Revés judicial para Pont Vergés, el elegido de Vidal para Casación
La Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la desestimación de la denuncia que el funcionario de Procuración General impulsó sobre el defensor general Coriolano. La historia detrás del fallo.
La Cámara de Apelaciones y Garantías de La Plata confirmó la desestimación de una denuncia penal que el actual funcionario de la Procuración General bonaerense Francisco Pont Vergés presentó para que se investigue si el Defensor General de la provincia de Buenos Aires, Mario Coriolano, incurrió en delito alguno al hacer ingresar a una periodista a un penal provincial y registrar una entrevista con una interna mediante el uso de un teléfono celular que ocultaron a las autoridades penitenciarias, según se desprende de la resolución a la que tuvo acceso Letra P. Detrás de este expediente se esconde una historia de tensiones y grietas dentro de la cúspide del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires.
Registrate para continuar leyendo y disfrutando de más contenidos de LETRA P.
Con la firma de los camaristas Alejandro Villordo y Fernando Mateos, la Sala III de la cámara Penal confirmó la resolución que había dictado el fiscal Marcelo Martini cuando dispuso la desestimación de la denuncia de Pont Vergés, quien es uno de los candidatos elegidos por Vidal para el armado de la escudería judicial que la mandataria intenta dejar antes del 10 de diciembre.
DESDE LEJOS NO SE VE. Detrás de este expediente se esconde una historia de tensiones y grietas dentro de la cúspide del Poder Judicial de la provincia de Buenos Aires. Coriolano es un histórico defensor de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y de los sectores más vulnerables de la sociedad. Su visión de cómo debe actuar la Justicia colisiona con la mirada de su superior, el Procurador General Conte Grand, uno de los halcones de la academia que pregona la mano dura.
Coriolano también colaboró con la familia de Santiago Maldonado, el joven que se ahogó en un río de la Patagonia luego de una persecución de personal de Gendarmería nacional y cuyas circunstancias de deceso siguen siendo materia de controversia en la justicia federal. Para el oficialismo, el joven se ahogó porque no sabía nadar. Para la familia de la víctima, se trató de un crimen cometido por integrantes de esa fuerza de seguridad.
La denuncia de Pont Vergés para Coriolano fue interpretada, por algunas entidades, como un desprecio del actual jefe de la Policía Judicial provincial en la defensa de los derechos humanos. En esa línea, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) presentó una nota ante la Suprema Corte bonaerense para que no designe al actual funcionario de Conte Grand como juez en Casación.
PANORAMA. En la estructura jerárquica del Poder Judicial bonaerense, el Ministerio Público está encabezado por el procurador Conte Grand, quien no solo es el jefe de todos los fiscales provinciales sino que también lo es de todos los defensores oficiales, incluido Coriolano.
Esta pelea por la división de los ministerios de la acusación y la defensa ya fue zanjada por la Suprema Corte, que a fines de mayo pasado, en medio de la tensión con el Ejecutivo por una ampliación presupuestaria para la justicia, partió la Procuración a Vidal y Conte Grand. El mismo día que asumió el nuevo juez Sergio Torres y en una sorpresiva sentencia que no estaba en la agenda de temas a tratar en el año, el máximo cuerpo colegiado de la justicia provincial rechazó el pedido de inconstitucionalidad de la Ley Nº 14.442 que establecía la independencia de los defensores oficiales con respecto al Ministerio Público Fiscal. De esta forma, el Consejo de la Magistratura deberá nombrar a un Defensor General y el Procurador Conte Grand solo tendrá a su cargo la jefatura de los fiscales bonaerenses.
Esa sentencia firme aun no fue cumplida por el gobierno de Vidal, quien llegó a la gobernación de la provincia más importante del país con un discurso de republicanismo, respeto por la división de poderes y calidad institucional para fortalecer la democracia.
Coriolano es uno de los funcionarios que más chances tiene de ocupar ese cargo que iguala al Procurador General, que en la actualidad aparece empoderado por la armoniosa conjunción de marco legal y doctrinario vigente. El jefe de los fiscales es el Procurador ante la Corte. Tiene el poder absoluto para impulsar juicios políticos a cualquier funcionario del Poder Judicial bonaerense. La sola presentación de un escrito con su firma habilita a la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados, que depende del Senado provincial, a iniciar el proceso que puede concluir en la expulsión de jueces, fiscales y defensores oficiales de sus cargos.
En febrero de 2013, apenas se publicó en el Boletín Oficial, la norma fue impugnada por la entonces procuradora, María del Carmen Falbo, que planteaba su inconstitucionalidad. Siete años más tarde, y por unanimidad, la Suprema Corte bonaerense decidió rechazar la demanda de Falbo e instruyó adoptar medidas para “la implementación de la nueva estructura organizativa y funcional prevista por la ley”.
Para ello dio aviso al Consejo de la Magistratura para que llame a “concurso público para la cobertura de los cargos de Defensor General de la Provincia en un plazo razonable”. Hasta tanto no se ejecute, Conte Grand continuará detentando el manejo de Defensores y Fiscales. Por incumplir con la ley, Vidal fue intimada y denunciada penalmente.
