El gobierno de María Eugenia Vidal recibió un nuevo revés judicial por su mora en la puesta en funciones de nuevos jueces que deben ocupar plazas vacantes en distintos ámbitos de la Justicia bonaerense. Desde el fuero Contencioso Administrativo de Lomas de Zamora ordenaron al Poder Ejecutivo a que resuelva la situación del ex fiscal y actual juez Martín Javier Pizzolo, quien hace cuatro años espera que le tomen juramento para asumir.
Pizzolo ya es juez, solo resta que le acepten la renuncia como fiscal y le tomen juramento. En el año 2014, la administración de Daniel Scioli firmó el decreto para que el funcionario, quien se desempaña como fiscal en el Departamento Judicial de Azul, asumiera como juez de un Tribunal Oral Criminal en Avellaneda. Trabaja en el Ministerio Público Fiscal desde el año 2007 y no tuvo ninguna denuncia ni observación por mal desempeño.
Con el cambio de gobierno su situación quedó congelada, al punto que presentó la renuncia al cargo de fiscal y nunca fue resuelta. Impulsó varios pedidos de “pronto despacho” en el ministerio de Justicia pero la única respuesta fue el silencio. En abril de 2019, llevó a los estrados judiciales un recurso de amparo por “mora" que fue resuelto favorablemente, en línea con su pedido.
En la parte resolutiva de la sentencia a la que accedió Letra P, la justicia estableció que la administración vidalista se excedió en los plazos para resolver el planteo y le dio 15 días para que remediara el expediente motivo de la controversia.
En caso de mantenerse el actual estado de situación, el juez Pizzolo está habilitado a presentar una denuncia penal por “desobediencia” para que se investiguen quiénes son los funcionarios de Vidal involucrados en el retardo y sus eventuales responsabilidades.
Este caso puntual se suma al letargo en el nombramiento de magistrados en Casación descentralizada. Tal como informó este medio en varias notas, doce funcionarios de la máxima instancia Penal de la provincia de Buenos Aires padecen una situación parecida, pero no idéntica. No tienen decreto de designación pero sus pliegos están obturados en algún anaquel de la cartera de Justicia, con el agravante que no mandan los pliegos al Senado pero desde el Consejo de la Magistratura llamaron a nuevos concursos y confeccionaron nuevas ternas para cargos idénticos.
Desde el gobierno provincial alegan problemas presupuestarios para esta descentralización judicial, pero existen en carpeta varios nombramientos de magistrados en la instancia. “El verdadero problema es que se quieren manipular los concursos, acelerar los pliegos de los amigos y cajonear o archivar a los que no son ‘amigos’ del actual oficialismo, es un claro incumplimiento de los deberes de funcionario público y abuso de autoridad”, dijeron fuentes judiciales consultadas por Letra P.
En un marco de incertidumbre electoral catalizado por la turbulencia generada por las denuncias del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires (SCBA), Eduardo de Lázzari (denunció corrupción judicial, con "causas armadas"), integrantes del organismo de selección de magistrados bonaerenses acordaron en su última sesión -previa a la feria judicial- designar a seis postulantes para dos cargos. Los bendecidos fueron Fernando Gabriel Bellido, Ana Julia Biasotti, Matías Mariano Deane, Fernando Jesús González, Francisco Pont Verges y Pablo Hernán Santamarina, según se desprende del listado oficial al que accedió este medio.
Uno de los aspirantes que se destaca es Francisco Pont Verges, funcionario de máxima confianza del Procurador General bonaerense, Julio Marcelo Conte Grand. Más allá de sus méritos académicos, su presencia genera todo tipo de especulaciones, entre las que emerge la posibilidad de que se transforme en uno de los arietes del vidalismo para encolumnar a Casación detrás del Poder Ejecutivo y trabajar en sintonía fina con los pedidos que eventualmente emanen de la Gobernación, ante una posible reelección de Vidal.
