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Advierten “prácticas ilegales” policiales ante amenazas de bomba en escuelas bonaerenses

La Comisión Provincial por la Memoria alertó que se realizaron allanamientos en casas de docentes y estudiantes vulnerando derechos. Crean un registro de acciones del Estado frente a este tema.

Mientras las amenazas por la presunta presencia de artefactos explosivos en establecimientos educativos bonaerenses son un problema que el gobierno bonaerense no lograr resolver, desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) prendieron las luces de alerta ante el accionar estatal frente a estos episodios.

 

El organismo conducido por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel advirtió que procedimientos ordenados por la Justicia y ejecutados por la Policía Bonaerense dieron lugar a allanamientos en casas particulares de docentes y alumnos, a través de lo que definieron como “prácticas ilegales que vulneran los derechos de las personas involucradas, fundamentalmente de aquellas menores de edad”.
 

 


Por esta situación la entidad defensora de los Derechos Humanos creó un “registro de acciones del Estado frente a denuncias por amenazas de bomba en escuelas bonaerenses”, en el cual, para precisar y sistematizar las denuncias por procedimientos irregulares de instituciones del Estado, se convoca a completar un formulario de registro en su sitio web.

 

“La Comisión por la Memoria viene observando con preocupación los procedimientos de intervención que se despliegan desde diferentes instituciones del Estado para contener la secuencia de amenazas de bomba en establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires”, detalló la entidad en un comunicado.

 

En esa línea, se alertó que “ordenados por la Justicia (en muchos casos sin intervención del fuero especializado) y ejecutados por la policía (sin intervención del sistema de promoción y protección de derechos), estos procedimientos han dado lugar a allanamientos realizados en escuelas y casas particulares de estudiantes y docentes, mediante prácticas ilegales que vulneran los derechos de las personas involucradas, fundamentalmente de aquellas menores de edad”.

 

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