Contratos navales. Planos de buques. Planillas de control de presentimos. Remitos de compras a proveedores. Listado de personal. Documentación administrativa. Todo este material secuestrado es el saldo del allanamiento realizado en el Astillero Río Santiago, en el marco de la causa en la que se investiga una posible administración fraudulenta contra el Estado bonaerense.
El operativo fue solicitado por el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta y avalado por la juez de Garantías, Marcela Garmendia, del departamento judicial de La Plata. La medida se concretó en momento que los trabajadores mantienen una carpa instalada frente la Gobernación bonaerense como símbolo de protestas de una batería de reclamos.
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La causa se inició por una denuncia de la actual gestión para que se investigue posibles irregularidades en el manejo de fondos entre el Astillero y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE).
“Esta no es una causa contra los trabajadores, se investiga un universo de dirigentes gremiales y funcionarios políticos”, aclararon fuentes judiciales consultadas por Letra P.
La denuncia fue presentada a fines de julio pasado por Daniel Capdevila, titular de Astillero Río Santiago, quien apuntó contra el gremio ATE por "administración fraudulenta" en la empresa del Estado, luego de un informe periodístico que sostiene que en 10 años no se terminó ningún buque y que existen empleados "truchos" y otros que cobran sueldos sin prestar servicios.
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En el escrito judicial se pidió "la individualización de cada uno de los autores, coautores, partícipes necesarios, partícipes secundarios y/o encubridores de los hechos", según se desprende del texto al que accedió Letra P.
Una de las líneas de investigación apunta al dinero destinado al pago de los menúes del comedor. Mensualmente se pagan viandas diarias para 3.300 personas pero solamente llegarían entre 1.000 y 1.900 raciones.
Otro de los tópicos de trabajo apunta a determinar si empleados a punto de jubilarse dejan de asistir al trabajo y siguen cobrando el salario como si estuvieran activos, durante varios años.
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El allanamiento fue una de las primeras medidas de pruebas realizadas por los investigadores, quienes ingresaron en la etapa de análisis de la documentación secuestrada.
En principio se investigan delitos contra la administración pública pero no se descarta que, con el avance del expediente, se sume la figura de “asociación ilícita, aunque es una figura muy compleja de probar”, aclararon fuentes de la investigación.
En la justicia platense hay varias causas abiertas por posibles irregularidades en el complejo naval de Ensenada. Contrataciones falsas, empleados ñoquis, nombramientos de personal fantasma, son parte del universo de expedientes que están en diferentes etapas de investigación. La mayoría de ellas están en la ex Unidad Funcional de Investigaciones Complejas de La Plata. "La sana crítica y la economía procesal indican que deberían unificarse porque los actores y patrones se repiten, casi en espejo", detalló otra de las fuentes consultadas.