El frente Cambiemos de la provincia de La Rioja recurrió a la Corte Suprema de Justicia de la Nación para frustrar el intento del gobernador Sergio Casas de habilitar vía consulta popular la posibilidad de reelección indefinida, que sólo existe legalmente en Santa Cruz, Catamarca y Formosa.
El PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) de La Rioja, amparados en el artículo N°43 de la Constitución, presentaron un amparo ante la Corte para denunciar “la arbitrariedad e inconstitucionalidad manifiesta de la ley provincial 10.161 de enmienda constitucional”. Esa normativa, aprobada el 19 de diciembre, establece que el gobernador y el vice "podrán ser reelegidos o sucederse recíprocamente por un solo período consecutivo".
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Ese expediente permite que Casas vaya a la reelección porque sepulta el compendio de leyes vigentes que lo inhabilitan a competir por un nuevo mandato, tras haber ejercido como vicegobernador de 2011 a 2015 y como titular del Ejecutivo riojano desde ese año hasta 2019. Por eso Cambiemos solicitó como medida cautelar la suspensión de la consulta popular convocada por el Ejecutivo provincial para el 27 de enero.
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La presentación, ante Mesa de Entradas del Máximo Tribunal, fue realizada por los diputados nacionales Héctor Olivares (presidente de la UCR de La Rioja) y Marcelo Weschler (interventor del PRO en La Rioja).
“Se impugnará en esta presentación la inconstitucional convocatoria a una consulta popular obligatoria para el próximo 27 de enero de 2019 en la provincia de La Rioja para tratar de convalidar una enmienda constitucional viciada. De producirse esa circunstancia, ello acarreará una grave degradación institucional y política para la provincia, afectándose los principios republicanos que deben tener vigencia en todo el país”, reza al escrito presentado ante la Corte Suprema.
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Entre otros argumentos, Cambiemos planteó que la sesión extraordinaria de la Legislatura riojana del 19 de diciembre no fue convocada por el Gobernador ni por el vicegorbernador, presidente de la Cámara de Diputados provincial, ya que lo hizo la vicepresidenta primera del cuerpo, Adriana Olima, “excediéndose en sus facultades”.
“En dicha sesión, se agregó un párrafo al art. 120 de la constitución que no sólo “permite” la reelección del actual gobernador sino que introduce arbitrariamente la posibilidad de la reelección indefinida, y se convocó además a una consulta popular, en un término de no más de cuarenta y cinco días, para ratificarla (Ley 10.161). Esta convocatoria a una consulta popular ad hoc, realizada en pocos días y en pleno receso estival, quebranta el texto expreso de la Constitución que, en su art. 177, exige que la consulta sea efectuada al pueblo en la siguiente elección general y, si es aprobada, recién comenzará a regir en el futuro. El apuro se explica por la espuria intención que la cláusula habilitante de la reelección pueda ser utilizada en los próximos comicios”, dice el escrito.