En plena campaña electoral, el presidente Mauricio Macri tuvo un gesto con los gremios: decidió distribuir durante octubre, noviembre y diciembre $ 3.000 millones para las obras sociales, de acuerdo con la cantidad de afiliados que posean cada una en su cartera.
A través del decreto 700/2019 de la Superintendencia de Servicios de Salud publicado en el Boletín Oficial, el Gobierno estableció un régimen excepcional de afectación y distribución de recursos provenientes del Fondo Solidario de Redistribución por $ 3.000 millones, cuyo destino será complementar el financiamiento de los agentes del seguro de salud.
Esta decisión se da en un momento particular ya que muchos gremios empezaron a alinearse con el candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández. Además, en las últimas semanas venían reclamando una recomposición de las cajas de las obras sociales y un ajuste de las mismas por inflación.
twitter_tweet
El texto, publicado en el Boletín Oficial, explica que resulta necesario proceder a la instrumentación de medidas urgentes que permitan una mejor optimización y asignación de dichos fondos para ser destinados a aliviar la carga económica que, en la actual coyuntura, pesa sobre los agentes del seguro de salud en cuanto al sostenimiento de la cobertura de salud de sus beneficiarios.
Precisó que la Superintendencia transferirá la suma prevista durante octubre, noviembre y diciembre, y se distribuirá de manera directamente proporcional al número de afiliados de cada agente.
Al respecto puntualizó que el 90% de los recursos será destinado a aquellas obras sociales cuyo ingreso promedio por afiliado sea menor o igual a $ 1.450.
El 10% de los recursos restantes será destinado a aquellas obras sociales cuyo ingreso promedio por afiliado sea mayor a $ 1.450.
El decreto subrayó que el Sistema Nacional del Seguro de Salud fue creado como un sistema solidario de seguridad social, cuyo objetivo fundamental es proveer el otorgamiento de prestaciones de salud igualitarias, integrales y humanizadas, tendientes a la promoción, protección, recuperación y rehabilitación de la salud, que respondan al mejor nivel de calidad disponible y garanticen a los beneficiarios la obtención del mismo tipo y nivel de prestaciones, eliminando toda forma de discriminación en base a un criterio de justicia distributiva.