Los PRO y lo contra de desdoblar las elecciones

Durante el fin de semana, el sistema político de la provincia de Buenos Aires se conmocionó frente a un informe sobre el desdoblamiento de la elección provincial que presentó el Observatorio de Asuntos Federales de la Facultad de Derecho de la UNLP. La iniciativa, que fuera entregada  a la Legislatura bonaerense, alerta sobre los plazos, los recursos y las cuestiones jurídicas que deberá atender la provincia si decide llevar adelante el proceso electoral.

 

El escrito de 25 páginas, firmado por abogados constitucionalistas, consiste en un  informe "jurídico y constitucional" sobre la viabilidad de las iniciativas impulsadas por Cambiemos y el Frente Renovador respectivamente, de desdoblar las elecciones provinciales de las nacionales y las municipales de las provinciales.

 

Del trabajo se desprenden tres cuestiones objetivas:

 

  • Hace más de 70 años que la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires no afronta un desafío de esta naturaleza y en la actualidad no cuenta con los recursos económicos, de personal y tecnológicos para hacerlo.
  • Desde la recuperación de la democracia hasta la actualidad los gobiernos provinciales reforzaron la idea de que la provincia en materia política es una “delegación” del poder central.
  • La intención de dotar de independencia política a la Provincia y a los municipios solo obedece a razones de oportunismo y conveniencia política, postergando el verdadero debate sobre la autonomía y licuándolo en una discusión vacía.

 

A priori, el Observatorio dice que el gobierno de María Eugenia Vidal cuenta con las facultades constitucionales y los instrumentos legales para convocar a elecciones de forma independiente y separada de las nacionales. Pero como todo documento de esta naturaleza tiene solo la mitad de la biblioteca a favor.

 

Mirando el ejercicio electoral de los últimos 30 o 35 años, la mayoría de los estados provinciales desdoblan sus elecciones de las nacionales (incluso hay algunos como Chaco y Tierra del Fuego que lo aclaran explícitamente en sus constituciones provinciales) en función de su conveniencia y necesidad política.

 

Obviamente no es lo mismo para el sistema político nacional desdoblar elecciones en San Luis, Catamarca o Chubut que en la provincia de Buenos Aires, ya que esta cuenta con el 40% del padrón electoral a nivel país.

 

Las necesidades mutas o reciprocas que han tenido los gobernantes de Buenos Aires con el Gobierno Nacional -ya sea por dependencia política, por necesidad presupuestaria, o por necesidad de obras públicas o infraestructura-, han hecho que las elecciones siempre fueran en forma simultánea y no desdoblada.

 

Hoy la idea de desdoblar es una oportunidad para que la gobernadora María Eugenia Vidal ponga en valor lo provincial. Será una elección en la cual el votante, los funcionarios, los partidos políticos y los candidatos piensen lo local en términos bonaerenses y la campaña se base en los problemas del territorio y así evitar que la simultaneidad traslade el foco de la discusión a la campaña nacional.

 

 

 

Inconvenientes relativos

 

En caso de decidir un desdoblamiento, el gobierno de Vidal tendrá que salvar algunos escollos que los constitucionalistas autores del informe califican como inconvenientes relativos. Estos son legales, económicos y fundamentalmente de tiempo.

 

Se le puede pedir a un partido político de la noche a la mañana que en 30 días resuelva su cuestión interna para postule candidatos, pero no sería razonable. No hay que perder de vista que el cronograma electoral es una secuencia de etapas, plazos y actos que deben cumplirse en forma escalonada y secuencial donde nada se posterga, nada se reprograma ni nada se suspende.

 

Cuando se fija el cronograma, se fijan plazos secuenciales de todas las etapas que no pueden extenderse en el tiempo ni se pueden modificar. En caso de ir a una corrección o modificación electoral, hay que establecer plazos ciertos desde el comienzo y deben ser comunes para todos.

 

 

 

Lograr esto implica modificar al menos tres leyes (Ley electoral de la provincia; Ley de PASO y Ley de los partidos políticos) para lo cual ya debería existir algún borrador que deberá ser tratado por la Legislatura en febrero y que su aprobación no tendría que extenderse más allá de los primeros días de marzo.

 

En caso de que se logren los consensos necesarios para el desdoblamiento, el gobierno provincial está obligado a resolver otras cuestiones que hacen a la transparencia político electoral: ¿cómo se va a instrumentar el financiamiento de los partidos políticos?

 

En las elecciones nacionales es el ministerio del Interior quien transfiere los fondos a los partidos. Con esta modificación es la provincia quien deberá afrontar los gastos y dar certezas de cuánto dinero, cómo se distribuirá y en qué plazos.  También deberá atender en cuestiones referidas al financiamiento de las campañas por parte de los privados ya sea por donaciones o aportes de empresas o personas jurídicas.  Y algo muy importante: quién controlará  el origen y destino de esos fondos. Hoy la provincia no cuenta con ningún mecanismo para ese control o contralor.

 

Los PRO y los contras de suspender las PASO

 

Ir a un escenario electoral de desdoblamiento implica una campaña electoral de no mucho más de 45 días y sin PASO.

 

La primera conclusión que salta a la vista es que suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias precariza y devalúa la democracia interna de los partidos políticos, lo que implica claramente un retroceso institucional. En el mejor de los casos la definición de las candidaturas va a ser una cuestión decidida por las cúpulas de los partidos políticos y no de los  afiliados o la ciudadanía en general como en el sistema de internas abiertas.

 

Por otra parte toma a contramano y trastabillando a los espacios políticos de la oposición generando resistencias y desacuerdos en el arco que enfrenta al oficialismo. A seis meses de una elección general son puestos a correr detrás de un cronograma de casi imposible realización.

 

 

 

Obviamente que también tiene consecuencias favorables para el gobierno de Vidal. El desdoblamiento redundaría en un beneficio político inmediato ya que el único que conoce los pasos siguientes de la jugada es el oficialismo. De esta manera, y como beneficio adicional,  la alianza gobernante Cambiemos evitaría la discusión interna entre el PRO y sus socios.

 

Un elemento más que el gobierno esgrime a su favor es un falso argumento presupuestario. Desde algunos sectores afines al oficialismo sostienen que la gente no quiere votar tantas veces y que además es muy costoso: de manera que es más barato votar menos veces. Inclusive se podría llevar este argumento al extremo y afirmar que: no votar más sería mucho más económico aún.

 

Con una Junta Electoral que debe absorber un proceso para el que no tiene experiencia, ni presupuesto, ni personal, ni recursos tecnológicos, la gobernadora se para ante un desafío en el que debe garantizar certezas, publicidad, transparencia, legalidad y los mínimos consensos de los partidos políticos.

 

El régimen electoral municipal se mira y no se toca

 

El espacio liderado por Sergio Massa puso a volar un globo de ensayo en el que blandían la posibilidad de un desdoblamiento de los comicios municipales de los del orden provincial. Sin embargo desde este mismo portal se habló de imposibilidad constitucional de esta acción. El desdoblamiento de las elecciones municipales enfrenta al mismo escenario que el desdoblamiento de la elección provincial con un agravante que no es menor: la Constitución Provincial no lo permite.

 

Sin tiempo para una reforma constitucional solo se podría arribar a esa instancia por la vía judicial.  En el hipotético caso de que se plantee la inconstitucionalidad del artículo 190  de la Constitución Provincial porque no se ajusta al 123 de la Constitución Nacional y se aceptase una suerte de “inconstitucionalidad por omisión”, la Suprema Corte provincial, podría resolver a favor de esta y habilitar a los municipios a desdoblar las elecciones.

 

Esto implicaría una vez más modificar los tres instrumentos legales necesarios para el desdoblamiento provincial: la ley electoral provincial, la ley de PASO y la ley de los partidos políticos.

 

 

 

Siempre en un caso hipotético y suponiendo que ya existen los consensos jurídicos y políticos, se redactaron los proyectos y se resolvió la cuestión del financiamiento; estaríamos simplemente ante el desdoblamiento de la decisión del turno electoral ya que todo lo que tenga que ver con la fiscalización, organización y realización del acto eleccionario recaería en el único organismo que hoy está facultado para hacerlo: la Junta Electoral Provincial.

 

Lo serio, razonable y recomendable sería cambiar el régimen municipal y su régimen electoral entre otras manifestaciones de autonomía con el consenso de todos los actores políticos y sociales para poder llevar adelante una iniciativa de esta envergadura.

 

Históricamente y por turnos, los actores políticos de la Provincia han despotricado sobre la falta de autonomía municipal, sin embargo este sistema electoral, que hoy se cuestiona y al que todos adhirieron, fue fortalecido por todos los gobiernos provinciales de todos signos políticos desde la recuperación de la democracia.

 

Hubo intentos de reforma, si. Pero no contaron con la mayoría que les permita implementar un modelo de reforma, no obstante en algún momento se tendrá que arribar a ese consenso ya que cada año que pasa el régimen municipal es un poco más retrogrado y obsoleto. Lo que si sería un error es querer solucionar 35 años de déficit constitucional en 35 días.

 

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