“En la provincia de Buenos Aires, los programas de género fueron desmantelados”

-¿Cuáles son las demandas centrales a visibilizar desde la CTA de los Trabajadores en lo que refiere a políticas de género?

-Como trabajadoras enroladas en la CTA, lo que vamos a llevar para debatir en los talleres es la necesidad que haya corresponsabilidad en los cuidados, inversión en infraestructura de cuidado y profesionalización de la tarea, desde jardines maternales y centros de cuidados de los más pequeños y un esquema de asistencia a adultes mayores que no necesariamente tiene que ser el geriátrico las 24 horas. Para eso, necesitás profesionalización de la tarea, reconocerle a la persona que lo hace su tarea. También, el convenio contra la violencia y el acoso laboral. Una ley contra la violencia laboral que tenga perspectiva de género, porque no es la misma violencia laboral la que recibe una mujer que un varón en el mismo ámbito.

Pedimos presupuesto para la ESI y que se acompañe a la aplicación, que va de la mano con el pedido por el acceso universal a los anticonceptivos, la implementación del protocolo ILE que ya existe en todo el sistema de salud y por el cupo de representación sindical, ya que es muy dispar entre sindicatos la representación de las mujeres y licencias parentales para cuidado.
 

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-Que el salario docente diste mucho de ser el ideal y la precarización con la que cuenta la actividad, ¿tiene que ver con que la mayoría de quienes desarrollan esta actividad son mujeres?

-Indudablemente. Las trabajadoras de casas particulares, las trabajadoras cuidadoras, las docentes, las trabajadoras de la salud, en particular las enfermeras, no solamente en el ámbito estatal sino en el privado somos un grupo de mujeres que percibimos salarios –más allá de las cifras remunerativas o no- concebidos como salarios complementarios a los ingresos del hogar, porque se supone que el varón es el que tiene el mayor ingreso. Y hace mucho que el salario de la mujer dejó de ser complementario, muchas veces es el sostén de familia. Y en ese contexto de desocupación, despidos, ha crecido el número de mujeres que son el sostén del hogar porque el marido pierde el trabajo, accede a trabajos no formales que no le garantizan un salario regular, la famosa changa.

-¿Cuáles son los principales obstáculos que aún encuentran para una adecuada implementación de la Educación Sexual Integral en las escuelas?

-Hay dos grandes ejes. Una, es que la implementación efectiva de la ESI en todas las escuelas, niveles y modalidades en la provincia desde la definición política del Gobierno y el otro aspecto es la implementación efectiva de la ley desde el lugar de las trabajadoras y trabajadores. El Estado tiene que ser garante de la aplicación de todas las leyes y la ley de ESI contiene algunas cuestiones que este Gobierno no las está cumpliendo claramente, por ejemplo la formación, que va atado al segundo eje. Para que las y los trabajadores de la educación podamos aplicar la ESI  en todos los niveles y modalidades, lo primero que necesitamos es tener espacios de formación e intercambio de las experiencias, porque la mayoría de las personas que  trabajamos en la escuela no tenemos formación específica en Educación Sexual Integral.
 

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-Pero eso se tiene que fomentar desde el Estado, ¿lo está haciendo?

-No. El Gobierno nacional en este momento ha apuntado casi con exclusividad a la prevención del embarazo no intencional en la adolescencia. Está bien que esto se trabaje pero no es el único eje sobre el que hay que trabajar. La campaña “Con mis hijos no te metas”, también retrasó mucho la aplicación de la ley. Hay que mejorar muchísimo la aplicación de la ESI, que desde el sindicato reclamamos la capacitación y formación, los espacios de intercambio pero la ESI se aplica y que la dificultad está en que no tenemos esos espacios para poder intercambiar.

-¿Qué políticas se van a reclamar al próximo gobierno?

-Que se trabaje con perspectiva de género, en un amplio sentido, pero principalmente en un presupuesto que sabemos que va a ser muy complejo definirlo, ejecutarlo, pero nosotras creemos que es necesario destinar una dotación presupuestaria específica para programas de género, porque en la provincia de Buenos Aires los programas de género fueron absolutamente desmantelados y hoy no tenemos institucionalizada una política de género en la provincia, eso se desarmó.

-¿Qué programas existían y fueron desmantelados?

-Por ejemplo, el Programa “Ellas Hacen” que contenía a mujeres en situación de violencia, programas específicos de acompañamiento, presupuesto cuando una mujer y sus hijos e hijas están en una situación de riesgo, que tengan la garantía de que se les provea de pasajes para retornar, si es que hay lugar, a su lugar de origen, presupuesto que también tiene que ver con el patrullero en la comisaría de la mujer y el personal en la comisaría de la mujer que no solamente es la persona que recibe la denuncia. Esa es una, pero detrás hay todo un armado un sistema de sistema de funcionamiento de la comisaría, tiene que haber un abogado, una trabajadora social, descontando que esa persona que accede a ese puesto es un profesional formado con perspectiva de género. 
 

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Y cuando se formula mejorar políticas públicas es necesario pensar que se haga con perspectiva de género. Si pensamos el tema de las jubilaciones, por ejemplo, hay que tener en cuenta que la mayoría de las personas que no pueden acceder a una jubilación son mujeres. Hay que diseñar una política de mayor accesibilidad a la jubilación para estas mujeres.

-¿No se respeta el cupo laboral para las personas trans?

.No se respeta porque nunca se reglamentó la ley. Queda librado a la voluntad política de un municipio, a sacar una ordenanza que encuadre la letra grande de la ley pero no hay reglamentación. El reclamo es que haya un programa integral de atención a las personas trans a nivel nacional pero en la provincia la reglamentación de la ley es elemental.

-¿Y en cuanto a la Ley de licencia por violencia de género?

-Se sancionó en 2016 pero no se reglamentó. Como docentes, recién logramos el acuerdo paritario en marzo de este año. El problema es que, al no reglamentarse para todos los empleados estatales, cuando hay un sector que no tiene acceso a la discusión paritaria, genera discriminación, porque hay sectores que la tenemos y sectores que no y la situación es la misma.