La publicitada lucha contra las mafias y la erradicación de los barrabravas para terminar con la violencia en espectáculos deportivos que afirma haber encarado la gobernadora María Eugenia Vidal tiene su talón de Aquiles en la pata judicial: a cuatro años de haberse sancionado la ley que dispone la creación de cuerpos de investigadores especializados en la materia, la mandataria no creo esas fiscalías. Y, en virtud de la dura derrota que sufrió en las PASO, todo hace pensar que dejará el cargo sin haberlo hecho.
En efecto, a fines de 2014, la Legislatura bonaerense sancionó una ley que establece la creación de fiscalías especializadas en violencia del deporte. La norma vigente no solo apunta a erradicar a las barras de los estadios bonaerenses, también contempla la eliminación de la actividad de cuidacoches y otras vinculadas a los negocios generados alrededor de los espectáculos deportivos.
La falta de ejecución de lo dictaminado hace cuatro años por el Poder Legislativo va a contramano del despliegue publicitario en estos tiempos de elecciones. Uno de sus spots de campaña en la lucha contra la violencia, con el ministro de Seguridad Cristian Ritondo a la cabeza, es ejemplo de ello (ver twit):“Antes, en la Provincia convivíamos con los barrasbravas, ahora vivimos con la firmeza de dejarlos afuera de la cancha. Ya logramos que 3.000 barras no puedan entrar y jugamos 460 partidos con público visitante para que el hincha de verdad pueda volver a los estadios. Esto no es un relato, estos son hechos. Estamos dando todas las peleas para vivir más seguros”, dice el spot que muestra imágenes de violencia.
La Ley 14.681 establece la creación “en el ámbito del Ministerio Público, y en los términos establecidos en la Ley Nº 14.442, las Unidades Fiscales de Investigación y Juicio, especializadas en Violencia en Espectáculos Deportivos y Delitos Conexos”.
Entre los fundamentos del proyecto que luego fue transformado en ley se indicó que la “redes delictivas ligadas al deporte, específicamente al fútbol, han tomado una dimensión preocupante y han adquirido complejidad con diversidad de actores, en actividades que van desde las faltas y conductas reprochables no delictivas que alteran el orden público, hasta delitos de enorme gravedad que requieren para su investigación un nivel muy alto de especificidad y dedicación”.
El objetivo de la norma es la creación de fiscalías que se dediquen “exclusivamente” a la investigación “que este tipo de hechos requiere para terminar con la impunidad de las conductas que a todos escandalizan y suelen diluirse en investigaciones poco exitosas”, se destaca en la legislación que fue impulsada por el entonces fiscal de Olavarría Martín Pizzolo.
En la actualidad, los delitos de este tipo son investigados por las fiscalías, que, a su vez, deben lidiar diariamente con todas las demás causas y no pueden darle una atención específica a la faceta del delito que generalmente se comete a la vista de cientos o miles de personas que concurren a espectáculos deportivos.
La ley fue publicada en el Boletín Oficial el 25 de febrero de 2015. En su reglamentación se estableció que las fiscalías tendrán competencia sobre los hechos que se cometan “en ocasión de un espectáculo deportivo en estadios de concurrencia pública o en sus inmediaciones durante o inmediatamente antes o después del acontecimiento”. También tendrán jurisdicción sobre delitos que sucedan fuera de los espectáculos deportivos pero que estén relacionados con hechos de esa índole.
Las fiscalías debían funcionar en la mayoría de los departamentos judiciales de la provincia y se estableció que en una primera etapa se pondrían a prueba en La Plata, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Morón, Quilmes y Mar del Plata. La implementación en las restantes jurisdicciones se realizaría en orden a los índices de conflictividad de cada departamento.
La ley también crea en el ámbito de la Secretaría de Deportes bonaerense un Observatorio de Violencia en Espectáculos Deportivos para recopilar datos sobre episodios de violencia, coordinar actividades de prevención y elaborar informes de evaluación.
Se estableció que este cuerpo debía estar integrado por director abogado -designado por el Poder Ejecutivo- más un equipo interdisciplinario compuesto por representantes del ministerio de Justicia, organismos públicos con competencia en la materia, clubes de AFA, universidades, fuerzas de seguridad y entidades civiles.
Nada de esto ocurrió durante la gestión de Vidal quien adoptó como uno de los ejes de campaña la lucha “contra las mafias”.
En la actualidad, esa tarea está en manos de la Agencia de Prevención de Violencia de Espectáculos Deportivos (Aprevide) cuya cara visible es el abogado Juan Manuel Lugones, que dispone de la fuerza policial bonaerense y los fiscales de instrucción no especializados en materia de violencia deportiva.
