios de la actual gestión municipal, comandada por el radical Matías Rapallini, retuvieron documentos de identidad de empleados municipales para evitar que emitieran su voto. Ante los hechos, hubo denuncia de los particulares y una presentación en la justicia federal. El candidato del Frente de Todos reclama la impugnación del acto electoral.
El intendente de Maipú (Juntos por el Cambio), proclamó su victoria ante el candidato de la coalición peronista, Facundo Coudannes, al conseguir una ventaja de 40 votos. Sin embargo, la elección en ese distrito es materia de debate en la justicia federal tras una serie de presentaciones que indican que un secretario de su gestión evitó que alrededor de 150 personas asistieran a votar.
Ante los hechos, los vecinos damnificados, la mayoría empleados municipales, efectuaron las denuncias particulares en la dependencia policial en el que describieron el accionar del funcionario. Posteriormente, dirigentes del Frente de Todos del ámbito distrital hicieron una presentación en el Juzgado Federal de Dolores, a cargo del Juez Ramos Padilla, en la que se solicita se investigue los hechos denunciados con el “fin de proteger la democracia y la libertad de nuestros vecinos y vecinas, materializada en un acto electoral que, de comprobarse lo sucedido, debiera carecer de validez alguna, ya que podría modificar los resultados difundidos”.
Además, Coudannes adelantó que presentará un pedido de impugnación de las elecciones locales ante el juzgado Federal de La Plata y en la Junta Electoral Provincial. Asimismo, el candidato del Frente Todos sostuvo que aportarán todas las pruebas que demuestran la veracidad de los hechos ocurridos en Maipú y presentarán un pedido de citación a los damnificados y la intervención de la Gendarmería Nacional por considerar que la policía distrital cometió irregularidades al momento en que los damnificados quisieron realizar la denuncia correspondiente.
La justicia podría ampararse en el artículo 133 de la ley 5109 que establece una pena con arresto de uno a tres años a quienes impidan al elector ejercer su voto al quitarle de su documento de identidad.
